Fores y el Club Político Argentino sumaron su rechazo al DNU que reforma la ley de inteligencia
Denuncian que viola la división de poderes y concede demasiada discrecionalidad a la SIDE para la detención de personas sin orden judicial
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LA NACION
La decisión del presidente Javier Milei de reformar la ley de inteligencia por decreto no solo generó rechazo entre dirigentes de la oposición, sino también entre constitucionalistas, entidades académicas y civiles y organismos de derechos humanos. Denuncian que viola la Carta Magna y otorga demasiada discrecionalidad a la SIDE en lo que refiere a detención de personas. El Club Político Argentino (CPA) y el Foro de Estudios sobre la Administración de la Justicia (Fores) sumaron este lunes su rechazo.
La reforma de la ley de inteligencia se formalizó con la publicación del decreto 941/2025 en el Boletín Oficial. Entre otros cambios, la iniciativa establece la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, y autoriza a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a detener personas.
Este último punto, activó alarmas entre constitucionalistas. Rechazan también la decisión del Gobierno de eludir el debate parlamentario para acordar las modificaciones a través de un decreto mientras el Congreso permanece en receso.
Ayer, a través de un comunicado, el Club Político Argentino calificó como “preocupante” la decisión del Presidente, dijo que su fundamento legal es “inexistente” y fue dictado “a contrapelo de la Constitución Nacional.
“La Argentina, que ha sufrido dos atentados perpetrados por el terrorismo internacional, no puede improvisar su política de inteligencia. Por esta razón, nos resulta muy preocupante la decisión del gobierno nacional de modificar −por decreto, sin la participación del Congreso Nacional ni consulta alguna con las organizaciones de la sociedad civil− la Ley Nacional de Inteligencia 25.520″, advirtió la institución encabezada por Ricardo E. Gerardi y que tiene como presidenta honoraria a Graciela Fernández Meijide.
“En lo que atañe al fundamento legal, este es inexistente. Este DNU ha sido emitido a contrapelo de la Constitución Nacional”, enfatizaron, para recordar que el CPA “ha bregado desde su creación por el respeto a las instituciones de la democracia y ha condenado los intentos de concentración del poder de cualquier gobierno”.
“Manifestamos nuestro enérgico rechazo a este cuestionado decreto, a la vez que exigimos afrontar los desafíos de la seguridad de los argentinos con estricto respeto a las garantías constitucionales”, concluyeron.
Por su parte, Fores expresó su "enérgico rechazo" al DNU 941/2025. “Si bien el Poder Ejecutivo tiene facultades para reorganizar funciones de inteligencia y modernizar el sistema, dichas facultades no pueden extenderse a materia penal sin la intervención del Congreso, como exige la Constitución Nacional (art. 99 inc. 3°)“, puntualizó la entidad, a través de un comunicado firmado por su presidente, Pablo A. Pirovano, y su secretaria, Maria Julia Fornari.
Fores también hizo hincapié en el artículo 19 del decreto, que autoriza al personal de inteligencia a aprehender personas sin orden judicial, con simple aviso a fuerzas policiales o de seguridad. “Esta regulación trasciende la esfera administrativa y se adentra en materia penal, lo cual es inconstitucional al legislar sobre privación de la libertad sin base legal ni control legislativo o judicial", indicaron.
“Intentar soslayar la indispensable función del Parlamento alegando la “cadencia habitual del trámite legislativo” es un argumento que socava la lógica misma del sistema republicano de gobierno, al reducir al Congreso a un rol meramente formal", indicaron.
Además, la entidad marcó que la norma combina “criterios ambiguos y disímiles para habilitar aprehensiones” como “supuestos derivados del interés para la inteligencia nacional, sin estándares claros ni garantías constitucionales". Y advirtió que el DNU califica “todas las actividades de inteligencia como encubiertas, y define tales investigaciones en términos amplios y vagos, lo que agrava el riesgo de arbitrariedad institucional“.
“En consecuencia, FORES considera que estas disposiciones vulneran el principio de división de poderes, exceden el marco legal y otorgan facultades excesivas y carentes de fundamento legal al personal de inteligencia“, destacaron, para exhortar a una inmediata revisión y retractación de las normas cuestionadas" y reclamar que cualquier modificación al régimen de inteligencia debe realizarse en estricto respeto del orden constitucional, de la legalidad y del control democrático, pilares esenciales del Estado de Derecho.
Rechazo de constitucionalistas
“Ni necesidad ni urgencia en el DNU que modifica el sistema de inteligencia del país”, cuestionó el abogado constitucionalista Daniel Sabsay a través de su cuenta de X cuando se conoció el decreto. “Concede facultades extraordinarias al presidente, entre otras aberraciones, un funcionario podrá detener a personas en la vía pública. Espero que la Justicia declare la inconstitucionalidad”, continuó.
Consultado por LA NACION, el abogado especificó que la medida publicada esta mañana supone una “violación flagrante de la división de poderes” en tanto “toda reforma de este tipo debe pasar por el Congreso”. Su par Antonio María Hernández también advirtió sobre la contradicción de la reforma con el marco legal vigente. “El DNU es groseramente inconstitucional, no puede haber DNU en materia penal. Es otra demostración más de nuestra decadencia institucional”, aseguró.
El artículo 99 de la Constitución Nacional establece que el Ejecutivo no puede emitir DNU en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de partidos políticos.
Sabsay también indicó que el decreto supone un avance sobre las atribuciones de la Justicia, ya que desacredita la autoridad de los jueces, en quienes recae la responsabilidad de emitir órdenes de detención. “Es absolutamente grave. La detención de personas en la vía pública se puede hacer con orden judicial. Si la hace una persona sin identificación se regresa a los peores momentos de la historia”, expresó a este medio.
En la misma línea se manifestó su par Alejandro Carrió, quien cuestionó la discrecionalidad del apartado referido a la posibilidad de detener ciudadanos. El artículo 19 del decreto establece que el personal de inteligencia podrá aprehender personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”. Es justamente ese primer escenario el que le genera reparos.
“Si hay un requerimiento judicial, no habría problemas. Tampoco me causa problema que ocurra ante un delito en flagrancia. Mi preocupación es cómo arranca el párrafo: ‘en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia’. Ahí no hay ninguna descripción de qué es lo que la persona estaría haciendo y que a juicio del agente de inteligencia requiera una detención sin orden judicial”, explicó a LA NACION: “¿Cómo sabemos los particulares en qué caso podemos ser aprehendidos?. Tal como está planteado el texto me parece muy riesgoso“.
El abogado también objetó que el artículo en cuestión inste a dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad y omita solicitar intervención rápida de la Justicia en caso de detenciones.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez es otra de las voces críticas respecto de la reforma de la ley de inteligencia. En diálogo con LA NACION, rechazó en duros términos los cambios impulsados por el oficialismo. “Es nulo de nulidad constitucionalidad e insanable y recrea las oscuras épocas de la dictadura militar”, sentenció.
El abogado ya había expresado su repudio al decreto en redes sociales, donde apuntó contra el carácter “iliberal” de la iniciativa de Milei y denunció el silencio de parte del arco opositor y la Justicia. Mientras el kirchnerismo, Provincias Unidas y la Coalición Cívica se manifestaron en contra de la medida, Pro adelantó que no emitirá juicio respecto de la iniciativa hasta tanto un equipo especializado termine de analizar la letra chica del texto.
“El DNU 941/2025 no solo es la reafirmación autocrítica e iliberal del gobierno de Javier Milei sino también, el definitivo giro hacia la consolidación neofascista del modelo. Entre otras sucede por la cómplice defección de los otrora partidos políticos republicanos, el silencio atroz de gran parte del derecho público argentino y la inexplicable sumisión de la mayoría de la justicia federal”, escribió en su cuenta de X.
Al respecto, Mariela Puga, abogada constitucional, recordó que diversas organizaciones, entre ellas el CELS, habían judicializado el decreto 614/2024 por el que Javier Milei había renombrado la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) -ahora SIDE- y modificado el sistema de inteligencia nacional en julio de 2024. Según señaló, a más de un año de su publicación en el Boletín Oficial, la Justicia aún no se expidió respecto de la ilegalidad de la norma. “Si no se declaran inconstitucionales estos decretos, estamos en tierra de nadie”, aseguró a LA NACION.
La abogada también planteó reparos sobre la vaguedad con la que el nuevo decreto refiere a los alcances de las tareas de inteligencia y contrainteligencia. Puntualmente cuestionó la incorporación del artículo 2 ter -que define investigación de inteligencia como procedimientos para “identificar acciones y actores involucrados en actividades de interés para la Inteligencia Nacional”- y el artículo 2 quater, que extiende las tareas de contrainteligencia a, entre otras, las acciones de filtración y fuga de información clasificada.
“Históricamente se definió a las actividades de inteligencia como de interés a la seguridad nacional e interna, pero acá pareciera que es por interés de quienes dirigen la secretaría”, dijo a este medio: “Es peligroso confundir la seguridad nacional con el interés de autoridades constituidas porque la actividad de inteligencia puede alcanzar a la prensa y cualquier actividad política”.
El constitucionalista Ricardo Gil Lavedra coincidió con sus pares y también repudió la autorización para que la SIDE detenga personas en el marco de actividades encubiertas y el avance sobre las atribuciones del Poder Legislativo.
“El DNU 941/25 constituye una peligrosa e innecesaria regresión institucional. Cualquier persona está sujeta a operaciones encubiertas de inteligencia y puede ser detenida por quienes realizan esas investigaciones. Esta medida no es propia de una democracia liberal, solo las autocracias otorgan facultades al poder para poner en riesgo la libertad personal de los ciudadanos”, denunció el actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
El comunicado del CELS
Al igual que la mayoría de los abogados consultados, el CELS -una organización no gubernamental dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos- emitió un comunicado en el que denuncia la inconstitucionalidad del decreto presidencial y cuestiona la discrecionalidad que autoriza para el accionar de la SIDE. Según pudo saber LA NACION, en los próximos días, la agrupación hará una presentación judicial contra la medida.
“El gobierno presenta esto como unas modificaciones administrativas para clarificar funciones, pero es en verdad una reforma estructural del aparto de seguridad y defensa del Estado, que le otorga a la SIDE el poder de una policía secreta que podrá detener personas y un marco legal para vigilar a toda la ciudadanía bajo el más estricto de los secretos”, plantea el escrito del CELS.
Y agrega: “Esta reforma es inconstitucional y peligrosa: debilita los límites y controles de las agencias de inteligencia, reforzando la opacidad, la discrecionalidad, el secretismo y la intervención directa del poder oculto en la vida social y política”.
En el comunicado denuncian que la reforma impulsada supone la construcción de un “marco normativo” para la vigilancia política de “anarquistas, comunidades indígenas, prensa y distintos actores que ‘deslegitimen’ al gobierno o a sus políticas”.
El CELS también cuestiona que el texto publicado en el Boletín Oficial habilite la intervención de las Fuerzas Armadas, de seguridad federales y policiales, lo que supone -consideran- “un retroceso histórico respecto de los acuerdos políticos de las últimas décadas dirigidos a fortalecer la conducción civil de las FF.AA y a sostener la separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, para evitar que los militares vuelvan a intervenir ante hipótesis de conflicto interno”.
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