La Corte Suprema validó la ampliación del tribunal de Santa Cruz y busca destrabar un conflicto de poderes
El máximo tribunal habilitó la nueva integración del TSJ provincial impulsada por el gobernador Vidal
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LA NACION
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la validez de la ley que habilitó la nueva integración del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz y con este fallo busca destrabar un conflicto entre los poderes del estado provincial.Con este fallo, el TSJ deberá integrarse con nueve miembros.
La disputa de poder en Santa Cruz se originó en septiembre del año pasado, cuando cuatro miembros del tribunal provincial rechazaron la ampliación del tribunal, que los dejó en minoría. Desconocieron los nombramientos de los nuevos vocales, no les pagaron el sueldo y les prohibieron el ingreso al edificio judicial. Además, removieron –sin mayoría plena– al juez Daniel Mariani de la presidencia del cuerpo.
De esta forma, la Corte convalidó la ley impulsada por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, que elevó de cinco a nueve el número de miembros del Tribunal Superior de Justicia de la provincia.
El año pasado, cuatro jueces de la Corte de Santa Cruz cercanos al kirchnerismo declararon inconstitucional esa ley y generaron una crisis institucional sin precedentes entre los tres poderes del distrito.
“Esta Corte no advierte que existan impedimentos para que los jueces designados según la ley 3949 asuman inmediatamente el cargo. Asimismo, corresponde aclarar que la presente decisión implica que la ley en cuestión vigente-recobre su plena aplicabilidad, de modo que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz se encuentra integrado con el número legal de nueve miembros quienes, a partir del dictado de la presente sentencia, deberán intervenir como tales -previo cumplimiento de los recaudos formales correspondientes- en todas las decisiones del tribunal”, sostuvieron los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La decisión del máximo tribunal de Justicia de la Nación llegó luego de dos exhortaciones para que la corte local enviara todos los expedientes que tramitaban en la provincia. Al analizar el caso, los ministros remarcaron los “graves defectos” en la decisión de impedir que los nuevos jueces asumieran sus cargos y en considerar la legitimidad de la asociación de empleados judiciales de la provincia para oponerse a la reforma dictada por el congreso sureño y entablar una demanda que frustró la ampliación del tribunal.
La Corte Suprema de la Nación enfatizó que “en los términos del artículo 5 de la Constitución Nacional, el gobierno federal es el garante del goce y ejercicio de las instituciones provinciales y que esta Corte Suprema tiene la responsabilidad, en el marco de sus competencias, de asegurar el cumplimiento del orden institucional establecido”.
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