Investigan si grupos de Buenos Aires pagaron para que piqueteros se manifestaran contra Morales en Jujuy

La Justicia de Jujuy investiga si grupos de personas llegadas desde Buenos Aires organizaron la manifestación que intentó prender fuego a la Legislatura jujeña; si ofrecían pagar 5000 pesos a cada manifestante que fuera a la protesta -como surge de unos supuestos chats que dio a conocer el gobernador Gerardo Morales- y si ese dinero fue trasladado a la provincia por un supuesto “diputado de Buenos Aires”.

Una alta fuente judicial de Jujuy informó a LA NACION que hay 17 personas detenidas, entre ellas “gente de Buenos Aires”. A los detenidos les secuestraron los teléfonos celulares para ser peritados. Un equipo informático del Ministerio Público de la Acusación de la provincia estaba bajando el contenido de los WhatsApp.

Según una fuente judicial de Jujuy, en los teléfonos “aparecen mensajes que corroboran lo que se vio en las redes sociales de gente ofreciendo dinero para la marcha”.

El gobernador Gerardo Morales compartió en su cuenta de Twitter supuestos chats de WhatsApp que mencionan que se ofrecían 5000 pesos a los que fueran a la marcha, los convocaban “con capucha y varvijos (sic)” y que ese dinero había sido llevado a la provincia “por un diputado de Buenos Aires”. Las fuentes de la justicia jujeña dijeron que coinciden con el contenido de los celulares de los detenidos que se estaban peritando.

En una conferencia de prensa realizada en Buenos Aires para respaldar a Morales, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aludió a esos chats y se hizo eco de su contenido cuando dijo que hablaban de pagos y de entrega de billetes para asistir a la marcha.

Hay tres fiscales jujeños que investigan a los detenidos por atentado, resistencia a la autoridad, lesiones, daño agravado, incendio y la tentativa de impedir que funcione la Legislatura. Además, hay 42 policías lesionados, ocho locales vandalizados y tres vehículos incendiados. Los fiscales que intervienen en la investigación son Diego Funes, Walter Rondón y Rodrigo Fernández Ríos.

“No es algo espontáneo, esto claramente es algo que tiene un trasfondo político. Por eso es que están alentando a la gente a que provoque desmanes, daños y rompa la propiedad”, dijo un funcionario jujeño abocado a la investigación del caso.

LA NACION

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