Gasoducto: la radiografía de la decadencia política
El proyecto, necesario para sanear la macroeconomía, sumió al Gobierno en otra crisis; la Corte Suprema, en riesgo de transformarse en un tribunal peronista
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LA NACIONCarlos Pagni
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Hay veces en que un episodio, un caso o una discusión permiten, lamentablemente, hacer un relevamiento de toda una situación de decadencia. Eso es lo que está pasando ahora con el proyecto del Gobierno para construir un gasoducto que lleva, irónicamente, el nombre de Néstor Kirchner.
Para entender de qué se trata esta discusión y la importancia de este proyecto, hay que analizar dos cuadros de la semana pasada elaborados por Miguel Kiguel, que sólo en apariencia no tienen que ver con este tema. Hay una dimensión en la cual la necesidad de hacer un gasoducto pega en el centro de la macroeconomía y está ligada a las grandes dificultades que tiene hoy la vida material en la Argentina.
Uno de los cuadros muestra las metas de reservas que fijó el Banco Central en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que indicaban que, en junio, la Argentina tendría que llegar a 6425 millones de dólares; en septiembre a 6725 millones y, a fin de año, con 8125 millones. Pero esta es la realidad: en el mes de mayo el Central apenas acumuló 3775 millones. Tendría que dar un salto muy grande para alcanzar las reservas prometidas al Fondo.
El lunes pasado decíamos que el Gobierno se encamina ya no a tener un problema de metas de reservas, sino que va en camino de tener un problema de reservas, de escasez de dólares. Eso se empieza a sentir día a día en la economía.
Hay una relación bastante directa entre la escasez de reservas en un momento en que hay mucha exportación e ingresos de dólares, con las necesidades de dólares que se concentran en el invierno porque no tenemos gas y hay que importar mucho combustible. Estamos hablando de una importación de aproximadamente 1200 millones de dólares por mes. Prácticamente más de un tercio de las reservas se lo llevan las importaciones de gas. Quiere decir que este problema impacta en la falta de reservas y puede determinar que la economía tenga que ir a una devaluación. En este momento, con altos niveles de inflación, una devaluación puede ser catastrófica por el traslado a los precios. Estamos, entonces, ante un sistema de problemas de la macroeconomía: gas, reservas, cotización del dólar, inflación.
En este contexto es que el actual Gobierno, igual que el de Macri, dice que sería estratégico construir un nuevo gasoducto porque tenemos potencialmente mucho gas, sobre todo en Vaca Muerta, pero no lo podemos utilizar porque no contamos con capacidad de transporte. Por eso se decide hacer un gasoducto en tiempo récord: el gasoducto Néstor Kirchner, una obra de enorme dimensión también por la velocidad con la que se lo pretende hacer.
En el proyecto original, se proponía que en junio/julio del año que viene la Argentina podría empezar a transportar gas a los grandes centros de consumo prescindiendo de esas importaciones que deterioran tanto las tenencias de dólares del Banco Central. Es un desafío que le convendría a este Gobierno para no tener que gastar esos dólares y que le convendría al gobierno que viene, cualquiera sea su signo político. Por eso, esto debería ser un tema bipartidario o lo que se conoce habitualmente como una política de Estado.
El primer tramo del gasoducto que se pretende construir tendrá 563 kilómetros y va desde Tratayén, Neuquén, hasta Salliqueló, en el oeste bonaerense. Desde ahí conecta con otras redes troncales de gasoductos. Este es el proyecto que se propuso el Gobierno, pero que es importante para el país y debería serlo para toda la clase política.
Lo que estamos viendo en los últimos tres días, desde el discurso de Cristina Kirchner del viernes hasta ahora, es qué capacidades tiene ya no el Gobierno sino la élite política en su conjunto para hacer esta obra. Nos vamos a encontrar con una decepción extraordinaria. Con una especie de radiografía de la decadencia de la política.
El primer problema para entender de qué se trata la construcción de este gasoducto, que le permitiría a la Argentina -según los cálculos de expertos en la materia- exportar aproximadamente a un volumen de gas equivalente a 1500 o 2000 millones de dólares, tiene que ver con la dificultad que existe hoy en día para conseguir acero.
El contexto para la construcción de este gasoducto en tan solo un año es delicado. La invasión de Rusia a Ucrania ha producido una enorme dificultad en la obtención de metales, sobre todo de acero porque hay una falta de gas en el mundo, debido a que está involucrado en ese conflicto el segundo productor de gas del planeta. Eso produce un efecto inmediato en la fabricación de acero, que es gasintensiva. Lo que provoca que, por ejemplo, en Europa se está discutiendo el cierre de muchas plantas siderúrgicas. Además de las que se cerraron en Rusia y Ucrania.
Este proyecto se le encarga a una empresa que es la antigua ENARSA, que se llama IEASA, a cuyo frente está Agustín Gerez. Él entiende que esta obra lo excede, que habría que convocar a un experto en gasoductos y llama a Antonio Pronsato, quien fue el presidente del ENARGAS en la gestión anterior del kirchnerismo. Ambos organizan dos licitaciones, una es para comprar los tubos con los que se hará el gasoducto, una operación metalúrgica, y otra es para construir el gasoducto, operación de ingeniería civil energética. En la primera licitación se presentan empresas chinas, que compran el pliego; y rusas que después, como consecuencia de la invasión que ellos mismos realizan a Ucrania, piden una prórroga que el Gobierno no les concede. Los chinos, que habían estado en conversaciones para hacer esto con el primer secretario de Energía, finalmente se retiran y dicen que ellos no lo pueden hacer. Queda como único oferente para hacer los tubos Techint que, como todos sabemos, es una empresa siderúrgica de importancia internacional.
La conexión en Salliquelo es relevante porque permite unir este nuevo gasoducto con las redes ya existentes. Esas redes tienen caños de 36 pulgadas de diámetro. Estamos hablando de algo de poco menos de un metro, en rigor, 91,44 cm. Por eso se especifica en el pliego que esa tiene que ser la dimensión del caño para poder conectarlo con el resto de las redes y, además, por el volumen de gas que se quiere transportar para ahorrar esos dólares y proveer de más gas a la economía argentina.
Obviamente, el volumen de gas está en relación directa con la dimensión del caño. Por ejemplo, el famoso gasoducto de Rusia a Alemania que se acaba de suspender con motivo de la guerra no es de 36 pulgadas sino de 44, es mucho más grande, 1,20 m, y transporta mucho más gas.
El espesor tiene que ver con la cantidad de gas que se transporta y con la presión que se decide ponerle a ese gas. Esto depende de un acero especial porque, si no, estalla. Estamos hablando de un caño donde uno inyecta gas y con el tiempo va introduciendo más presión para que ese gas se transporte. Entonces, la mayor parte de este gasoducto de 563 kilómetros, tiene 12.7 milímetros de espesor y hay tramos pequeños en que tiene 19.1 milímetros de espesor y 10 milímetros de espesor.
Para hacer ese caño de 36 pulgadas se necesita una chapa de determinada dimensión, de determinado ancho. Esa chapa no se fabrica en la Argentina, donde se realizan chapas bastante más pequeñas que permitirían hacer un gasoducto mucho más chico, incompatible con el volumen que se quiere transportar y con las redes ya existentes. En cambio, sí se produce en Brasil en una empresa que se llama Usiminas, de la cual Techint es parte en un 20%. Cualquier persona medianamente informada sabe que Usiminas es una empresa histórica brasileña, fundada en 1962, una de las grandes siderúrgicas de América del Sur y una empresa con muchísima trayectoria en ese país en materia de producción de chapa.
Techint, entonces, para poder hacer estos caños compra la chapa en Brasil, la importa a la Argentina y fabrica los tubos en una planta propia de fábrica que tiene en Valentín Alsina, que se llama Siat Tenaris, una vieja fábrica de Siam. Para fabricar estos tubos acaba de contratar 300 obreros porque hay que hacer los tubos a medida que se va haciendo el gasoducto, en una tarea de coordinación hecha contrarreloj, porque se trata de hacer una obra civil muy desafiante.
En paralelo, se realiza la licitación para construir el gasoducto. Curiosamente, en la discusión de este segundo tramo de la operación en la que está en juego quién se va a quedar con la construcción, renuncia Pronsato. Antes de que se produzca la discusión entre Cristina Kirchner, Matías Kulfas etc., entre los expertos de energía circulaba que Pronsato renuncia, aparentemente por dos razones, que por supuesto no va a mencionar en voz alta. Primero, porque nadie le firmaba nada y veía que el plazo se iba a extender infinitamente, por una propensión irrefrenable que tiene este Gobierno a procrastinar todo. Y segundo, por presiones muy fuertes que vienen de sectores del Gobierno para que Cristóbal López ingrese en la construcción del gasoducto.
Cristóbal López tiene una empresa constructora que, aparentemente, pretendería entrar en la construcción de gasoductos, pero que carece de antecedentes para construirlos. Entre expertos en energía con gran conocimientos sobre esta operación compleja que tiene el Gobierno por delante, se hablaba de la presión para que entre Cristóbal López y, en segundo término, Electroingeniería, dos empresas muy ligadas al kirchnerismo. En el caso de López, un empleador de Alberto Fernández y del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cuando no eran funcionarios. Dueño de un sistema de medios muy alineado con el Presidente y a su vez defendido por Carlos Beraldi en los Tribunales, que es el mismo abogado de Cristina Kirchner. Estamos hablando de un empresario que está en el corazón del poder, como todos sabemos. Tanto que se han hecho leyes con moratorias como un traje a medida para que Cristóbal López pudiera zafar de sus problemas en la AFIP.
La presión del empresario para entrar en esto habría sido la determinante de que Pronsato dijera: “Yo acá no me quiero meter porque termino mal”. Nota al pie de página: este es un consejo que le habría dado su viejo amigo, Julio De Vido, cuando, aparentemente, le dijo: “Antonio no te metas en esto porque este Gobierno no puede hacer un gasoducto. Algo va a salir mal”. Estas son versiones muy fidedignas por quiénes las expresan.
Ya Cristóbal López no sería parte del proyecto, entre otras cosas porque el viernes se aprobó el pliego de licitación y pone como condición tener antecedentes en la construcción de gasoductos, pero sí sería uno de los lobistas que está intentando introducir a otras empresas ligadas al kirchnerismo en este negocio, por ejemplo, BTU de Carlos Mundin.
Cuando uno habla con ellos, esa gente dice: “En realidad hay, a lo sumo, dos o tres compañías que pueden hacer ese gasoducto”. Entre ellas está Techint, SACDE y alguna otra.
La construcción está pensada en cinco tramos para que pueda haber varios participantes. Mucha gente dice “¿Y por qué adoptaron este criterio, que además lo paga el Estado?” Ahora nos vamos a encontrar con otra distorsión de la economía argentina que impide adoptar el modelo de Juntos por el Cambio. Porque el modelo que Mauricio Macri había previsto consistía en licitar el transporte de gas -de hecho, hay dos gasoductos importantes, uno lo opera TGN y otro TGS-, que haya una tercera concesión y que el transportista que la gane se encargue a su cuenta y riesgo de hacer el gasoducto. ¿Qué dicen en el sector del transporte de gas? Ni locos hoy aceptaríamos, porque no hay tarifas, y, entonces, ¿cómo recuperamos la inversión?”. Acá nos encontramos frente a otro problema que es el precio de la energía en la Argentina, que genera otras distorsiones. El gas está tan barato que necesitamos muchísimo, porque lo consumimos irracionalmente, como si fuéramos Qatar, donde el gas se regala.
En este contexto, aparece Cristina Kirchner con su discurso diciendo algo increíble: “¿Por qué no trae Techint su laminadora a la Argentina y hace acá esa chapa que le compra a Usiminas?”. Es cierto, Techint tiene el 20% de la empresa Usiminas. Pero un laminador sale aproximadamente 1200 millones de dólares. ¿Qué sentido tendría para una empresa hacer un laminador acá para construir un gasoducto? Después, cuando ya no hay gasoductos para hacer, ¿a quién le vende la chapa que lamina? ¿Cristina le conseguiría los clientes? Es muy interesante la exigencia, porque demuestra el enorme extravío conceptual que hay muchas veces en la visión de la economía y de operaciones como la obra pública.
En América Latina hay cinco laminadores, dos en México y tres en Brasil. Y tiene sentido tener uno si después aparece una cantidad importantísima de clientes que van a comprar esa chapa. Insisto, sale 1200 millones de dólares. Una curiosidad: en la época de Isabelita, SOMISA -la siderúrgica estatal de entonces- compró un laminador que nunca usó. Cuando se privatizó, le dijeron a Techint, la firma que la compró, “no te vamos a dar el laminador, nos lo quedamos nosotros”. Eso quedó arrumbado. En aquel momento se pagaron 200 millones de dólares para comprarlo. En la privatización se hubieran pagado 400 millones para incorporarlo a la empresa. ¿A cuánto se vendió el laminador mucho más tarde? En un millón de dólares. Es decir, un pésimo negocio para el Estado, por esta obsesión de que los privados no se queden con algo que “no les corresponde” por ser privados. Acá estamos en el centro de un problema. Daría la impresión de que solo merecen cierta consideración u objetividad las pymes. De ahí para arriba, todo es pecado. Es un concepto, un prejuicio central del capitalismo argentino, con muchas razones, porque conocemos infinidad de empresas grandes que no pueden justificar como alcanzaron ese tamaño. Pero, al mismo tiempo, a las empresas grandes no hay quién las llore.
En este contexto, Cristina Kirchner plantea: “que traigan el laminador”, un delirio, y le pide al Presidente algo que le había pedido el líder de la UOCRA, Gerardo Martínez, que no es un santo de la devoción de la vicepresidenta. “Use la lapicera”. Hemos hablado en el pasado de la lapicera que Martínez le regaló a Fernández para que ejerza el poder, y Cristina le pide que lo ejerza sobre Kulfas porque, por alguna confusión, ella cree que el gasoducto lo hace Kulfas o que él tuvo algo que ver con esto. Y la verdad es que al Ministerio de Producción le sacaron Energía hace mucho tiempo. Ahora está bajo la órbita de Guzmán, y es operado en sus temas centrales -secretario de Energía, titulares de ENARGAS, ENRE, e IEASA, etc.- por gente que le responde a ella.
Ahí aparece Kulfas en escena. ¿Qué dice? Expresamente, en unas declaraciones por radio, aclara que no es el Presidente, sino la vice quien tiene que usar la lapicera porque es la jefa de los funcionarios involucrados en el gasoducto. La que hizo este arreglo con Techint. Y aparece un off the record, es decir unas declaraciones con pedido de que no se atribuya su autoría, diciendo que “acá hay un contubernio entre gente de Cristina y Techint -empresa acusada por la vice, al mismo tiempo-, porque habría una empresa que se llama Laminadores Industriales que podría hacer este gasoducto -esto lo dice Producción- de 33 milímetros de espesor. El ministro de Producción se arriesga a criticar un tema, y no acierta ni con el espesor, ni con el diámetro, ni con las pulgadas ni con los milímetros. Y desata -o se suma- a una polémica con Cristina sin saber de qué está hablando.
IEASA contesta con un comunicado donde explica por qué lleva adelante este proceso licitatorio con estas características. Dice que están hablando de un gasoducto de 36 pulgadas de diámetro y estos 12.7 mm de espesor. Refuta lo que dice el Ministerio y pone en el comunicado una especie de foto del off the record, que fue publicado por dos diarios atribuido a gente del Gobierno enfrentada con la señora de Kirchner.
Después aparece Laminados Industriales, de quién el Ministerio decía que era capaz de hacer los caños con los que se queda Techint y dice que no pueden hacerlo, que son una empresa chiquita. Y ahí se suma la oposición para darle fe a lo que dice Kulfas. Esto lo otro curioso: después de la aclaración que hace IEASA de medidas, después de la que hace Laminados Industriales, el interbloque de senadores de Juntos por el Cambio saca un comunicado hablando de 33 mm de espesor. Ni leyeron los diarios ni el comunicado oficial. Y, sobre la base de todos estos errores, hacen una denuncia penal. Ahora vamos a entrar en una vorágine de recursos legales, porque habría que preguntarse si este martes los afectados por Kulfas no le realizarán una denuncia penal a él.
Mañana habrá una reunión importante por los 20 años de IAEA. A lo mejor Paolo Rocca habla de este tema. En Techint están en una especie de pesadilla porque los critica Cristina por no traer el laminador, Kulfas los acusa de tener un arreglo con Cristina, de Alberto Fernández no se sabe qué piensa, y la oposición los denuncia sobre argumentos infundados. El gran beneficiario de todo esto es Cristóbal López, porque en este río revuelto es posible que logre meterse él o un amigo en la construcción del gasoducto.
Esta es una pregunta relevante: ¿está este Gobierno en condiciones de hacer algo medianamente complejo? Porque no ha sabido hacer cosas mucho más simples, por ejemplo, una cuarentena. Y más: ¿está en condiciones la clase política de llevar adelante una tarea de esta magnitud, como es hacer un gasoducto complejo en un año? Hay otros problemas. Primero: ¿cómo se financia? Van a contestar desde La Cámpora que con el impuesto a las grandes fortunas. Este gravamen, que estaba pensado para explotación y desarrollo petrolero y gracias a un dictamen de Carlos Zannini, lo estiraron para que incluya un gasoducto con esa plata -porque interpretan que “desarrollo” es hacer un gasoducto- alcanza para un tercio del primer tramo. ¿El resto? Dios proveerá.
La otra pregunta, ¿estarán los dólares cuando el señor Rocca quiera traer, si las trae, la chapas desde Usiminas para hacer los caños en Valentín Alsina?
Hoy tenemos otra novedad interesantísima: la renuncia de Matías Kulfas. Tiene como seis páginas, es una crónica de su actividad como ministro, una historia de este Gobierno en materia económica. Destroza a los funcionarios de Energía y afirma algo que pasa como normal. Le dirige a Alberto Fernández un mensaje diciendo: “Los funcionarios de Energía están equivocados, no han podido ni siquiera segmentar las tarifas para eliminar los subsidios que son prorricos, regresivos”. Lo dice como si Fernández no fuera el Presidente de esos funcionarios. Es decir, la carta da por asumido que acá hay dos gobiernos y le puede él decir a Alberto Fernández que la política energética de su administración, al frente de la cual está Martín Guzmán, su ministro preferido, es un disparate. Y Alberto Fernández, aparentemente, todavía no le contestó, no le dijo “eso que decís es responsabilidad mía”. Destroza la política de subsidios, dice algo obvio que es que están subsidiados los ricos, la clase media alta. Otra pregunta, habría que ver si este Gobierno y esta clase política puede hacer una segmentación más o menos fidedigna de quién es quién como consumidor de energía.
Pero lo más interesante es que, si uno revisa todo el documento de Kulfas, no habla de un subsidio escandaloso que hay en la Argentina: el otorgado a la energía eléctrica de un régimen de privilegio, ultraprotegido, de empresas importadoras de electrónicos en Tierra del Fuego. Nosotros con nuestros impuestos no solo subsidiamos la energía de esas empresas, sino que ahora subsidiamos a empresas dedicadas a la minería de criptomonedas que van allá porque se les subsidia el consumo de este insumo. La argentina se ha convertido en una plaza muy atractiva porque nosotros, los contribuyentes, le pagamos la energía a esas compañías que, sospechosamente, están ubicadas junto a los importadores, entre ellos Rubén Cherñajovsky. Alberto Fernández y el exministro Kulfas acaban de prorrogar el régimen de protección de Tierra del Fuego hasta 2038 y, tal vez, hasta 2054. Hay que ver qué compromiso tiene la oposición con este subsidio, porque el otro yo de Cherñajovsky en el negocio de ensamblado de electrónicos importados se llama Nicolás Caputo, que es el hermano de la vida de Macri. Y hay políticos de todas las facciones que apoyan este régimen a cara descubierta. Sobre todo, María Eugenia Vidal.
En este contexto, renuncia Kulfas. Habrá que ver si, en estos días, no se producen otros cambios en medio de una tregua entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Subrayo: no reconciliación, sino tregua. El kirchnerismo mira, no a Guzmán, sino a Miguel Pesce y a la vieja jefa de Kulfas, Mercedes Marcó Del Pont, en el área de recaudación. Esos son los cargos sobre los que los seguidores más cercanos a la vicepresidenta tienen expectativas.
En general, ¿Qué vemos? Un enorme problema de reservas, de falta de dólares, cíclico, que se podría resolver con una operación compleja que está sucumbiendo. El gasoducto Néstor Kirchner, salvo que lo rescate alguien responsable, duró una semana. Hace un mes fue inaugurado en el sur, con un acto emocionante por parte de Alberto Fernández. No debe sorprender todo esto, uno de los grandes escándalos del kirchnerismo en materia de obra pública fue la ampliación de gasoductos conocida como caso Skanska, curiosamente denunciada por Techint, o con información provista por Techint. De estas dificultades llegamos a Cristóbal Lopez queriendo meterse en el negocio. Estos problemas de corrupción nos llevan a los de la Justicia y la necesidad de impunidad.
En el contexto de toda esta polémica, se destaca una iniciativa que hoy ocupa también a la dirigencia política argentina: la ampliación del número de miembros de la Corte. Esa ampliación lo convertiría en un máximo tribunal de 25 integrantes, federal, porque son los gobernadores ahora los que quieren designar a los magistrados, convocados por el Gobierno. Obviamente, una Corte con representantes provinciales termina siendo una corte peronista. Todo el mundo, creo que también buena parte de la oposición, toma este tema con frivolidad porque piensa que no es inviable. Pueden ampliar el número de jueces, pero no tienen los dos tercios del Senado para designarlos. Es decir, si arman una Corte de 25 de miembros, después queda vacía, queda esta de cinco, que es la que pensó Cristina y defendió en la TV Alberto Fernández. La de 25 sería abstracta, imaginaria, porque no hay cómo llenarla.
Pues no es tan así. Existe una norma que se llama Ley orgánica del Poder Judicial, que prescribe cómo se organiza la Justicia. Y es importante observar lo que dice el artículo 22° de esa ley: “En los casos de recusación, excusación, vacancia o licencia de alguno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este tribunal se integrará, hasta el número legal para fallar -es decir, la mitad más uno, en el caso de una corte de 25 serían 13 miembros-, mediante sorteo entre los presidentes de las cámaras nacionales de apelación en lo federal de la Capital Federal y los de las cámaras federales con asiento en las provincias. Si el tribunal no pudiera integrarse mediante el procedimiento previsto en el párrafo anterior, se practicará un sorteo entre una lista de conjueces, hasta completar el número legal para fallar. Los conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en número de diez (10), serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado”.
¿Qué hay? Que en esa palabra “vacancia” se abre una discusión: ¿Qué es vacancia? Si se arma una Corte de 25 miembros -con el que falta ahora más los otros 20- ¿hay 21 vacancias que deben ser completadas? ¿O vacancia sólo existe cuando uno de los que están previstos renuncia, lo echan o muere? Esta discusión se va a abrir ahora y estamos detrás de esta palabra viendo el túnel a través del cual el kirchnerismo podría llegar a controlar la Corte. Esta es la discusión que se aproxima y sería bueno que la oposición despierte a esto, porque tal vez no observó esta ley de organización de la Justicia, que es el huevo de la serpiente, que serviría para domesticar a la Corte o para paralizarla ¿Esto es escandaloso? No tanto. Si nos remontamos a la Historia, entre el año 52 y 53 hubo un juez tucumano puesto por Perón en la Corte, que se llamaba Felipe Santiago Pérez. Imaginaba una corte parecida a la que se quiere armar ahora, con tinte peronista. Pérez dijo, siendo juez de la Corte: “Una justicia que no fuera justicialista no sería justicia”.
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