Franco Bindi, apuntado por los audios de Karina: un abogado audaz que siempre se movió en las sombras del poder
La Casa Rosada lo culpa de armar una operación para desestabilizar al Gobierno; es la pareja de la diputada Pagano; sus vínculos en la inteligencia, los medios y la política
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LA NACIONNicolás Pizzi
“Es un prostituto del poder, no distingue entre colores políticos. Trabajó mucho con el kirchnerismo, hizo cosas para el macrismo y tiene puentes con La Libertad Avanza”. La definición proviene de alguien que conoce casi todos sus secretos. Franco Bindi es abogado de profesión, pero sus ramificaciones hace tiempo exceden los pasillos de Tribunales. En la última década se transformó en empresario de medios y en un hombre influyente en el mundo de los servicios de inteligencia paraestatales. Aunque nunca perteneció a la SIDE de manera orgánica, tuvo y tiene relaciones con ese mundo. Sus vínculos trascendieron las fronteras: Bindi mantiene una estrecha relación con el chavismo y con el expresidente de Bolivia Evo Morales, a quien define como “un amigo”. También le adjudican lazos con Rusia e Irán. “Ojalá tuviera todo el poder que dicen”, responde en la intimidad. Durante su intensa carrera, siempre se manejó en las sombras. Casi no se le conoce la voz. El lunes el Gobierno lo subió al ring. Lo acusan de estar al frente de la supuesta operación de inteligencia contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Y sospechan que también tuvo que ver con la filtración de los audios de Diego Spagnuolo. Él niega todo. “Están desesperados”, le dijo esta semana a un interlocutor.
Bindi, de 40 años, dio sus primeros pasos en la abogacía en el estudio de su padre, Gustavo, un histórico abogado laboralista y civilista, muy vinculado a la Uocra, que falleció durante la pandemia. Pronto se independizó como penalista. En esos años, el joven Franco mezclaba su tiempo entre la Facultad de Derecho y las canchas del Lawn Tenis Club, donde se probaba como jugador semiprofesional y hasta daba clases. En más de una ocasión se cruzó con Diego Hartfield, un ex tenista profesional que ahora compite como candidato por La Libertad Avanza en Misiones.
En el estudio familiar también empezaba su hermana menor, Emilia. La madre, en cambio, siempre se encargó de administrar las finanzas de la familia.
Su primer caso importante en Comodoro Py fue un juicio oral contra un ex funcionario del PAMI acusado de corrupción durante el gobierno de la Alianza. Su defendido terminó absuelto.
Pero la causa que lo lanzó a los medios fue la de Leonardo Fariña, el arrepentido que tuvo en vilo al kirchnerismo durante el Gobierno de Mauricio Macri. El nexo entre ambos fue Maximiliano Mazzaro, un ex jefe de la barra brava de Boca Juniors que estaba en prisión acusado de homicidio. Mazzaro y Fariña compartían pabellón en Ezeiza y entablaron una relación de confianza. Asesorado por Bindi, el barra salió en libertad. “Te voy a mandar a mis abogados para que te ayuden en tu causa”, le prometió el día que dejó la cárcel.
La relación entre Fariña y Bindi fue tensa desde el comienzo y la defensa técnica quedó a cargo de Giselle Robles, una abogada que lo acompañó en decenas de causas y ahora lo denuncia a través de las redes sociales.
En 2015, se registró la primera crisis. Fariña asegura que Bindi fue a la cárcel y le pidió cambiar su versión de los hechos. “Hablé con (Oscar) Parrilli. Hay que darle una mano a Lázaro y te van a dar una mano a vos para salir”, recuerda el arrepentido sobre aquella conversación. A través de un escrito, elaborado por sus abogados, Fariña aseguraba que el campo de Mendoza, por el que terminó condenado, en realidad era de Juan Carlos Molinari, y no de Lázaro Báez.
Fue una jugada sincronizada: aquel documento se presentó apenas unas horas antes de la indagatoria del empresario ante el juez Sebastián Casanello. La supuesta “ayuda” para Fariña nunca llegó y su situación judicial se agravó con la derrota de Daniel Scioli en las elecciones presidenciales de 2015. En cambio, Báez recibió una falta de mérito. Era solo el comienzo.
El nombre de Parrilli, por entonces a cargo de los servicios de inteligencia, no era el único que sobrevolaba en la vida de Bindi. “Franco me decía que tenía reuniones con (Juan Martín) Mena, con (José Luis) Vila, y con un tal Fernández de la AFI”, contó el arrepentido en más de un ocasión.
El quiebre se produjo en 2016, cuando Fariña decidió arrepentirse ante la Justicia. Bindi y Robles terminaron eyectados, en distintas etapas. Poco tiempo después, aparecieron defendiendo a Báez y a varios sus allegados. Fariña no dudó: lo habían traicionado.
Cerca de Báez comenzó a aparecer Elizabeth Gasaro, una abogada con escasos recursos que respondía a Bindi. “Con Lázaro nos vamos a hacer millonarios”, festejó Bindi en una reunión en la que había varios testigos. Corría abril de 2016. El plan ya estaba en marcha. “Franco se le acercó a Lázaro para sacarle información y quedar bien con Cristina Kirchner”, dice esa misma fuente.
La pelea de Fariña con sus ex abogados se reeditó en 2019, tras la denuncia del empresario Pedro Etchebest, cliente de Bindi en otra causa, contra Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli, el mismo que ahora investiga el supuesto espionaje a Karina Milei. Aquella denuncia, con mucha repercusión mediática, era una operación para intentar voltear la causa de los Cuadernos.
En esa misma época, la abogada Gasaro protagonizó un escándalo en Comodoro Py: intentó, sin éxito, fotografiar a Stornelli junto a D’Alessio. “A pocos minutos de su llegada, el fiscal recibió un mensaje de D’Alessio: ‘Hay dos mujeres que trabajan en la SIDE sacando fotos’. La respuesta risueña del fiscal fue ‘sacale foto vos’”. El intercambio aparece en el libro “Erase una vez en Argentina”, del periodista Luis Gasulla.
Por el juzgado de Dolores comenzaban a desfilar decenas de abogados. Robles aprovechó para denunciar que Fariña había sido guionado en la “ruta del dinero K”. Por ese hecho, Bindi terminó declarando como imputado ante el juez Alejo Ramos Padilla. La indagatoria terminó siendo un repaso de su carrera como abogado y operador mediático. Aquel día mencionó a Lázaro Báez, a quien defendió en una causa radicada en Bahía Blanca, a Fariña, al espía Allan Bogado -acusado por el fiscal Alberto Nisman en la causa del Memorándum con Irán-, y al barra “Maxi” Mazzaro. También contó que defendió a dos funcionarios de Santiago del Estero en la causa Sueños Compartidos.
Presos famosos
Bindi aprovechó como pocos la oleada de detenciones durante el gobierno de Mauricio Macri. En el pabellón “IRIC” de Ezeiza conoció a otros presos famosos como el empresario Cristóbal López, Roberto Baratta, y Daniel Pérez Gadín, el contador de Báez que desplazó a Fariña. El abogado asegura que nunca defendió a Cristóbal López. Pero hay vasos comunicantes entre los dos. Uno es Javier Raidan, flamante miembro de la Corte de Chubut.
El abogado denunciado por el Gobierno también fue contratado por Santiago del Estero en varias ocasiones. En 2014, cuando la gobernación estaba a cargo de la mujer de Gerardo Zamora, Claudia Abdala, la Fiscalía de Estado contrató a Bindi, a su hermana, al padre, y a Giselle Robles para “asesoramiento en temas legales” respecto de las causas que se tramitaban en la ciudad de Buenos Aires. El contrato se repitió, al menos, en 2016 y 2019, según registros públicos que aparecen en el Boletín Oficial de esa provincia.
Como abogados de ese distrito, los Bindi intervinieron en un expediente judicial por un accidente trágico entre dos helicópteros oficiales. En las aeronaves viajaban ocho franceses y dos argentinos que trabajaban en la filmación de un reality para Discovery Channel. Nadie sobrevivió.
El funcionario de Santiago del Estero que contrató a Bindi durante todo esos años no dudó en contactarlo cuando estaba al borde de la muerte. En plena pandemia la llamó desde Brasil. Necesitaba un traslado urgente a Buenos Aires. El joven abogado no dudó y le mandó un avión sanitario.
En sus comienzos, Bindi también tuvo un breve paso por la función pública. Eran tiempos de Cristina Kirchner en el poder. Trabajó en el Ministerio de Planificación, donde reinaba Julio De Vido, tuvo un breve paso por Economía, y fue asesor de Gerardo Zamora en el Senado. “Le quedaba muy chico eso de ser empleado público”, recuerda uno de sus allegados ante LA NACION.
En los servicios
Bindi se topó con el mundo los servicios de inteligencia desde muy joven. Reconoce una amistad con Guillermo Alberdi, un ex espía que litigaba en Tribunales y había tenido una destacada participación en el caso Coppola, como defensor de Samantha Farjat. La madrugada del 28 de octubre de 1996, Alberdi logró abrir el juzgado federal de Dolores y aportó una grabación que dio vuelta la historia. El abogado cumplía esa doble función, como tantos otros. “La planta de la SIDE llegó a tener casi 500 abogados asociados”, cuenta un letrado que conoce ese mundo oscuro.
Otro espía al que reconoce como amigo es Mariano Rimini Carol, con quien protagonizó su primer conflicto judicial serio. Ambos representaban a un hombre que estaba en litigio con su exmujer por la tenencia de su hija. En medio de esa disputa, decidió viajar a Brasil con la menor. La Justicia acusó a Bindi y a su amigo de colaborar con el cliente. El espía terminó detenido en la cárcel de Ezeiza por el delito de sustracción de menores. Dos años después, en 2013, Bindi fue acusado de aportar la documentación para cruzar la frontera y estuvo prófugo durante ocho meses. Se ocultó en la casa de un conocido y luego deambuló en alquileres temporarios. “Fue una causa noble, el que le quiera pegar por eso tiene mala leche”, dice un allegado. La Justicia lo terminó sobreseyendo.
No es todo. Media docena de fuentes consultadas por LA NACION aseguran que Bindi fue asesor en las sombras de Leopoldo Moreau en la Comisión Bicameral de Inteligencia. El abogado lo niega. También rechaza cualquier vínculo con Jaime Stiuso o Fernando Pocino, lo dos hombres fuertes de la SIDE en las últimas décadas. “En ese mundo, todo tiene que ver con todo; Franco siempre quiso ser alguien dentro de la SIDE”, responde un experto en inteligencia que conoce a todos los actores.
Bindi admite por estas horas una relación de amistad con José Luis Vila, actual secretario de Asuntos Estratégicos, muy ligado a los servicios de inteligencia. La relación se quebró. En los últimos días, la pareja de Bindi, la diputada Marcela Pagano, que entró por LLA y ahora está enfrentada al Gobierno, pidió ante la Bicameral de Inteligencia que se investigue si Vila tuvo alguna intervención en la filtración de los audios y hasta lo vinculó con la denuncia del fiscal Nisman por el Memorándum. No es un expediente más para el mundo de la inteligencia. “Es la única causa por la que Franco tenía miedo”, dice una de las personas que más lo trató en los últimos años.
Bindi siempre se manejó en las sombras. La denuncia del Ministerio de Seguridad por los audios de Karina Milei lo expuso públicamente. Lo acusan del ser el “autor intelectual” de la operación “aprovechando sus relaciones en el mundo de los servicios y su presencia en los medios de comunicación”.
Todavía no hay pruebas concretas sobre la ejecución de la maniobra. Si hay un “topo” en la Rosada, sigue activo. Tampoco hay elementos firmes sobre los vínculos de Bindi con Rusia o Irán. La denuncia apenas rescata publicaciones periodísticas que detallan los vínculos de su radio y el canal Extra TV, donde se difunden contenidos de BRICS TV o Telesur. Consultado por LA NACION, Bindi aseguró que ya no tiene esos medios, pero no aportó documentación sobre el supuesto traspaso. “Le fue muy mal, perdía plata”, completó uno de sus allegados.
El diario Clarín reveló un documento enviado a una empresa rusa con sede en Uruguay denominada “Sputnik”, igual que la vacuna, para alquilar las instalaciones de la emisora a US$100.000 mensuales. Ese documento, de 2023, lleva la firma de la abogada Robles, como accionista de MH&FG SRL, la empresa donde aparece un misterioso empresario paquistaní. El acuerdo, coinciden todos los involucrados, nunca se concretó. Robles luego se distanció de Bindi y cedió su participación accionaria en esa firma. Solo mantiene un 10% de Mariv Media Partners SRL a través de su madre, Mirta Lucia Torres.
“Los de la Embajada rusa siempre estaban en el canal. Ahora se desligan por el escándalo, pero vínculos siempre hubo”, asegura una de las fuentes que conoce los últimos pasos de Bindi.
Otro episodio que llamó la atención ocurrió en diciembre del año pasado. Pagano presentó una denuncia penal contra los agentes de tránsito que intervinieron en un control a dos rusos que trabajan en la embajada de ese país. Una respuesta en tiempo récord que llamó la atención. Bindi sigue negando cualquier acercamiento con el Kremlin.
En cambio, son públicos los vínculos con el Gobierno de Venezuela y con Pdvsa. Bindi suele visitar la embajada de ese país en Buenos Aires y asesora a funcionarios venezolanos en distintas causas.
Del vínculo con Evo Morales también hay registros. El expresidente de Bolivia se alojaba en una casa que le alquilaba Bindi a un amigo de su madre. Ese favor le costaba 3500 dólares mensuales.
La operación de los audios se montó en plena campaña y reflotó las internas dentro del Gobierno. En el revuelo de acusaciones, a Bindi hasta lo vincularon con el asesor Santiago Caputo. El abogado afirma no conocerlo. También niega conocer a un abogado muy cercano a la hermana del Presidente.
No es la primera vez que Bindi es acusado por una maniobra de espionaje. Durante el Gobierno de Macri, lo vincularon a la filtración del blanqueo de Gianfranco, uno de los hermanos del entonces presidente. El juez de esa causa, Rodolfo Canicoba Corral, terminó deteniendo a varios empleados de la AFIP. También fue apuntado por el “Operativo Puf”: su nombre aparecía en las escuchas realizadas en la cárcel de Ezeiza. Todo quedó en la nada.
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