Denuncian a funcionarios nacionales por entregar tierras de forma ilegal a militantes del Movimiento Evita en Jujuy
El gobernador Morales acusó a autoridades del Ministerio de Agricultura y de Parques Nacionales por los delitos de usurpación y abuso de autoridad
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LA NACION
El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, denunció este jueves a funcionarios nacionales por la entrega ilegal de tierras públicas y privadas a integrantes del Movimiento Evita en la provincia norteña. En la presentación a la que accedió LA NACION, el mandatario los acusó de cometer los delitos de usurpación y abuso de autoridad y explicó la “operatoria” por medio de la cual se cometieron los presuntos ilícitos.
En Twitter, el gobernador escribió: “Rechazo terminantemente las acciones de funcionarios nacionales del Ministerio de Agricultura que, arrogándose atribuciones del gobierno de Jujuy y en abuso de sus competencias, emitieron instrumentos reconociendo la posesión de tierras a militantes del Movimiento Evita”.
La denuncia interpuesta por Morales es contra Miguel Ángel Gómez, secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y dirigente del Frente Agrario del Movimiento Evita; María José Castillo, directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la misma cartera; y Cecilia Iriarte, intendenta del “Parque Nacional Calilegua” de la Administración de Parques Nacionales.
El mandatario acusó a los funcionarios de, “arrogándose atribuciones del gobierno provincial y en abuso de sus competencias legales”, emitir “instrumentos de reconocimiento de posesión a particulares y sobre territorios que o bien pertenece al domino público provincial o bien son de titulares privados”. Además, sostuvo que esto se llevó a cabo por medio de la emisión de documentos “sin respaldo” en los que se menciona a un listado de “supuesto poseedores tradicionales”.
“Las constancias que a estos fines fueron tomadas en consideración por los funcionarios denunciados consisten en meras declaraciones verbales de quienes se afirman propietarios y resultan, fundamentalmente mediante esas solas manifestaciones, reconocidos como ‘poseedores tradicionales’”, explica la denuncia, según la cual esta operatoria respalda a los beneficiarios para iniciar o persistir en reclamos de titularidad.
De acuerdo con Morales, dichos actos se llevaron a cabo sin dar intervención alguna a la autoridad provincial ni jurisdiccional competente, lo que implica una violación a “atribuciones legales y constitucionales específicas”. Y agrega: “Peor aún, en ningún caso, la documentación producida por los funcionarios denunciados incorpora algún tipo dato o referencia que permita identificar a los titulares registrales de las tierras ni se provee información sobre la precedencia de conflictos o reclamos en sede judicial o administrativa. Esto último, aun cuando, tal como surge de la prueba aquí acompañada, buena parte de los inmuebles en cuestión han sido y continúan siendo objeto de procesos litigiosos, de juicios de desalojo, así como de denuncias por usurpación”.
Una ordenanza, el origen de la operatoria
En la presentación, Morales asegura que la “grosera ilegalidad” cometida fue irregularmente enmarcada en una ordenanza del municipio de Palma Sola. “Por extraño que parezca, esa sola pieza legal resulta ser la principal plataforma legal de anclaje por medio de la cual los denunciados procedieron a reconocer irregularmente los alegados actos de posesión”, detalla y añade que la misma fue dispuesta por el Consejo Deliberante de esa localidad que “se dispuso categorizar a la totalidad del territorio comprendido bajo esa jurisdicción -con excepción del ejido urbanizado- como ‘Área Campesina’” y consideró necesario realizar un “Ordenamiento Territorial, Ambiental y de la Tenencia de la tierra que debería ser llevado adelante de manera participativa”.
De acuerdo con el gobernador, esa particular ordenanza fue considerada por los funcionarios denunciados como el “único sustento legal a nivel local que sirvió para proceder a emitir una serie de actos de reconocimiento teñidos de ilegalidad”. Y sigue: “Los mismos implican no solo un accionar a todas luces delictivo, sino una amenaza latente de potenciales conflictos territoriales, habilitados por tal proceder por completo de irresponsable”.
También insiste en que varios de los beneficiarios de los actos denunciados fueron con anterioridad demandados en el marco de “procesos judiciales que se ventilan ante estrados judiciales provinciales”. Tales causas incluyen procesos civiles de desalojo, acciones prescriptivas de dominio y denuncias penales por actos de usurpación.
El texto incluye varios casos concretos como prueba de los distintos “actos de reconocimiento de posesión irregularmente emitidos por los funcionarios en cuestión” y concluye que los mismos “no solo han incurrido en actos castigados por la legislación penal”, sino que “dado el cariz institucional de los actos emitidos su accionar resulta particularmente grave y tiene indiscutibles repercusiones en procesos judiciales tanto concluidos, como en curso”.
LA NACION
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