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Imputaron a Juan Grabois por las acusaciones de malversación de los recursos del Fondo de Integración Social Urbano
El fiscal Stornelli impulsó la acción penal a partir de una denuncia contra el dirigente y contra exfuncionarios; está imputada también la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti
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LA NACION
El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó una investigación penal sobre el dirigente kirchnerista Juan Grabois, la exfuncionaria Fernanda Miño, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) y al expresidente del BICE Jorge Miguel Tanus, por el presunto manejo irregular del Fondo de Integración Social Urbano (FISU). Stornelli le pidió al juez a cargo del caso, Sebastián Ramos, ordenar medidas de prueba para rastrear cómo fue la ejecución de los fondos del fideicomiso durante la administración del Frente de Todos.
El FISU es la herramienta fiduciaria destinada a la urbanización de barrios populares que quedó envuelta en polémica por el retraso en los emprendimientos como al divulgarse que era manejadas por dirigentes cercanos a Grabois. Esta no es la primera causa judicial en la que Grabois queda imputado por este tema: ya hay otro expediente por estos hechos a cargo del fiscal Guillermo Marijuan y el juez Julián Ercolini.
“A partir de una auditoría realizada por el Poder Ejecutivo Nacional, se habría advertido que el Fondo de Integración Social Urbano (FISU), cuyo objetivo principal era el de urbanizar barrios populares, habría concretado tan solo cuatrocientas (400) obras de las seis mil quinientas diecisiete (6517) asignadas, habiéndoseles destinado fondos por hasta mil millones de dólares (US$ 1.000.000.000) en los últimos tres años, los cuales habrían sido utilizados para beneficio propio o para campañas políticas, existiendo además sobrefacturación y millones de pesos destinados en viajes y gastos no rendidos, todo ello conforme se denuncia”, planteó el fiscal en el requerimiento de instrucción al que accedió LA NACION.
Y agregó: “Finalmente, se desprende que el FISU habría incrementado sustancialmente su personal en el último período, pasando de tener tan solo sesenta (60) empleados a seiscientos (600), siendo que la gran mayoría de ellos se encontrarían afiliados a la agrupación social Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)”.
El fiscal le sugirió al juez una serie de medidas. En principio, le pidió que cite a prestar declaración testimonial a Luis Vitale, el ciudadano particular que presentó la denuncia en Comodoro Py. Además, le pidió al juez que envíe pedidos de información detallada al Ministerio de Economía sobre los programas en cuestión, así como también solicitudes para entender cómo fueron las contrataciones y saber qué organizaciones sociales pudieron haber intervenido en el manejo de los fondos.
También busca el fiscal información sobre la creación y la trayectoria del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que conduce Grabois. Y buscará que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) informe si se le otorgó la posesión de algún inmueble al FISU.
Cuando quedó imputado en el expediente que tramita el juzgado de Ercolini, Grabois dijo, través de un extenso posteo en X, que “entre las decenas de denuncias truchas que distintos personajes me fueron haciendo a lo largo de los años, me entero por los medios -nunca me llegó una notificación formal y en la causa hasta el momento no hay nada ya que el juzgado ni siquiera se ha declarado competente- que un fiscal de Comodoro Pygs [SIC] me honra con un supuesto “pedido de imputación”, es decir, que hay una investigación abierta sobre algún imaginario “curro”.
LA NACION
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