Justicia penal juvenil: cómo quedaría la edad de imputabilidad en el proyecto de ley del Gobierno
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Aunque la presentación del nuevo Código Penal está frenada , el proyecto de reforma al sistema penal juvenil en el que viene trabajando el Gobierno desde el año pasado, y que propone bajar la edad de imputabilidad, sigue siendo una de las grandes promesas. Si bien todavía no hay una fecha para su tratamiento en el Congreso, en el Ministerio de Justicia dicen por lo bajo que intentarán que llegue allí antes de fin de año. Pero todavía no hay nada definido.
"Me encantaría saber cuándo se va a presentar. Hoy no hay una fecha. Está en el plan Justicia 2020, es uno de los objetivos y prioridades del Ministro [de Justicia Germán Garavano]", explica el subsecretario de Política Criminal Juan José Benítez sobre el proyecto del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil que quieren presentar en el Congreso cuanto antes. "Hoy hay otras discusiones del ámbito legislativo que han generado mayor interés y atención en los legisladores. Hay que ver cómo hacemos para pasar la ley por el Congreso", añade. Otras fuentes del Ministerio coinciden con los dichos de Benítez sobre que todavía no hay una fecha de presentación, sin embargo, dicen que intentarán que ingrese a Diputados este año.
En el proyecto, la prioridad seguirá siendo la libertad del menor, con algunas excepciones. Fuentes del Ministerio dicen que la edad de imputabilidad dependerá de un consenso en el Congreso, y que probablemente termine bajando de 16 años a 15, y no a 14, como figura en los papeles de Justicia 2020. Allí está estipulada la posibilidad de que chicos de 14 años se vean involucrados en un proceso penal en caso de que cometan un delito que pueda ser penado con 25 años o más.
En una entrevista con LA NACION, Benítez reconoce lo que es un secreto a voces: que actualmente, y desde hace tiempo, hay menores inimputables privados de su libertad. "Hoy tenes un montón de chicos que siendo menores de 16 años, sin ser sometidos a un proceso penal, están encarcelados, por peligrosidad o por vulnerabilidad, lo cual es un horror. Es algo que realmente tenemos que lograr revertir en la Argentina, es una deuda de la democracia con los niños", dice. Benítez es abogado, antes de ser subsecretario fue el jefe de Gabinete del exsubsecretario Martín Casares y, antes de eso, trabajó 20 años en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.
La propuesta del Gobierno
"La propuesta que había surgido [para quienes tienen 14 años] era para ciertos delitos que son los más graves, con penas mayores a 20 años, como homicidios, violaciones. Habíamos determinado que un chico de 14 años que cometiera alguno de esos delitos podría estar sometido a un proceso y dentro del proceso determinarse su responsabilidad por ese hecho y a partir de eso decidir qué sanción imponerle. Eso significa que lo último es la privación de la libertad", explica.
Lo que propone este proyecto para quienes tienen 14 años es que puedan ser pasibles de imputación en caso de haber cometido un homicidio donde la pena sea de 25 años de prisión o más. En el caso de quienes tienen 15 años de edad, que puedan ser sometidos a un proceso penal si cometieron una violación, un secuestro extorsivo o un robo con arma de fuego, siempre que la pena sea de 15 años de prisión o más. Y, para quienes tienen entre 16 y 18 años, que puedan ser imputados si la pena de prisión es mayor a 3 años. En todas estas escalas se incluye también el grado de tentativa.
Sobre el sistema actual, el subsecretario explica: "De 16 a 18 hay un proceso judicial muy deficitario, pero existe. Sin embargo, son juzgados recién cuando son adultos".
"Hoy ocurre, con la ley vigente, que un chico de 14 años que cometió un homicidio es detenido y derivado a un centro de detención sin un proceso que determine si realmente fue el autor del hecho o no. Lo que nosotros proponemos es que a ese chico que está imputado, señalado como autor de un delito, se lo someta a un proceso con todas las garantías", continúa.
El objetivo será determinar si efectivamente el o la adolescente cometió el hecho por el cual se lo acusa y, si lo cometió, determinar qué sanción corresponde imponerle con un plan individualizado para cumplir esa sanción, con un equipo interdisciplinario que siga ese caso y un responsable que rinda cuentas ante el juez. "Y que el juez, transcurrido cierto tiempo, pueda revisar esta sanción y disminuirla si ve que en el chico hay apego o cumplimiento a las pautas de su plan individual. Pero que siempre lo último sea la privación de la libertad, que es algo que marca la convención de los derechos del niño y sobre lo que tuvimos que dar cuentas en Ginebra ", explica, sobre un viaje que hicieron poco tiempo atrás.
Sobre el estado de los Centros de menores en el norte del país, dice: "Son preocupantes las condiciones en las que están los Centros del norte, lo mismo los del Nordeste. No nos son ajenas y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que es el órgano encargado de la supervisión de estos Centros y que genera las distintas modificaciones, también tiene una preocupación muy profunda. El Instituto de la Juventud (Injuve) ha llevado a cabo reformas edilicias muy buenas".
Desde el Comité de los Derechos del Niño de Ginebra el Ministerio recibió recomendaciones para lograr un sistema penal juvenil que se ajuste a la Convención de los Derechos del Niño. Benítez cuenta que además fueron hasta allá para rendir cuentas, algo que antes no pasaba. "Hacía más de 10 años que la Argentina no rendía cuentas. Ese fue un paso importante. Después recibimos recomendaciones sobre cómo es lograr un sistema penal juvenil que respete los derechos del niño, tenemos una ley de 1980 que no se modificó en todos estos años de democracia y que no es respetuosa de la convención de los derechos del niño", apunta.
El presupuesto millonario que Nación asignará a la provincia
El sistema penal juvenil actual fue sancionado durante la última dictadura militar. La problemática en torno al sistema suele ser siempre la misma. Por lo general, el estado de los Centros es deplorable. Por eso, el ministerio de Justicia firmó a fines de julio un acuerdo con el ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires para "colaborar" con 40 millones de pesos en la construcción de un Centro de Admisión y Derivación (CAD) de Bahía Blanca. "La provincia de Buenos Aires es la que concentra casi el 60% de los casos con menores. Donde hay mayor cantidad de Centros de Admisión y Derivación (CAD). La provincia tiene deudas enormes con esos Centros".
En los CAD ingresan por no más de 12 horas todo niño, niña o adolescente menor de edad -inimputable o imputable- que acaba de cometer un delito y que, en la mayoría de los casos, fue aprehendido por la policía en flagrante delito, o que fue denunciado o detenido por la orden de un juez. Tras ese lapso el juez decide si el adolescente vuelve a su centro de vida o si ingresa al sistema penal.
El año pasado, en octubre, la cartera de Justicia otorgó 20 millones de pesos a la provincia que fueron destinados, según Benítez, a mejoras como la impermiabilización de techos, la modificación de los sistemas de desagüe y de cloacas y a la compra de colchones ignífugos. "La primera partida que transmitimos fue de un presupuesto máximo de 20 millones de pesos y para este segundo es un máximo de 40 millones de pesos, se firmó el viernes de la semana pasada [16 de julio]. El primero fue para la refacción, ahora es para la construcción. Ese primer presupuesto se ejecutó en más de un 90% ya. Ese acuerdo se firmó en octubre del año pasado", añade.
La falta de control del Estado
El subsecretario cuenta que, cuando un niño, niña o adolescente se enfrenta a la ley, son muy pocos los casos que se derivan a los CAD, y que, por lo general, vuelven a su centro de vida. "La verdad es que únicamente se derivan los casos gravísimos. Es a lo que estamos apuntando". Pero una de las grandes falencias del Estado es la falta de un seguimiento real sobre esos chicos que vuelven a su centro de vida y que muchas veces reinciden en el delito. Por eso, el Ministerio, en su proyecto de ley, intentará solucionar el tema. "Lo que se necesita es generar distintas estructuras, nosotros entendemos que lo más saludable es un equipo interdisciplinario, que haya un responsable por cada caso con un plan individualizado de cómo intervenir", explica.
El principio de especialidad exige que los operadores que trabajan en los CAD sean seleccionados en base a ciertas cualidades y experiencia y, a su vez, que estén capacitados para poder abordar los casos que llegan a los Centros. Eso no se cumple. "Quienes trabajan en los CAD no tiene esas habilidades, hoy el proceso de selección que se siguió para la gente que está en esos Centros no es un proceso que esté guiado por el principio de especialidad, que supone que vos conozcas y tengas formación que te permita dar un abordaje adecuado y no sea una réplica de un agente penitenciario que tengas trabajando con niños", dice el Benítez.
La mirada restaurativa que implementarán
Pero intentarán comenzar a cambiar esa realidad. La Subsecretaría lanzó un curso virtual gratuito llamado Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil desde una mirada restaurativa dirigido a capacitar a quienes trabajan en los CAD. Son 15 clases en el transcurso de seis meses, aunque no es obligatorio. Harán una prueba piloto del mismo en el Centro Nueva Esperanza, de La Plata. Durante el lanzamiento del curso en el Ministerio, la secretaria de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, Pilar Molina, dijo: "En la provincia hay bastantes cuentas pendientes con el principio de especialidad".
Molina también contó que en el territorio bonaerense están trabajando con un abordaje diferente al que regía antes de asumir la Secretaría en 2015. Explicó que Buenos Aires es la única provincia que cuenta con el programa Autonomía Joven, que se encarga de hacer un seguimiento del ingreso y del egreso de los chicos a centros cerrados y semicerrados; también de aquellos que deben cumplir con medidas alternativas. El programa posee presupuesto propio y comenzó a implementarse en Mar del Plata y Bahía Blanca en octubre de 2016. "Ahora está presente en 40 municipios", detalló. El seguimiento se prolonga hasta un año después de que los chicos dejan la institución. "Esto es absolutamente novedoso, acompañan al chico en su reinserción", agregó.
Hace un año y medio, además, firmaron un convenio con la universidad de Ginebra y con la fundación Tierra de hombres, que se dedica a llevar adelante procesos de justicia restaurativa. "A través de este convenio implementamos un plan de capacitación. Hoy hay 26 personas capacitandose. Hay un representante por cada provincia y dos del ministerio. Es un programa formador de formadores. La capacitación dura un año".
Asumir la responsabilidad
Benítez explica que el sistema penal juvenil actual no ayuda a que los menores de edad en conflicto con la ley sean conscientes de la responsabilidad de sus actos. "Las respuestas habituales que hasta ahora da el sistema de Justicia hace que no se sientan responsables por los actos que cometen porque un chico de 16 años no tiene ninguna respuesta del Estado frente a la comisión de un delito. Lo que se busca con la mediación es que, un equipo interdisciplinario, con la guía de un juez, pueda generar mecanismos de recomposición y generar la responsabilidad en otro".
Un protocolo de mediación penal juvenil con enfoque restaurativo es otra de las propuestas de Justicia 2020. Algunas de estas acciones que proponen ya se están implementando. La subsecretaría lo trabajó con siete países de la región y con representantes de todas las provincias. "Lo que se busca es dar una respuesta distinta a la conflictividad que suele ocurrir con los menores de edad y, sobre todo, con los inimputables. En la mediación el objetivo es acercar, por un lado, al imputado con la víctima, y después, al imputado con su entorno, es decir, con los referentes que pueden tener alguna influencia en su vida y que puedan ayudar a que reconozca la responsabilidad por el acto que cometió", explica. "Muchas de esas acciones ya se están ejecutando", añade.
- Los últimos datos sobre la cantidad de menores detenidos en centros privativos de la libertad datan de 2015. Fueron recopilados por la Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, perteneciente a la Subsecretaría de Política Criminal y, según ese censo, para ese entonces había 601 chicos privados de su libertad en la provincia de Buenos Aires. En el país, 1129 en total. Las mujeres solo representaban un 2% de la totalidad. El informe también describe que para 2015 había solo un menor de 12 años privado de su libertad, cinco de 13 años, 36 de 14 y 95 de 15.
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