La crisis del PAMI: deuda millonaria, cortocircuitos en el Gobierno y un conflicto gremial que podría extenderse
La obra social de los jubilados les debe unos $500.000 millones a sus prestadores; Lugones se reunió la semana pasada con “Toto” Caputo para destrabar fondos, pero todavía no lo logró
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LA NACION
El paro por 72 horas que activaron los médicos de cabecera en reclamo de mejoras salariales puso de relieve la crisis del PAMI, el organismo nacional que presta asistencia médica y social a más de 5 millones de jubilados y pensionados y que está bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones.
El PAMI tiene hoy una deuda con sus prestadoras que alancaza los $500.000 millones, según precisaron fuentes oficiales a LA NACION. El organismo les adeuda a clínicas, sanatorios, médicos y farmacias. Con el conflicto en ciernes, Lugones recurrió la semana pasada al Ministerio de Economía para explorar un auxilio financiero. Hubo hace ocho días un encuentro mano a mano con su par de Hacienda, Luis “Toto” Caputo. No hubo una resolución para enfrentar el pasivo y desde la cartera de Salud sugirieron en reserva que hay una demora en la transferencia de fondos para hacer frente a las demandas.
Desde la Casa Rosada, en tanto, relativizaron el conflicto y se mostraron confiados a una pronta resolución. “Algún mecanismo va a haber. Va a haber algún tipo de acuerdo. Hay solo un mes de atraso”, justificaron voceros oficiales.
La semana pasada, cuando el choque con los médicos de cabecera, que serían unos 8000, parecía inminente, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, publicó un comunicado en el que tomaba distancia del conflicto. “Toda información, consulta y gestión vinculada a dichas áreas corresponden ser canalizadas a través de las autoridades competentes de Salud”,especificó el breve texto que se difundió en la red social X. El mensaje dejó al descubierto los cortocircuitos en el Gabinete.
El PAMI cuenta con un presupuesto anual de más de 10 billones de pesos, pero hoy no contaría con los recursos para afrontar la deuda reclamada. La obra social de los jubilados está a cargo de Esteban Legúizamo, cuya gestión quedó recientemente en la mira por una denuncia por presuntos sobreprecios en la compra de de lentes intraoculares.
La Federación de Clínicas Bonaerenses (Fecliba) le envió el 1° de abril una carta a Leguízamo advirtiéndole que era necesario para mantener la atención “recomponer el circuito de pago de las prestaciones” y pidió establecer un cronograma de pagos. Además, exigió actualizar los valores de las prestaciones, “adecuándolos a la realidad de los costos actuales, incorporando mecanismos automáticos de ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que eviten nuevos desfasajes”. La carta de los empresarios, firmada por Jorge Soria y Néstor Porras, cerró con otra alerta: “La magnitud del escenario descripto impone la necesidad de avanzar en definiciones que permitan preservar la continuidad de los servicios y evitar mayores niveles de deterioro en la red prestacional”.
El paro es impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), pero cuenta con el respaldo de los gremios del sector público, como ATE y UPCN, que pretenden extender la protesta. La medida de fuerza surge tras la implementación de la resolución 1107/2026, que modifica el esquema de pagos y fue aplicada, según los profesionales, sin consulta previa y con carácter retroactivo al 1° de abril.
Desde el organismo, en tanto, sostienen que no se trata de un ajuste sino de una reconfiguración del sistema que incrementa el ingreso fijo de los médicos y que permite ordenar el gasto.
Con la nueva normativa, ese esquema fue reemplazado por un sistema exclusivamente capitado: PAMI elevó el valor por paciente de $900 a $2100 mensuales, pero eliminó todos los ítems extra.
Desde el Instituto defienden la medida. Fuentes de PAMI señalaron que el cambio implica “un aumento del ingreso fijo de los médicos de cabecera” y que busca “ordenar y proyectar la inversión del Instituto en esta materia, controlando posibles desvíos”.
Según explicaron, un profesional con 800 afiliados pasó de percibir $756.800 a $1.680.000 mensuales, lo que representa “un incremento del 121% en el ingreso fijo”. Además, sostienen que la unificación del nomenclador responde a un reclamo histórico del sector para simplificar la carga administrativa y que permitirá mejorar los controles sobre las prestaciones efectivamente realizadas.
“Hay una crisis generalizada en el PAMI. El reclamo de los médicos de cabecera es entendible porque les sacaron los adicionales. Además, les pidieron que limiten la atención a los pacientes diabéticos porque son tratamientos de alto costo. También hay demoras en la entrega de pañales. Es parecido a lo que sucedió en los 90″, dijo a LA NACION Ramón Farías, coordinador nacional de ATE en el organismo.
En el PAMI hay 10.500 empleados. Hubo un recorte de 1500 desde que llegó Milei, entre despidos y jubilaciones. Hay versiones que podría activarse en el corto plazo un plan de retiros voluntarios como el que el Gobierno abrió en los medios públicos.
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