Juicio a la Corte: el oficialismo, listo para imponer su número y aprobar la admisibilidad de las acusaciones

La mayoría absoluta que tiene en la Comisión de Juicio Político le garantizará al Frente de Todos la continuidad del proceso contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia cuando esta semana los diputados vuelvan a reunirse para decidir la admisibilidad de las acusaciones que pesan contra los magistrados en 14 presentaciones realizadas por legisladores, particulares y asociaciones profesionales y sociales.

La Comisión de Juicio Político, que preside la oficialista Carolina Gaillard (Entre Ríos), volverá a reunirse este jueves a las 11 con el único objetivo de definir si el proceso pasará a su etapa de instrucción, en la que los diputados deberán recolectar testimonios y aportar y elaborar las pruebas que deberán sustentar las acusaciones por mal desempeño de sus funciones contra Horacio Rosatti, presidente de la Corte, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Con 16 legisladores sobre un total de 31 miembros, el oficialismo tiene los votos para imponer su criterio y extender el debate por, al menos, los próximos dos meses, cuando la campaña electoral empiece a entrar en su etapa más candente. El kirchnerismo estima que ese será el momento de emitir despacho con las imputaciones contra los jueces.

El panorama, sin embargo, se complicaría para el kirchnerismo cuando los despachos deban ser discutidos en el recinto de la Cámara baja, donde el Frente de Todos está muy lejos de alcanzar el voto de los dos tercios de los presentes que exige la Constitución Nacional para acusar en juicio político a un funcionario ante el Senado, que oficia de tribunal de sentencia en estos casos.

Juntos por el Cambio se prepara para rechazar la admisibilidad del proceso, pero la Coalición Cívica-ARI ya le anticipó a sus socios que no cederá en sus pedidos de juicio político contra el juez Lorenzetti, que sostiene desde 2018, cuando la líder del espacio, Elisa Carrió, impulsó el primer pedido contra quien supo ser presidente del tribunal. A ese expediente, representado en 2021 por la diputada Paula Oliveto (Buenos Aires), se sumó una ampliación de las denuncias, encabezada por el jefe de la bancada y vicepresidente de la Comisión de Juicio Político, Juan Manuel López.

Según confiaron voceros de la CC a este diario, la idea del tercer socio de la principal coalición opositora es presentar un informe de admisibilidad específico en el caso de Lorenzetti, diferenciado de la denuncia ómnibus que el oficialismo impulsa contra los cuatro magistrados.

Así lo dejó en claro el sector que responde a Carrió el último jueves, cuando ratificó sus denuncias, pero desmarcándose del oficialismo. “No vamos a acompañar las causales que ustedes están propiciando porque entendemos que están direccionadas a mejorar la posición de un Gobierno cuando un fallo le es adverso”, sentenció Oliveto.

El oficialismo tomó la ratificación de la CC como una legitimación del proceso después de que la mesa nacional de Juntos por el Cambio anunciara, a mediado del mes pasado, que rechazaba de plano el juicio político por considerarlo una maniobra del oficialismo para desprestigiar el Poder Judicial y tachar la legalidad de las decisiones judiciales que afectan a Cristina Kirchner en las causas de corrupción que la tienen como protagonista.

“Decían que lo nuestro era una supuesta avanzada contra la Corte. Ahora quedó claro de que estamos haciendo uso de una herramienta prevista por la Constitución”, replicó Germán Martínez (Santa Fe), presidente del bloque del Frente de Todos, haciendo alusión a la intervención de Oliveto al momento de cerrar el debate la semana pasada.

Por lo que se escuchó el último jueves, en la que una docena de legisladores y particulares se presentaron a ratificar sus denuncias, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti son los jueces más cuestionados.

En el caso de Rosatti se destacó la denuncia de una particular, Patricia Isasa, que lo acusó de proteger a un expolicía que participó de la represión durante la última dictadura. Según la declarante, mantuvo una reunión cuando el actual juez era intendente de Santa Fe en la que le dijo que Eduardo Ramos, que trabajaba en la comuna, era la persona que la había secuestrado y torturado. “No me dijo ni sí ni no, ni blanco ni negro; no se comprometió a nada”, afirmó.

Sobre la figura de Rosenkrantz el oficialismo cargó las tintas en el fallo que, junto a Rosatti, avaló la aplicación del beneficio del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad en el denominado “Caso Muiña”. Lo destacó la diputada kirchnerista Mara Brawer (Capital), quien se preocupó por destacar que cuando firmó aquel fallo la figura ya había sido derogada del régimen procesal penal incluso para delitos comunes.

Por último, Lorenzetti sumó a la acusación impulsada por el oficialismo las imputaciones de la Coalición Cívica, en la que lo señalan como el responsable de haber llevado adelante en los años que presidió el tribunal “una matriz de negocios dentro del ámbito de su competencia, que condicionaron el accionar en la Magistratura”.

Estas imputaciones se suman a las incluidas en el pedido de juicio político del Frente de Todos, que toman como eje las supuestas arbitrariedades cometidas por los jueces en el fallo que declaró inconstitucional la integración del Consejo de la Magistratura y en el que favoreció una medida cautelar de la Ciudad de Buenos Aires en su disputa por los fondos de la coparticipación.

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