Fentanilo adulterado: los familiares pidieron la presencia del ministro Lugones y reclamaron que no los usen como insumo electoral
La comisión investigadora de Diputados escuchó a las familias afectadas y definió que una delegación se reunirá el jueves con el juez Kreplak; hubo acusaciones cruzadas y se reclamó al Poder Ejecutivo que responda los pedidos de informes
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La primera reunión formal de la comisión investigadora de Diputados sobre las muertes por fentanilo adulterado estuvo marcada por el dolor, la indignación y la tensión política. Los familiares de las víctimas exigieron la presencia del ministro de Salud, Mario Lugones –de quien depende la Anmat, organismo encargado de la trazabilidad de los medicamentos–, y advirtieron que no permitirán que la tragedia sea utilizada en la campaña electoral. Al mismo tiempo, los legisladores confirmaron que el jueves una delegación se reunirá con el juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, y resolvieron ampliar los pedidos de informes al Poder Ejecutivo.
“¿Cuántos muertos más hacen falta? Lugones tendría que estar acá”, lanzó con crudeza Gisel Oviedo, hermana de Sebastián, una de las víctimas. Acusó al ministro de “borrarse” y apuntó contra la diputada de Pro, Silvana Giudici, a quien responsabilizó de “usar” a los familiares con fines electorales. “Voy a pedir públicamente que borre las fotos que retuiteó con nosotros. Después de la foto se fue a comer empanadas a Olivos”, denunció. También expresó su rechazo a la desregulación que impulsa el Gobierno.
Giudici intentó bajar la tensión. Lamentó que la discusión se hubiera “politizado” y defendió el rol de la comisión: “Nuestro deber es dar contención a las familias y garantizar que se cumpla la asistencia que establece la ley. Dejemos las banderas de lado y trabajemos con la madurez necesaria”, reclamó. Sin embargo, la propia Oviedo la interpeló al recordar que había sugerido a los familiares recusar al juez Kreplak “por kirchnerista”.
La presidenta de la comisión, Mónica Fein (Socialismo), se encargó de cerrar la disputa. Recordó que el cuerpo fue creado por unanimidad, pidió mantener el espíritu de trabajo conjunto y adelantó que el objetivo es llegar al 9 de diciembre con un informe y propuestas concretas. “Todas las decisiones serán seguidas de cerca por los familiares”, garantizó.
Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), secretaria de la comisión, agradeció a las familias y enfatizó que la tarea debe continuar pese a las diferencias partidarias.
La comisión volverá a reunirse el próximo martes, luego de que este jueves una delegación se entreviste en La Plata con el juez Kreplak. Esta mañana, el magistrado precisó que las víctimas fatales ya suman 124 y advirtió que el conteo sigue en construcción: “Es un trabajo en proceso”, dijo. Explicó que existen “una serie de complejidades” derivadas de la “ausencia de trazabilidad del fentanilo”, lo que obligó a su equipo a “ir a buscar artesanalmente, ampolla por ampolla”, en los hospitales que recibieron ese producto, según señaló en diálogo con radio FutuRock. Con “distintos niveles de colaboración”, se solicitaron historias clínicas y “encontramos muchos más pacientes que los que habían sido denunciados”. “Tenemos que limpiar y despejar la información que nos mandan los hospitales, y eso lleva tiempo”, remarcó.
La cumbre se convirtió en un espacio catártico para los familiares. Daniel Gustavo Oviedo, padre de Sebastián, expuso su bronca sin matices: “Todavía no le conozco la cara al ministro de Salud. Tuvimos que jugar a los detectives para conseguir los números de los diputados y ser escuchados. Estoy muy enojado y no puedo medir las palabras”, reconoció. Y cerró con un misil directo al ministro de Desregulación y Transformación del Estado: “[Federico] Sturzenegger ya fracasó tres veces en la función pública”.
En contraste con Oviedo, Alejandro Nahuel Ayala, hermano de Leonel, agradeció a Giudici por haber sido la primera que los atendió y habló de “atentado contra la salud pública” y recordó que, según el Ministerio Público Fiscal, existían más de 200 expedientes que alertaban sobre irregularidades en laboratorios. “Esto pasó inadvertido. La Anmat omitió controles. Confiamos en que esta comisión sea productiva y que acompañe a la Justicia y a las familias que todavía no recibieron ni asesoramiento jurídico ni contención psicológica”, señaló.
Su padre, Luis Ayala, redobló la apuesta con un alegato que dejó la sala en silencio: “Los invito a que hagamos un país en serio, no matando a nuestros jóvenes. Mi hijo ya murió, pero no quiero que maten a otro. Vengo a buscar justicia”.
Mariano Rosetti, hijo de otra de las víctimas, puso el acento en la empatía: “No queremos solidaridad, queremos que trabajen como si fuésemos familiares de ustedes. Lo único que pedimos es justicia, que esto no vuelva a pasar”.
Los diputados de distintos bloques intentaron encauzar la tensión hacia propuestas. Pablo Juliano (del radicalismo de Democracia) calificó la tragedia como “una masacre” y criticó la falta de respuestas del Ejecutivo: “Han pasado más de 40 días y no respondieron a las 30 preguntas que enviamos. Ahora presentamos otro pedido con 50 preguntas más: queremos saber si hay otras drogas además del fentanilo”. Propuso armar un cronograma de citaciones “para que vengan a decirnos qué encontraron”.
Mario “Paco” Manrique, del oficialismo, admitió que la discusión tiene dimensión política: “Si esto se politizó es porque es un tema político. Los familiares nos exigen responsabilidad y humanidad”.
Desde la izquierda, Christian Castillo apuntó al dueño de uno de los laboratorios implicados: “¿Ariel García Furfaro -HLB Pharma- compraba voluntades para estar donde está y para que su laboratorio hiciera negocios? Esa es una pregunta que debemos hacernos”.
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