La Iglesia apuntó al Gobierno por el avance del narcotráfico y el “retiro del Estado” de los barrios

La Iglesia apuntó este martes contra el gobierno de Javier Milei por el avance del narcotráfico y el “retiro del Estado” de los barrios vulnerables. En una fuerte declaración, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) advirtió sobre la caída del presupuesto para financiar programas de prevención de consumo, lo que se refleja en el abandono de obras de infraestructura y de programas que acompañan a los jóvenes en situación de riesgo. En fuentes episcopales se estima que hay unos 300.000 jóvenes en situación de consumo en todo el país.

“Si el Estado se corre, entra el narcotráfico”, advirtieron los obispos, al describir un problema grave que el país arrastra desde hace varios años y que el desfinanciamiento de obras y programa coloca a los narcos al frente de “una suerte de Estado paralelo”, en el que ofrecen a los jóvenes “una vida corta pero aparentemente mejor, a cambio de su dignidad, su libertad y, muchas veces, su vida”.

El Episcopado, que preside el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Daniel Colombo, se pronunció con motivo del Día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, fijado por las Naciones Unidas para el 26 de junio de cada año, con la finalidad de generar conciencia frente a una problemática creciente y preocupante.

“Hay un retiro del Estado y dificultad para sostener programas de prevención y tratamientos en el tiempo”, advirtió, al respecto, monseñor Colombo en declaraciones radiales.

“Cada vez son menores los resultados porque crece la demanda. En los comedores hay más gente y pertenecen a la clase media empobrecida en este último tiempo. Muchos chicos transitan un tratamiento y no pueden ser socorridos como antes, la contención es clave”, planteó el arzobispo Colombo, en diálogo con Urbana Play.

En la Iglesia afirman que muchas obras de asistencia se sostienen con el trabajo de los voluntarios, pero es indispensable la presencia de profesionales formados que realizan una tarea que debe ser remunerada. “No se pueden mantener, no se puede pagar cosas que antes se pagaban”, advirtió Colombo.

El presidente del Episcopado expresó que “cuando se pierde el aporte del Estado, la prevención se pierde”, porque la prioridad es “atender a las personas y dar alimentos”. Insistió en que el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, pide “que el aporte del Estado vaya directamente a los destinatarios” –en su estrategia de terminar con la intermediación-, por lo que no se permite pagar sueldos, lo que afecta la tarea que lleva adelante la Iglesia.

“El facilitador es el voluntario, pero las estructuras tienen costos, servicios. Capital Humano pide que no se destine más del 50% del presupuesto hacia los salarios. Fundamentalmente nosotros tenemos la ayuda de la Iglesia que pone su comida”, planteó.

Fuentes del Episcopado advirtieron a LA NACION que hay un impacto muy fuerte en las obras de prevención de las adicciones, a lo que se suma el atraso de fondos que enviaba el Sedronar y el abandono de obras de infraestructura y de programas que acompañan a los jóvenes en situación de riesgo

“Se han dado de baja muchos programas que acompañan a los jóvenes que cayeron en la droga, con consecuencias directas en los centros de asistencia a los jóvenes que están rotos”, explicaron cerca de los obispos, en referencia al trabajo de recuperación de adictos que la Iglesia lleva adelante en los Hogares de Cristo. “Se desactivaron muchos planes que ayudaban a poder trabajar en la formación profesional con los jóvenes”, alertaron, en alusión a decisiones del área de Capital Humano.

El arzobispo Colombo declaró, al respecto, que la Iglesia mantiene diálogo con la administración libertaria a través de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, pero marcó: “El problema son los pocos recursos y esta dinámica de poner condiciones para tramitar los fondos; lo que dificulta el cumplimiento de todos los servicios”.

El pronunciamiento de los obispos

“Vemos con preocupación y dolor que la retirada del Estado abre paso al avance del narcotráfico, que ocupa ese lugar vacío y se convierte en una suerte de Estado paralelo, en el que los narcos ofrecen a los jóvenes una vida corta pero aparentemente mejor, y esto a cambio de su dignidad, su libertad y, muchas veces, su vida”, dice el documento de la Conferencia Episcopal.

“Es urgente y necesario –pide la Iglesia- que las autoridades nacionales, provinciales y municipales reconozcan y sostengan el trabajo que ya se realiza en el territorio, aportando los recursos necesarios para potenciarlo y ampliarlo. Sin una presencia constante del Estado y el compromiso de toda la sociedad en la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes, estaremos siempre corriendo detrás del problema”.

Los obispos reclaman en el documento que el trabajo voluntario de la Iglesia -que es gratuito- debe ser complementado con “equipos que puedan dedicarse a tiempo completo” y que eso “requiere financiamiento”.

En ese planteo, advirtieron: “Desfinanciar estas obras, demorar la ayuda o relegarlas a la buena voluntad de voluntarios agotados es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”.

“Sin el compromiso económico del Estado, esta ardua tarea no se sostiene. Y si esta tarea cae, no habrá quien reciba a los que tocan fondo buscando una segunda oportunidad. A quienes tienen responsabilidades de gobierno, les pedimos: ¡Escuchen el clamor de los que luchan por salir del consumo! ¡Vean el dolor de familias y comunidades que están destrozadas por este flagelo!“, cierra el documento de la Iglesia.

Por Mariano De Vedia

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