Human Rights Watch condenó el nombramiento de Lijo: “Uno de los ataques más graves contra la independencia de la Corte desde el retorno de la democracia”
La organización de derechos humanos ya había llamado la atención cuando el Presidente nominó al juez federal
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LA NACION
“El nombramiento por decreto de Lijo y García-Mansilla representa uno de los ataques más graves contra la independencia de la Corte Suprema en Argentina desde el retorno de la democracia”, afirmó Juanita Goebertus, directora par las Américas de Human Rights Watch (HRW), organización que ya había alertado sobre el perfil del juez federal de Comodoro Py.
“El presidente Milei no puede pretender evadir los mecanismos institucionales simplemente porque no ha logrado los votos necesarios en el Senado para nombrar a sus candidatos”, agregó la exlegisladora colombiana, que puso la mira sobre el Congreso y la Justicia: “Ahora, es responsabilidad de los otros poderes del Estado, especialmente del Senado y la Corte Suprema, estar a la altura de las circunstancias y frenar este atropello del presidente Milei”.
En su último informe anual, la organización de derechos humanos había alertado sobre distintos aspectos de la gestión de Javier Milei, que van desde los cuestionamientos a la postulación de Lijo hasta las agresiones verbales del Presidente y el protocolo antipiquetes.
El informe
El capítulo argentino del Informe Mundial 2024 comienza poniendo la mira sobre la candidatura de Lijo para la Corte Suprema. “Numerosas organizaciones de derechos humanos, ciudadanos, asociaciones empresariales y académicos expresaron su preocupación por el historial de Lijo como juez federal. A octubre [de 2024], Lijo tenía cinco investigaciones disciplinarias pendientes en el Consejo de la Magistratura”, advierte el informe, para recordar que el postulante de Milei para el máximo tribunal enfrentó “otros 29 procedimientos disciplinarios que fueron archivados, incluidos 16 in limine, es decir, sin ningún análisis. Algunos procedimientos se basaron en acusaciones de que Lijo atrasó o manipuló investigaciones por casos de corrupción”.
Ese primer punto del informe, titulado instituciones democráticas, advierte que si prosperan las candidaturas de Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla, la Corte argentina sería el único alto tribunal en América Latina completamente integrado por hombres.
En el segundo capítulo, dedicado a los derechos económicos, sociales y culturales, HRW pone foco en el pico inflacionario de 2023 y la reducción posterior de la inflación, pero advierte que “el plan de austeridad del presidente Milei redujo drásticamente el gasto público, lo que tuvo consecuencias en la financiación de varios programas sociales”.
En particular, señala la asistencia a víctimas de violencia de género, tarea que sufrió “recortes de entre el 70% y el 100%”. El ajuste, afirmó la ONG, también afectó a “programas de atención médica a enfermos de cáncer y de integración de personas con discapacidad”. El párrafo se cierra recordando los vetos de Milei al aumento de las jubilaciones y el financiamiento universitario.
El siguiente capítulo, Derecho a la protesta pacífica, es uno de los más duros con respecto a la administración Milei, al señalar que el protocolo antipiquetes que le permitió al Ministerio de Seguridad reducir la cantidad y el nivel de protestas que saturaban las principales ciudades del país, “en la práctica, criminaliza cualquier impedimento al tránsito derivado de una manifestación”, en línea con el informe que a fin de año publicó Amnistía Internacional, y que desató una fuerte reacción de la ministra Patricia Bullrich. El súbito descenso en la cantidad de cortes y piquetes de calles y rutas es uno de los activos más valorados de la gestión libertaria en las encuestas.
“Otorga a la policía amplios poderes para dispersar protestas y permite al gobierno obligar a los organizadores de manifestaciones a pagar los operativos policiales y los daños a la propiedad pública que sean consecuencia de una manifestación”, describe HRW sobre el protocolo.
Recuerda, además, que en enero, tres relatores especiales de Naciones Unidas solicitaron al gobierno “adecuar el protocolo a los estándares internacionales sobre el derecho de reunión pacífica” y que, en junio, “la policía activó el protocolo y respondió disparando balas de goma y gases lacrimógenos y golpeando a manifestantes” que rechazaban el tratamiento en el Congreso de la Ley Bases. “Algunos manifestantes quemaron contenedores de basura y un vehículo. La policía detuvo a 33 personas ese día, la última de las cuales fue liberada en septiembre”, describe HRW.
El siguiente título, Políticas de seguridad, vuelve a poner la mira en la gestión de Bullrich, aunque para destacar el despliegue de efectivos policiales que llevó a una baja del 72% en los homicidios violentos en Rosario, uno de los principales logros de la política de seguridad de la ministra.
Acto seguido, HRW cuestiona el protocolo de uso de armas de fuego lanzado en marzo por el Gobierno. “La resolución permite el uso de armas de fuego en un rango inaceptablemente amplio de circunstancias y debilita la rendición de cuentas tanto a nivel administrativo como judicial”, alerta.
Los ataques a periodistas insumen otro punto del informe anual. “El presidente Milei y miembros de alto nivel de su gabinete han utilizado una retórica hostil para estigmatizar a periodistas independientes y a medios de comunicación, usualmente a través de publicaciones en redes sociales, discursos y entrevistas que incluyen una amplia variedad de insultos y ataques personales”, afirma HRW, que cita al Foro de Periodistas Argentinos (Fopea) y su informe sobre los 45 periodistas que, para septiembre de 2024, habían sido “agredidos verbalmente” por Milei.
El capítulo violencia de género, breve, cita estadísticas de 2023 (los 250 femicidios reportados oficialmente), para luego recordar la denuncia contra el expresidente Alberto Fernández de parte de Fabiola Yañez y el hecho de que la causa judicial estaba abierta cuando se realizó el informe.
Al referirse a la violencia contra las personas LGBT, el informe vuelve a apuntar contra Milei y sus funcionarios. “Han hecho comentarios despectivos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, la identidad de género y la educación sexual inclusiva”, cita la ONG.
Abusos pasados, el anteúltimo capítulo, tiene dos focos de distinta magnitud. Por un lado, señala que el Ministerio Público Fiscal informó que, a septiembre de 2024, de 3732 personas investigadas por delitos de lesa humanidad, 1187 habían sido condenadas, 1213 murieron y 192 fueron absueltas; las restantes continuaban siendo investigadas. Acto seguido, relata que en julio, un grupo de legisladores libertarios visitó a detenidos que cumplían penas de prisión por delitos de lesa humanidad, entre ellos el exoficial de la Marina Alfredo Astiz. La segunda parte del capítulo está dedicada a la AMIA y la falta de condenados por el atentado después de 30 años,.
Política exterior se lleva el último titulo del informe y describe cómo “el gobierno de Milei se ha opuesto a resoluciones internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales y de género”. Cita el voto de septiembre en la Asamblea General de la ONU contra la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el rechazo del Gobierno al Pacto para el Futuro, “un marco global para abordar cuestiones como la desigualdad, el cambio climático y la gobernanza financiera internacional” y, finalmente, la votación de octubre en el G20, donde “la Argentina fue el único país que rechazó una declaración sobre igualdad de género”.
En su informe anterior HRW fue muy crítico de la gestión de Alberto Fernández, al que le cuestiona “la prolongada crisis económica en Argentina, que provocó altos niveles de inflación y una fuerte devaluación de su moneda en 2023, aumentó la pobreza y afectó la realización de derechos económicos y sociales”.
También resaltó que “el Gobierno impulsó un proceso de destitución de los jueces de la Corte Suprema en el Congreso, motivado políticamente, y empleó una retórica hostil contra el poder judicial” y que “el Congreso lleva años sin nombrar un procurador general, un defensor del Pueblo y un magistrado de la Corte Suprema, figuras clave en la protección de los derechos humanos y cuyos nombramientos requieren de una mayoría legislativa de dos tercios. La elevada polarización, que se incrementó durante la campaña presidencial de 2023, contribuyó al estancamiento de la actividad legislativa y al debilitamiento del Estado de derecho”.
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