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Espionaje ilegal: las reuniones secretas detrás de la captura del Pata Medina
La difusión de un video con exfuncionarios de María Eugenia Vidal y miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) reveló la existencia de una estrategia planificada contra el sindicalista de la Uocra, acusado de extorsionar a empresarios de la construcción
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LA NACIONHugo Alconada Mon
El primer paso ocurrió en marzo de 2017, cuando el titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez, habló sobre Juan Pablo “Pata” Medina con el entonces presidente Mauricio Macri. Fue durante el viaje oficial al Reino de Holanda. Allí comenzó a gestarse la ofensiva contra el entonces jefe de la Uocra en La Plata.
Esa es la versión que comparten dos círculos muy disímiles: los que rodean al Pata Medina y a la exgobernadora María Eugenia Vidal. Con dos datos adicionales: el entorno de Macri así lo dejó trascender poco después de la detención de Medina, al igual que Martínez, quien sin embargo lo negó ante la consulta de LA NACION para esta nota.
“El Pata nunca fue parte de una conversación mía con Macri. Nunca le dije algo al respecto, mucho menos durante aquel viaje a Holanda, cuando no hubo tiempo para nada”, negó Martínez. Pero en octubre de 2017, y con palabras muy parecidas, dio otra versión ante la prensa tras la detención de Medina, acusado de extorsionar a empresarios. “Siempre fue parte de una conversación tanto con el Presidente, como con los empresarios y los ministros”, sostuvo. Más aún, celebró entonces que la Justicia hubiera “tomado cartas en el asunto”.
Junto a Macri aportan más detalles. “Mauricio y Gerardo se conocen desde hace años, mucho antes de que fuera Presidente, y lo del Pata se venía hablando desde antes de ese viaje, donde no puedo confirmar o desmentir que hayan hablado sobre eso. Lo del Pata o lo del Caballo Suárez eran casos muy pesados”, rememoró un ex alto funcionario de llegada cotidiana al ex Presidente ante la consulta de LA NACION. Dato de contexto: el ex jefe del gremio de Obreros Marítimos, Omar “Caballo” Suárez, fue detenido en septiembre de 2016 por orden del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
La maquinaria gubernamental, en cualquier caso, comenzó a moverse en cuanto Macri y Martínez retornaron de Holanda. Al menos dos espías comenzaron a recolectar información en La Plata y funcionarios sondearon a los empresarios perjudicados por Medina para determinar si estaban dispuestos a denunciarlo, según reconstruyó LA NACION en base a los testimonios de una docena de personas involucradas.
El espionaje
El 4 de mayo, en tanto, el entonces titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, ingresó a la Casa Rosada. Tres minutos después, entró el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, según consta en los registros de visitas de la Casa de Gobierno. Ambos afirmaron que iban a la secretaría privada del Presidente. Pasaron horas hasta que se marcharon de la sede oficial.
“Déjeme aclararle que esos registros son muy rudimentarios. A muchos visitantes los anotaban como para ‘Secretaría’ o ‘Secretaría General’ de la Presidencia, porque era la ‘denominación genérica’ para la carga de datos, aunque luego el visitante podía ir a cualquier despacho”, precisó el exalto funcionario de confianza íntima de Macri. “Y algo más, los horarios de salida también se cargaban mal”.
En los días que siguieron, en cualquier caso, aumentaron las tareas de espionaje sobre Medina y su entorno. Así consta en los informes que los espías elevaron a sus superiores. Como el 9 de mayo de 2017, cuya copia obtuvo LA NACION. “Asunto: domicilio de Juan Pablo ‘Pata’ Medina”, es su título, con precisiones y fotografías de su vivienda de Ensenada.
Ese no fue el único informe sobre Medina, al que los espías aludían como “Conejo”. Redactaron otros reportes el 10, 12 y 18 de mayo con títulos como “Asunto: se emplía [sic] información relacionada a los datos obtenidos en el domicilio de Juan Pablo ‘Pata’ Medina”, detallando los autos en que se movía su círculo íntimo, incluido Agustín, uno de sus hijos.
Poco después de esos reportes, la secretaria privada del ministro Villegas comenzó a telefonear. Convocó a funcionarios provinciales y platenses, y a empresarios de la construcción a una nueva reunión. La fijó para el 15 de junio en la casa central del Banco Provincia, en la esquina de Reconquista y Bartolomé Mitre, corazón de la City porteña.
¿Por qué una “nueva” reunión? Porque Villegas, el intendente de La Plata, Julio Garro, el senador provincial Juan Pablo Allan, y varios dirigentes de cámaras empresarias ya se habían visto las caras en un encuentro en el Ministerio de Trabajo bonaerense, meses antes.
El 15 de junio, sin embargo, resultó una fecha singular. Entre otros motivos, porque ese jueves, los espías emitieron el último informe sobre “Conejo” al que tuvo acceso LA NACION. ¿Título? “Asunto: relacionado a Juan Pablo ‘Pata’ Medina”. ¿Contenido? Sus supuestas actividades y vinculaciones en el Puerto de La Plata.
Así fue que el 15 de junio, Villegas ingresó al edificio al igual que el entonces ministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante; y el entonces subsecretario de Justicia provincial, Adrián Grassi. Allí lanzó una frase lapidaria: “Si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”. (LA NACION contactó a Villegas, pero no respondió los mensajes ni llamados a su teléfono celular).
Villegas, sin embargo, no presidió la reunión. Ni siquiera se ubicó en la cabecera de la mesa. La ocuparon tres espías, que llevaron las riendas del encuentro: el jefe de Gabinete de la AFI, Darío Biorci; el director de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián De Stéfano; y el jefe de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra.
Ninguno de los tres dijo su apellido. Ni explicitaron que trabajaban para la AFI. Ni quién los convocó. Tampoco aclararon que estaban grabando la reunión. Pero tampoco los asistentes les preguntaron quiénes eran, ni por qué llevaban la voz cantante, según confirmaron empresarios y funcionarios a LA NACION. O ya lo sabían o no les importó o supusieron mal. Entre ellos, Allan, quien llegó algo demorado, y Garro, quien arribó después y le hicieron un hueco improvisado entre los agentes.
“Llegué demorado como treinta minutos por el tráfico y ya había comenzado la reunión. Pero jamás imaginé que iban a participar agentes de la AFI. Pensé que eran colaboradores del ministro o empresarios”, dijo Garro a LA NACION. “Lo mismo que vi que había cámaras, pero creí que eran de seguridad. Ahora me entero que me grabaron… ¿A dónde nos estábamos metiendo? Me siento un poco víctima”.
Gigante optó por marcharse antes. Tenía otro compromiso y también estaba molesto. Ya había tenido un cortocircuito con el ministro de Transporte nacional, Guillermo Dietrich, por el Pata Medina. Le había reprochado que no tenía la “valentía” suficiente para enfrentarlo. Y no conocía a los empresarios, ni a los que llevaban la voz cantante, que ignoraba que eran agentes de la AFI, y le pidieron a él que se presentara. Poco después se retiró, de mal humor, antes de que Villegas lanzara su frase sobre la “Gestapo”.
Los empresarios coincidieron en los planteos. Afirmaron que los convocaron a una reunión pública, a plena luz del día, para que expresaran sus problemas por el accionar de Medina y sus quejas porque la política se lavaba las manos ante el sindicalista. Y coincidieron en que jamás les dijeron que los estaban grabando.
¿Qué empresarios participaron? El presidente del Colegio de Arquitectos bonaerense, Distrito La Plata, Guillermo Moretto y el vicepresidente 2° de la Unión Industrial del Gran La Plata, Marcelo Jaworski, además de Jorge Oscar del Río, por la Asociación Pymes de la Construcción bonaerense (Apymeco), Ricardo Alconada Magliano, por la Cámara de Desarrolladores Urbanos, y el constructor Fabián Cusini.
A todos ellos se sumó un último participante, que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, identificó en su denuncia penal como “Fernando Sacrachi”, pero cuya identidad LA NACION no logró corroborar.
“Nos pincharon”
¿Quién los grabó? La AFI macrista, según Caamaño. ¿Quién dio la orden? Se ignora, pero el oficialismo apunta a Majdalani, Arribas o, incluso, a Macri. ¿Quién ejecutó esa orden? Abundan las especulaciones. Entre otros motivos, porque la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y sus colaboradores utilizaban de manera intensiva esas y otras oficinas en una torre del Banco Provincia, en plena City porteña.
“¿Nos pincharon nuestras oficinas?”, planteó a LA NACION uno de los más íntimos colaboradores de Vidal durante sus cuatro años como gobernadora. Con un dato de contexto: para entonces, agentes de la AFI ya estaban desarrollando tareas de espionaje ilegal contra ella, según quedaría probado luego en la investigación judicial que tramitó en Lomas de Zamora y en la que Vidal se presentó como querellante.
Según quedó probado en esa causa, a Vidal la espiaron a partir de 2017. Es decir, el año en que se concretó el cónclave contra el Pata Medina, pero también el año en que comenzó a especularse con que la gobernadora podía desafiar a Macri y competir por la Presidencia en 2019. Eso, ahora, alimenta las sospechas.
“¿Pincharon esa única sala y sólo para esa reunión? ¿O pincharon esa y otras salas porque en realidad nos querían escuchar a nosotros y de paso aprovecharon que ya estaba microfoneada para esa reunión?”, especuló otro alfil de Vidal.
Y a todo esto, ¿cómo apareció el video? Según la versión oficial, Arribas y su número dos, Silvia Majdalani, dejaron tierra arrasada al marcharse de la AFI. Borraron archivos, formatearon computadoras, resetearon hasta la memoria de la fotocopiadora del quinto y decisivo piso, e inutilizaron los sistemas operativos de numerosas computadoras.
Ante ese cuadro, el nuevo equipo de informática de la AFI se abocó a la tarea de recuperar equipos. Para eso recicló piezas de distintas computadoras, previo análisis de lo que pudieran contener y el resguardo de sus eventuales archivos como copia forense. Así fue como apareció el video, siempre según la versión que ofrecieron junto a Caamaño a LA NACION. Eran dos horas de grabación que yacían en un disco rígido inactivo.
De esa filmación surge que durante el encuentro se sucedieron declaraciones explosivas. Entre ellas, que ya estaba “todo arreglado” con “el procurador”, con la Justicia y con la Fiscalía para avanzar contra Medina, sin identificar a los supuestos cómplices por sus nombres.
Por aquel entonces, cabe aclarar, la procuradora nacional era Alejandra Gils Carbó, pero protagonizaba cortocircuitos públicos con la Casa Rosada y restaban meses para que renunciara. ¿Aludían al procurador bonaerense Julio Conte Grand? En ese caso, algo ocurrió porque la ofensiva contra Medina no se inició en la Justicia provincial, sino en la federal.
En efecto, el siguiente paso ocurrió el 31 de julio de 2017. Es decir, el primer día posterior a la feria judicial de ese invierno. Alguien se presentó en el Juzgado Federal de Quilmes a cargo de Luis Armella ese lunes y dejó un sobre de papel madera, sin remitente o destinatario. Contenía dos carillas, impresas por computadora, a cuya copia accedió LA NACION, en las que denunciaba a la firma Abril Catering, de Juan Homs y Liliana Frontán. Los acusó de lavar fondos para Medina.
“Esta sociedad [por Abril Catering] habría canalizado dinero sospechado de actividades ilícitas […] provenientes de empresas constructoras y de maniobras extorsivas por parte del delegado de la Uocra, seccional La Plata, Juan Pablo Medina”, arguyó el anónimo. Lo receptó el secretario del juzgado, Pablo Wilk, cuyo pliego para juez de Tribunal Oral Federal envió Macri al Senado en abril de 2019, pero no avanzó, y el presidente Alberto Fernández lo retiró en cuanto asumió. Pero lo reenvió en diciembre de este año.
Para Mariano Cúneo Libarona, abogado de Homs y Frontán, el proceso estuvo viciado desde el día 1. “Comenzó con una denuncia anónima, la fiscal dijo que no eran competentes a fojas 4, Armella avanzó igual, y la fiscal no volvió a quejarse. ¡Estaba todo prearmado!”, dijo el letrado a LA NACION. En una presentación de 329 carillas que presentó en la causa que afronta Medina por presunta extorsión, lavado y asociación ilícita, Cúneo Libarona avanzó en sus acusaciones, antes de que el video saliera a la luz: “Se alude a que las altas esferas del gobierno anterior tuvieron el firme propósito de procesar y encarcelar a determinados sindicalistas hostiles y para ello –sostuvo-, con intervención del servicio secreto y un juez servicial, acudieron al armado de causas y la prisión”. “Decidieron construir este proceso para lo cual recurrieron a una denuncia anónima y un juez complaciente decidido a encarcelarlo”, abundó Cúneo Libarona. “Usaron a Armella porque les servía y estaba preocupado por los serios cuestionamientos lanzados en su contra por su mal desempeño en otras causas y aunque resultaba un juez manifiestamente incompetente porque, aunque se diga lo contrario, todos sabemos que la causa le correspondía a la justicia de La Plata, sede de las actividades de Medina y su grupo y de Abril Catering”.
Anclada en Quilmes, la causa penal cobró velocidad. En agosto, varias de las entidades representadas en la reunión –como Apymeco, el Colegio de Arquitectos, la Cámara de Desarrolladores Urbanos y Acimco- presentaron notas ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, que las llevó a la Justicia, según reveló Martín Angulo en América 24. Y el 26 de septiembre, Armella ordenó la detención de Medina y el 13 de octubre lo procesó, en la antesala de las elecciones legislativas de ese año. Recién fue excarcelado en febrero de 2021.
En el interín, uno de los espías de la AFI que participaron en la reunión repitió la dinámica con otro gremialista y otro juez con estrado en el Conurbano. El magistrado de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio declaró que el agente De Stéfano y el entonces director de Análisis, Fernando Di Pasquale, le pidieron en nombre de Macri que detuviera a Pablo Moyano. Carzoglio no habría sido el único magistrado al que sondearon los espías. El también juez de Garantías, pero de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, recibió un pedido similar en octubre de 2018. En su caso, le pidieron que detuviera al líder de Camioneros, Hugo Moyano, según reconstruyó LA NACION. Y al negarse, también afrontó represalias. Por estas horas, los tres agentes que participaron en aquella reunión de junio de 2017 siguen en el candelero. Alfil de Angelici, De Stéfano es hoy funcionario del Gobierno porteño y la Cámara Federal lo benefició días atrás con una falta de mérito en la causa por espionaje ilegal. Dalmau Pereyra también cosechó una falta de mérito en esa causa, pero fue procesado por el espionaje a los familiares del submarino ARA San Juan. ¿Biorci? Es cuñado de Majdalani.
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