La caja negra de la provincia, entre sueldos astronómicos y manejos discrecionales

En el corazón de la capital de la provincia de Buenos Aires, hay una manzana a la que no llega la luz. Es la manzana de la Legislatura, donde la opacidad, la falta de transparencia y la administración discrecional de “la caja” parecen definir los trazos gruesos de una cultura que degrada al sistema institucional.

¿Por qué tiene tan mala fama la Legislatura bonaerense? “Por dos cuestiones básicas: porque se la ha ganado y porque se la merece”. El que lo dice es alguien que conoce como pocos el funcionamiento y los códigos internos de ambas Cámaras. En estos días, esa institución ha estado en el centro de la escena por la controvertida aprobación de una reforma que habilita a los intendentes (pero también a los propios legisladores, concejales y hasta consejeros escolares) a una nueva reelección. En ese trámite se pudo ver uno de los rasgos que la caracteriza: es un ámbito en el que las fronteras partidarias están muy desdibujadas. Todos están afiliados al PL, “el partido de la Legislatura”, donde oficialistas y opositores parecen compartir códigos comunes y se mimetizan unos con otros. Esa cultura del poder tal vez explique por qué nadie ha denunciado, desde adentro, los vidriosos manejos que han hecho que la Legislatura tenga una “merecida y bien ganada” mala fama. No son todos iguales, por supuesto. Hay legisladores honrados y trabajadores, pero les cuesta marcar la diferencia. Lo que importa –en este caso- no son las individualidades sino “el sistema”; no son los casos aislados sino la cultura dominante. Es una cultura cada vez más alejada de la agenda ciudadana, encerrada en su propia lógica de “toma y daca” y habituada a un reparto de privilegios que no resistiría ni la más liviana auditoría.

Es cierto que, en todo el mundo, los Congresos y las legislaturas suelen ser blanco de un estigma y de no pocos prejuicios. Hay una mirada “antipolítica” que automáticamente asocia a las bancas legislativas con poltronas de privilegio, sin detenerse demasiado en sutilezas ni en la importancia fundamental que tienen esos actores para la vitalidad democrática. Desde ese prisma simplificador, suele creerse que un legislador solo trabaja cuando sesiona (sin computar la dedicación que demandan la elaboración, el estudio y el debate de un proyecto de ley en todo el proceso previo a su llegada al recinto). Con brocha gorda, muchos creen que los diputados o los senadores que viajan a sus distritos se van de vacaciones, cuando el contacto con sus representados es una parte esencial de su función legislativa. También es cierto que, en cuerpos colegiados y numerosos, los malos ejemplos de algunos suelen manchar injustamente la reputación del conjunto; como si todos fueran iguales a la diputada que juró y se tomó un avión a Disney, al que se besuqueaba con su novia semidesnuda en plena sesión por Zoom, o al que dejó a Santa Fe sin presupuesto por hacerse una escapada romántica a las exóticas islas Maldivas.

La Legislatura bonaerense, sin embargo, está muy lejos de ser víctima de un prejuicio; más vale parece trabajar –desde hace décadas- para abonar esa desconfianza y darle argumentos al escepticismo y la indignación ciudadana. En todo el año pasado, ninguna de las cámaras sesionó más de diez veces. Pero manejan, además, una agenda legislativa cada vez más irrelevante. El trabajo en comisiones es por lo menos magro. Hay legisladores que prácticamente no van a La Plata y que pasan años sin presentar un proyecto. Esta realidad contrasta con un “dato duro”: los bonaerenses son los legisladores mejor pagos del país. Lo ocultan (y es probable que lo nieguen), pero cobran, entre dieta y “gastos reservados”, unos 800.000 pesos por mes: casi tres veces lo que cobra un diputado nacional. Es un ingreso que la enorme mayoría no podría alcanzar nunca en el sector privado. Diputados y senadores son los únicos “empleados” que se fijan sus propios sueldos. Cuando se habla de “la caja” de la Legislatura, sin embargo, las dietas son lo de menos.

Es difícil ubicar un punto de quiebre, pero en la década del noventa se acentuó el “festival” de los subsidios, los contratos y las becas. Cada uno de esos ítems es una “caja feliz” que se maneja con controles laxos, recursos abultados y márgenes casi absolutos de discrecionalidad.

En la provincia, los diputados y senadores tienen piedra libre para hacer contratos. Cada tanto surge algún escándalo que pasa rápidamente al olvido. Hace pocos meses, por ejemplo, fue denunciada una senadora por pagarle con un contrato a la empleada doméstica de su casa. A la Legislatura no le movió un pelo: los contratos irregulares son parte de una larga “tradición”. Algunos los justifican (y los utilizan) para el financiamiento de la política; otros para pagarse servicios personales o para hacer (o hacerse) favores. En cualquier caso, hay un sistema que hace agua por todos lados y permite el revoleo de contratos como vía de financiamiento oscuro. Los montos se suelen repartir: un porcentaje va al bolsillo del contratado; otro a “la bolsa” de la política. Es un circuito que no está sometido a una contabilidad transparente. Si un legislador decide que un porcentaje es para su propio bolsillo, es casi seguro que nadie le pedirá una rendición de cuentas. Los contratos derivan, en realidad, de una “piñata” de módulos que administran los caciques legislativos.

Con los subsidios pasa otro tanto. Se entregan a sola firma: ¿con qué criterio? ¿a qué instituciones? ¿por qué montos? ¿bajo qué fundamentos? En la Legislatura bonaerense no está bien visto preguntar y no hay hábito de responder.

A diferencia de lo que ocurre en el Congreso nacional, donde los niveles de exposición son muy altos, y es más estricto el contralor de la sociedad civil, el palacio legislativo de la provincia está casi siempre alejado de los reflectores. No hay una lupa puesta sobre él ni sobre sus principales actores. Ha habido denuncias por nombramientos ficticios, subsidios truchos y becas otorgadas a personas inexistentes. Ni la Justicia ni la política llegaron demasiado lejos en el afán de esclarecerlas.

La degradación de la Legislatura bonaerense se ha acentuado con los años. La discrecionalidad de “la caja” no es algo que haya surgido ahora, pero hubo épocas en las que por lo menos convivía con una mayor calidad e intensidad en el trabajo legislativo. Supo contar, además, con legisladores de otro tamaño y peso específico; algunos que brillaban por su oratoria. A grandes rasgos, ese perfil se ha desdibujado. También se ha desnaturalizado la representatividad, con legisladores que saltan de sección electoral de acuerdo con sus conveniencias. El temario legislativo se ha hecho cada vez más insustancial. ¿Cuánto hace que la Legislatura bonaerense no atrae la atención con un debate de fondo sobre educación o seguridad, sobre la situación del Conurbano o sobre la generación de empleo? Una discusión que pondría a la política a la defensiva, pero que tal vez debería darse, es si se justifica que Buenos Aires sostenga el sistema bicameral en lugar de ir a un régimen unicameral, como el que tienen 15 de las 23 provincias argentinas.

El derrotero de la Legislatura bonaerense en las últimas décadas podría graficarse con un sube y baja: mientras bajaba la calidad legislativa, subía la caja. Durante la gobernación de Scioli, el presupuesto de las Cámaras pasó de ser un porcentaje de las partidas de Administración General a ser ese mismo porcentaje, pero de las partidas globales de la provincia (incluyendo IPS y organismos descentralizados). Detrás de ese aparente tecnicismo, que en su momento pasó por debajo del radar, los recursos de la Legislatura se multiplicaron exponencialmente. Todo esto ocurrió mientras el Tribunal de Cuentas miraba para otro lado. Designados por la propia Legislatura, los vocales de ese tribunal nunca mostraron mucha vocación por poner la lupa sobre el manejo de recursos públicos que los diputados y senadores bonaerenses se asignan a sí mismos. El año que acaba de terminar, la Legislatura tuvo un presupuesto de 17.700 millones de pesos (128 millones anuales por cada uno de los 138 legisladores). Para este año crecerá casi un 60 por ciento: serán 27.900 millones.

Recursos muy abultados y controles demasiado laxos, han sido una invitación al despilfarro, potenciada además por el anonimato que ampara, debajo de las listas sábanas, a los cuerpos legislativos. Así se ha consolidado una cultura contagiosa: sacar los pies del plato puede implicar el destierro político. Preguntar o denunciar puede ser un acto de traición al “partido de la Legislatura”.

Los legisladores administran, además, designaciones que “valen oro” en la provincia. Del acuerdo legislativo no solo dependen los nombramientos de los jueces: también los de los directores del Banco Provincia, el Defensor del Pueblo y el Fiscal de Estado, todos con sueldos que envidiarían los altos ejecutivos de Google. Cada uno de esos organismos también administra designaciones y privilegios con sugestiva discrecionalidad. Hay que decir, entonces, que la manzana de la Legislatura no es exactamente una isla: está conectada por túneles subterráneos con otras manzanas del poder en la provincia.

Quizá en defensa de la política, y por supuesto de las instituciones democráticas, alguna vez habrá que prender la luz en ese oscuro palacio de arquitectura neoclásica en el que se concentra uno los tres Poderes del mayor Estado argentino. ¿Alguien se atreverá a romper el pacto de la corporación política?