Espionaje ilegal: enfrentado a Comodoro Py, el kirchnerismo apuesta a dos tribunales alejados de Retiro

Los tribunales de Comodoro Py se convirtieron en un terreno hostil para el kirchnerismo durante la gestión de Mauricio Macri y ahora, mientras la Casa Rosada se propone licuar el poder de los jueces federales de Comodoro Py con la reforma judicial, muchos dirigentes del kirchnerismo, incluida la propia Cristina Kirchner, apuestan a los procesos abiertos en jurisdicciones lejanas a los tribunales de Retiro: los de Dolores y Lomas de Zamora.

En los tribunales federales de Lomas de Zamora, donde el juez Federico Villena investiga una trama de espionaje ocurrida durante el macrismo, se presentó como querellante la vicepresidenta Cristina Kirchner, después de que se le exhibió material de inteligencia producido bajo la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión anterior, a cargo de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Esa causa, de alto voltaje político, podría reposicionar al juez que había sido severamente criticado por dirigentes del kirchnerismo el año pasado, cuando se conocieron una serie de escuchas a exfuncionarios detenidos por corrupción.

"Decidí constituirme como querellante en esa causa, que, si tengo alguna expectativa, y que se haga justicia, bueno la verdad que a esta altura no sabría qué contestar... Pero sí, en el fondo, espero que sea así", anunció Cristina el jueves, en un video publicado a través de sus redes sociales, en una suerte de apuesta al desempeño de Federico Villena, a quien le pidió, a través de su abogado Carlos Beraldi, que solicite los registros de ingresos a la Casa Rosada durante el gobierno anterior, para determinar si agentes de la AFI investigados en esa causa ingresaron para informar a una funcionaria de confianza de Mauricio Macri sobre sus movimientos.

Una fuente del Gobierno que interviene en temas de Justicia dijo a este medio: "No es que apostamos a Villena, pero sabemos que lo que tiene en su expediente es grave. Si Macri fuera presidente hoy y estuviéramos ante una causa similar pero vinculada con sus opositores, hubiera hecho lo mismo".

Consultado por las críticas que el kirchnerismo hizo a Villena por intervenir el teléfono del penal de Ezeiza, que dio lugar a las escuchas de Lázaro Báez y Roberto Baratta, esa misma fuente dijo: "Si la AFI lo caminó para espiar a los presos o si él lo permitió, no lo sabemos, pero lo que sabemos es que cuando descubrió las escuchas no las validó, y eso lo rescatamos".

Otra fuente del entorno de Cristina reconoce las críticas a Villena por lo ocurrido con esas escuchas, pero considera que los hechos que hay en su expediente ameritan colaborar con la investigación judicial y acusar a la anterior cúpula de la AFI, así como también a Macri. En el entorno de Macri, así como cerca de Horacio Rodríguez Larreta -querellante en esta causa como presunta víctima de espionaje- buscan bajar el tenor de los hechos investigados.

Villena había ordenado intervenir el teléfono del penal de Ezeiza para escuchar a Mario Segovia, conocido como "el rey de la efedrina" y preso por narcotráfico. Pero con esa orden se registraron también conversaciones de exfuncionarios que estaban detenidos por casos de corrupción en el penal, entre ellos, Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi.

Esas escuchas no fueron destruidas sino desgrabadas y, según Elisa Carrió, quien las denunció ante la Justicia por la supuesta "Operación Puf", le llegaron de manera anónima. Las conversaciones también se hicieron públicas, lo que motivó críticas a Villena -por ser quien autorizó la intervención- tanto del kirchnerismo como incluso de organismos internacionales.

La causa que tiene Villena por presunto espionaje ilegal surgió como derivación de un caso por narcotráfico, a partir de la declaración indagatoria de un capo narco, identificado como Sergio Rodríguez, apodado "Tomate" o "Verdura", quien confesó que un abogado de la barra brava de Lanús que se presentó ante él como agente de la AFI le garantizó cobertura para expandir su negocio narco. Ese abogado, llamado Facundo Melo, declaró Rodríguez, lo condujo para poner un artefacto explosivo en la casa de un exfuncionario del Ministerio de Defensa.

Ese exfuncionario es el radical José Luis Vila, exsubsecretario de Asuntos Internacionales de la Defensa durante el gobierno de Macri y exanalista de inteligencia. El atentado contra Vila, que ya no vivía en el domicilio donde se colocó el artefacto -una caja con trotyl-, ocurrió en agosto de 2018 y fue denunciado ante la Justicia Federal. No despertó entonces el repudio de ningún funcionario oficialista ni opositor. En la causa iniciada a partir de su denuncia intervienen el fiscal Guillermo Marijuan y el juez federal Sebastián Ramos.

Dolores

Marijuan le disputó la competencia del expediente a Villena e intentó atraer el expediente por espionaje, sin éxito, a los tribunales federales de Retiro. Pero no es el de Lomas de Zamora el único expediente por presunto espionaje ilegal que se tramita lejos de los tribunales de Retiro.

Apenas unos meses después de que se conoció, mediante una serie de allanamientos y detenciones simultáneas, la causa de los cuadernos de las coimas, los tribunales de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, se volvieron un terreno frecuentado por abogados y exfuncionarios del kirchnerismo, que se convirtieron en querellantes contra jueces y fiscales de los tribunales de Py en la causa conocida como el "Caso D’Alessio".

Se constituyeron como querellantes en esa causa varios personajes que tenían frentes complicados en Comodoro Py, como Roberto Baratta; el abogado de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi; y el abogado de Lázaro Báez, Víctor Hortel. El macrismo buscó destituir a Ramos Padilla al pedir su juicio político en el Consejo de la Magistratura, y el kirchnerismo desestimó esa causa el mes pasado.

Mientras tanto, Ramos Padilla ordenó, la semana pasada, indagar a Pablo Pinamonti, uno de los exfuncionarios de la AFI que habría sido, según su hipótesis, el nexo con el falso abogado Marcelo D’Alessio.

El juez que procesó al fiscal Carlos Stornelli en ese expediente por presunto espionaje ilegal es uno de los aspirantes mejor posicionados para ocupar uno de las dos vacantes de la Cámara Federal, un lugar clave para ratificar las decisiones que adopten los magistrados de primera instancia en delitos por corrupción.