La destituida fiscal anticorrupción de Entre Ríos, en riesgo de dejar de cobrar el sueldo
Cecilia Goyeneche, que logró la condena del exgobernador Urribarri, cobra el 60 % de lo que le corresponde, pero si el superior tribunal confirma su expulsión, no le pagarán nada; confía en que la Corte nacional anule toda la actuación
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LA NACIONHernán Cappiello
La fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, que lleva un año suspendida y fue destituida de su cargo mientras investigaba al condenado exgobernador de la provincia Sergio Urribarri está próxima a perder su sueldo, ya que la superior tribunal de justicia provincial se apresta a dejar firme su sanción. Su última chance es acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra esa decisión para seguir abrigando esperanzas. Ya presentó un per saltum y ahora analiza otro recurso.
“Coordinamos la investigación contra el exgobernador, logramos la condena por corrupción, pero ahora es como si nada. Estoy cobrando la mitad del sueldo, no puedo trabajar, y si confirman el fallo, dejaré de percibir mi salario”, dijo Goyeneche a LA NACION.
Goyeneche denunció que contra la decisión del jury que la destituyó presentó un recurso extraordinario que debe resolver el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, pero algunos integrantes se excusaron porque ya habían intervenido en el jury.
“Hace un año estoy suspendida, el 24 de mayo me destituyeron y ahora nombraron un tribunal con jueces elegidos a dedo para resolver, son jueces afines al superior tribunal de justicia”, dijo la fiscal.
Está esperando a que resuelvan. Si rechaza su pretensión está lista para llevar su caso a la Corte y que el máximo tribunal penal del país revise su destitución, pero en el medio se va a quedar, no solo sin trabajo, sino sin sueldo, ya que con el rechazo del recurso extraordinario en la provincia se ejecuta el fallo del jury deja de cobrar.
“Hay pocas posibilidades de que me hagan lugar a revisar mi destitución en el Superior Tribunal de Justicia, pero si fallan en mi contra, eso me habilitaría a llegar a la Corte Suprema de Justicia con un recurso extraordinario federal”, dijo la funcionaria.
“Me privaron de mi derecho a trabajar durante mas de un año lo que tiene muchas implicancias personales y funcionales, cuando la decisión de mi destitución está cuestionada y tiene un cúmulo de vicios que ya fueron marcados por la Corte y hasta el relator por la independencia judicial de la ONU”, dijo Goyeneche.
La fiscal explicó que la decisión de su remoción ya tiene consecuencias y por mas que la repongan en su cargo, ya hubo una afectación de las investigaciones que están en curso y fundamentalmente quedó afectado el Ministerio Público de la provincia de Entre Ríos, que no tiene a su fiscal anticorrupción.
“Deposito mis esperanzas en que si el Superior Tribunal de Justicia rechaza mi recurso, la Corte Nacional va a definir la situación con una solución ajustada a derecho”, insistió Goyeneche.
En su caso, cobra el 60 % del sueldo hasta que se resuelva su recurso extraordinario y el resto queda embargado. Si la restituyen en el cargo o aún si la expulsan definitivamente la diferencia de dinero se la deben de devolver igual, ya que así lo establecen las normas locales.
La fiscal está sin desarrollar tares y tampoco puede emplearse en la actividad privada ni abrir su propio estudio jurídico hasta que finalice su caso.
Goyeneche fue suspendida en sus funciones cuando lleva adelante un juicio oral con un equipo de fiscales contra el exgobernador y exembajador en Israel Urribarri, condenado a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua y absoluta para ejercer cargos públicos. La Justicia entrerriana encontró al exgobernador peronista (2007-2015) culpable de los delitos de negociación incompatible con la administración pública y peculado. Bajo el expediente que se titula con el apellido del ex gobernador entrerriano y que concentró cinco causas por diversas irregularidades, fueron juzgadas otras once personas, además de Urribarri. La Justicia endilgó distintas acciones a nueve de los 14 procesados y absolvió a los restantes, entre los que se cuenta el exministro de Turismo, Hugo Marsó.
Goyeneche comandó el equipo de fiscales que obtuvo esa condena y además coordinó una investigación por corrupción contra exfuncionarios -también ligados a Urribarri- que defraudaron en más de 56 millones de dólares al Estado entrerriano mediante contratos fantasma.
Fue suspendida porque se le reprocha que no se apartó de la causa a tiempo, cuando supo que uno de los contadores a los que investigaba había integrado junto con ella y su esposo un fideicomiso para la compra de un inmueble. Seis integrantes del jurado de enjuiciamiento votaron por abrir la causa; uno, por el rechazo.
Tras esa decisión, se realizó un jury donde Goyeneche fue destituida. La fiscal recurrió el resultado de ese jury ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. En paralelo presentó un recurso de per saltum a la Corte y un amparo porque para realizar el jury en su contra se prescindió del Ministerio Público Fiscal para acusarla por lo que entiende que ese procedimiento es ilegal e ilegítimo.
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