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La Cámpora aprovecha la cuarentena para avanzar casilleros
Atravesados, como estamos, por la gravedad de esta pandemia del coronavirus, dominados por el miedo a enfermarnos o a que se enfermen nuestros seres queridos, se nos pasan por alto hechos institucionales graves que amenazan a la democracia.
Lo primero que sucede es que la oposición está desaparecida del escenario mediático. No se la escucha, no interviene, no aparece, con la excepción de los opositores que gobiernan territorios, como Larreta, Gerardo Morales y el resto de los jefes de distrito que tienen a su cargo intendencias o provincias, pero que están absorbidos en la gestión de esta pandemia.
Lo que desapareció es un punto de vista diferente al del Ejecutivo, al del presidente Alberto Fernández y al de los funcionarios oficialistas y el del comité asesor de médicos de la presidencia. Todos dicen más o menos lo mismo. Una especie de pensamiento único.
Hoy me decía una consultora que hace encuestas: es difícil para la oposición aparecer haciendo críticas en esta emergencia cuando Alberto Fernández tiene niveles de aprobación altísimos.
Para Management & Fit, la consultora de Mariel Fornoni, el nivel de aprobación de la gestión del Presidente es del 58 por ciento. Para otras consultoras, su imagen personal tiene niveles de aprobación del 80 por ciento.
La consultora de Mariel Fornoni también registra una disociación entre los altos niveles de aprobación de Fernández y el aumento de pesimismo de los argentinos con respecto al futuro de nuestra economía, la otra pandemia que también puede poner en peligro tantas o más vidas que el coronavirus.
Es decir: había cierta expectativa de futuro cuando asumió el nuevo gobierno y esa expectativa se cayó a principios de este mes cuando la gente se chocó contra la realidad cuando se encontró sin dinero por la economía paralizada.
Esta concentración total de la comunicación y del manejo político se agrava con el congreso y la justicia paralizados y la oposición dividida.
Hoy el escritor Mario Vargas Llosa salió a alertar, a través de una carta, justamente sobre los peligros del abuso de poder. En una carta, que tiene la firma de Mauricio Macri, dijo: "Que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo".
En este contexto de emergencia y concentración de poder suceden cosas graves. El cristinismo/camporismo avanza casilleros y el Presidente deja hacer.
Cristina Kirchner y sus seguidores más duros están en una pelea con la Corte. Y desde el minuto cero están en una pelea con su presidente, el radical Carlos Rosenkrantz, que fue puesto por Mauricio Macri y que resulta un juez incómodo para los planes de impunidad que el kirchnerismo persigue desde que volvió al poder.
Hace mucho tiempo, casi desde su designación, que quieren la cabeza de Rosenkrantz. Uno de los abogados de la vicepresidenta, Alejandro Rúa, ya avisó que van a motorizar el juicio político contra el presidente de la Corte una vez que se normalice el funcionamiento de la Justicia. El motivo actual sería, entre otros, que la Corte no habilitó el tratamiento de la excarcelación de Boudou en medio de la feria.
Ayer Graciana Peñafort, la abogada de Cristina y de Boudou, socia de Alejandro Rúa, dijo una frase peligrosa, que hizo bastante poco de ruido en relación a su peso. Sobre todo porque la frase fue avalada por la vicepresidenta: "Es la Corte quien tiene que decidir si los argentinos vamos a escribir la historia con sangre o con razones, porque la vamos a escribir igual".
Máximo y Cristina Kirchner están impulsando el "Impuesto Patria" para 12 mil fortunas de la Argentina y que iría a un fondo para la emergencia sanitaria. El tema lo tiene que tratar el Senado, que está paralizado, por eso Cristina Kirchner, por consejo de Peñafort, le pide a la Corte una declaración de certeza: es decir, un fallo en favor de que la sesión virtual tenga validez.
Muy probablemente la Corte se expida el próximo martes y rechace ese pedido, pero dejando alguna pista de que el Senado puede regular su propio funcionamiento y, por ende, indicando que las sesiones virtuales tendrían validez.
La pregunta de fondo es: la amenaza velada de Peñafort –que usó la palabra "sangre" en este contexto- fue un desborde o, detrás de esa frase, hay una embestida contra la Corte? Algunos se preguntan si el kirchnerismo no estará buscando ampliar la Corte metiendo a los propios y así terminar de sellar el plan de impunidad.
Horacio Pietragalla Corti es el secretario de derechos humanos, camporista fanático y uno de los hijos políticos de Cristina. Tal vez por eso, porque es uno de los hijos políticos de Cristina, no creyó necesario pedirle autorización –o al menos comunicarle- al presidente Fernández o a su jefa, la ministra Marcela Losardo, para hacer lo que hizo esta semana: pedir por la libertad de uno de los emblemas de la corrupción kirchnerista, Ricardo Jaime, condenado por la tragedia de Once, pero además uno de los pocos corruptos que confesó haber pagado coimas a empresarios que debía controlar. Antes había hecho lo mismo con Luis D’Elía. Su pedido no tuvo éxito, pero el límite no se lo puso Fernández, que debería haberle pedido la renuncia, sino la propia Justicia, que le denegó la libertad. El Presidente la dejó pasar.
Un dato histórico que puede ayudar a entender: Chacho Pietragalla, el padre del camporista, es una especie de prócer dentro del peronismo y lo era para Néstor Kirchner. Fue un alto cuadro de montoneros y uno de los jóvenes de la JP que viajó en el vuelo del regreso definitivo de Perón a la Argentina. Un vuelo en el que Perón les dio un arma a cada uno de esos jóvenes para que lo defendieran en Ezeiza si las cosas se descontrolaban. Lo que siguió es historia conocida. Otro hecho grave que la emergencia tapó.
Un grupo de científicos del Conicet difundió un documento en el que recomienda que el Presidente restrinja sus entrevistas con periodistas, aparezca menos en los medios y no haga conferencias de prensa.
A diferencia de lo que sucede con los intelectuales en otras democracias del mundo, que denuncian las tentaciones autoritarias en medio de la pandemia, aquí sucede lo contrario: este grupo de intelectuales que asesora al Presidente están más preocupados por proteger al poder que por garantizar que a la gente le llegue toda la información y no solo la que el Gobierno quiere brindar.
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