Gasto social: la “motosierra” pegó fuerte en programas de empleo y educación
En 2024, los recursos a ese destino cayeron 80% en términos reales; en cambio, mejoró la cobertura de AUH y Tarjeta Alimentar
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- Mientras el gobierno nacional avanza en la revisión de pensiones por discapacidad y prepara un decreto para desregular las coberturas, el balance del primer año muestra que hizo el mayor ajuste del gasto social desde 2002, aunque con impacto heterogéneo. Si bien en los debates en general se pone el acento en los recortes a los jubilados, el mayor se dio en el segmento de jóvenes y adultos, especialmente en los planes de empleo y de inserción educativa.
En cambio, mejoró fuerte la inversión en niñez. La caída total del gasto social en términos reales fue del 14% interanual.
Los datos se desprenden de un trabajo de Andrés Schipani, Lara Forlino y María Victoria Anauati para el think tank Fundar al que accedió LA NACION.
En síntesis, el ajuste se concentró en la reducción del nivel de beneficios, con lo que se mantiene una tendencia que se viene dando, de “forma sistemática” desde 2015, con la excepción de los programas para niños.
En diálogo con LA NACION, Schipani explica que en programas de empleo la tendencia a la baja viene desde hace tiempo: “Entre 2011 y 2019 cayeron 80% en términos reales los fondos que se les daban y, salvo el año 2020 por la pandemia, continuó. La Argentina destina 0,03% de su producto a este segmento, cuando países más liberales alcanzan 0,25% y los más intervencionistas, 0,5%. Es cierto que los existentes tenían problemas de diseño, pero es clave repensarlos porque el rol del Estado en la transición de la informalidad a la formalidad. No solo es una situación problemática para los trabajadores irregulares sino para el sistema de jubilaciones que necesita de aportantes en blanco porque, como está, es insostenible”.
Respecto de 2023, en términos relativos, mientras el gasto social en adultos mayores cayó 9,3%, el destinado a jóvenes y adultos se desmoronó 39,8%. Cuatro de cada diez pesos que iban a ese segmento se cortaron. Por ejemplo, las becas Progresar o el Potenciar Trabajo (sucedido por Volver al Trabajo y Acompañamiento Social).
En el caso del Progresar, los fondos se redujeron 63,3% en 2024 por una combinación de caída de beneficios (30,7% menos) y beneficiarios (36,8% menos). Ya entre 2021 y 2023, con Alberto Fernández, el nivel de beneficios había perdido 27,9%.
Con la lupa puesta en la evolución con respecto a 2023, el ajuste más fuerte es en los programas de subsidios a la promoción o preservación del empleo formal (-81% en términos reales).
“Esta situación se da en un contexto donde los jóvenes perdieron la expectativa de ascenso social. Hay estudios que revelan que la escalera de mejora social para los grupos más vulnerables está rota”, reflexiona Schipani.
En el caso de las jubilaciones, mientras que en la gestión anterior las más bajas caían menos que las de quienes cobraban la mínima, hoy ocurre lo contrario: los pasivos que no reciben bonos (que están congelados desde febrero del 2024) registran mayores aumentos. Schipani plantea que “se debe terminar con esos extras, hay que establecer un mínimo y que se ajusta por la fórmula que se decida”.
La elección libertaria de los rubros en los que se ajusta o se expande la política social “se asemeja” a la de la gestión de Mauricio Macri. Lo que cambia es la magnitud del recorte. La “motosierra” de Milei es “tres veces mayor” a la de Macri y la mejora para los más chicos, “más que duplicó” la de Juntos por el Cambio.
Los niños, mejor
El aumento del nivel de beneficios de la AUH en el 2024 fue del 47,48% en términos reales (promedio 2024 versus promedio 2023) y del 99,78% entre noviembre de 2023 (último mes completo de Alberto Fernández) y el mismo mes del año pasado. La mejora logra revertir la caída de la inversión en AUH y en la Tarjeta Alimentar en los últimos meses de la administración kirchnerista. Entre 2021 y 2023, la baja combinada en estos programas fue del 20,28% en términos reales (y del 15,2% entre 2022 y 2023). En cambio, el año pasado el incremento fue del 16%.
El reporte precisa que subieron más los recursos destinados a AUH (40,7%) que los asignados a políticas sociales para niños en su conjunto, 13,8%. La diferencia la explica, básicamente, la reducción en los beneficios reales de la Tarjeta Alimentar, aun cuando se amplió el límite de edad para cobrarla 14 a 17 años, con lo que son más los beneficiarios. Las alzas estuvieron por debajo de la inflación, así que su capacidad de compra cayó 15,23% en promedio.
Los autores del trabajo destacan que el aumento de la AUH implicó un “incremento muy importante en términos de la protección social para los niños de sectores vulnerables”. La asignación junto a la tarjeta pasó de cubrir 65% de la canasta básica alimentaria para un adulto en noviembre del 2023 al 99% en febrero último.
Discapacidad
En el caso del sistema de protección de la discapacidad, hay un Nomenclador Único de Discapacidad (NUD) por el que Nación fija las tarifas de los servicios a facturar. La consultora Idesa muestra que, tomando como base 2017 (antes de la aceleración inflacionaria) en diciembre del 2020 el valor real del nomenclador era 37% inferior; en el 2022 se recuperó y quedó 23% abajo y el pasado abril terminó con un retraso de 50%.
Es decir, los montos que se pagan a quienes suministran las prestaciones por discapacidad tuvieron una actualización muy por debajo de la inflación y a esa licuación “la terminan pagando las familias con negación de servicios y/o gasto de bolsillo”.
Para Idesa el origen del problema es el “exceso de oportunismo. Por un lado, se establecen derechos definidos de manera amplia, ambigua, con límites indeterminados y gratuitos. Por el otro, se delega su suministro y financiamiento a entidades privadas (obras sociales y prepagas) o a las provincias. Como el esquema resulta financieramente inconsistente, se apela a compensar los excesos de consumo de servicios con la licuación del nomenclador con la inflación”.
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