La inquietud principal de la Iglesia son los subsidios a las escuelas

Los $130 millones que el Estado aporta a la Iglesia Católica , una suma que prácticamente se mantiene invariable desde 2016, se destinan al pago de una asignación a los obispos y a sostener parroquias de frontera y seminaristas diocesanos y de algunas congregaciones históricas.

Ese rubro está lejos de dimensionar las acciones pastorales de la Iglesia y, según declaran fuentes gubernamentales, la suma del aporte estatal representa no más del 7 por ciento del dinero que implica el movimiento de la Iglesia, en sus distintos campos.

Tomando esa única referencia, el financiamiento de todas las actividades pastorales y sociales ascendería a $1850 millones, en una estimación muy general, que incluye fondos surgidos por iniciativa propia, donaciones y otras asignaciones oficiales.

La Iglesia Católica atiende con fondos surgidos de la colecta anual de Cáritas distintos planes de promoción humana y ayuda inmediata, como los destinados a la primera infancia, educación, alimentos, vivienda, economía solidaria, desarrollo comunitario y prevención de adicciones, entre otros fines sociales.

En la última colecta de Cáritas, en junio último, la Iglesia recaudó $91,6 millones, un 18% más que el año anterior.

Según pudo saber LA NACION, la principal preocupación en la Iglesia es que la discusión pública sobre el sostenimiento del culto derive en campañas destinadas a reclamar la eliminación de las subvenciones a la enseñanza privada, como un peldaño más en la escalada que sectores políticos y organizaciones civiles -simbolizadas en el pañuelo naranja- impulsan para lograr una separación completa entre la Iglesia y el Estado.

En realidad, tanto en el Gobierno como en fuentes eclesiásticas tienen en claro que el aporte educativo no es una asignación que recibe particularmente la Iglesia, sino que se extiende a otros cultos e, incluso, a colegios laicos que no tienen ninguna vinculación con la esfera religiosa. "Al propio Estado le saldría mucho más caro absorber la matrícula que atienden hoy los colegios que reciben subsidios", reconocen en canales oficiales. Por otra parte, la asignación de subsidios a las escuelas privadas es de jurisdicción provincial y no depende del Tesoro nacional. Los criterios y los montos varían en cada distrito.

Una realidad que la Iglesia atiende con recursos propios y fondos de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar) es la atención de los centros destinados a la recuperación de adictos, una problemática social que viene creciendo.

En algunas provincias y municipios, varias instituciones católicas están exentas del pago de algunos impuestos o servicios públicos, aunque ese beneficio no es uniforme en todo el país. El Estado financia muchas veces obras de envergadura en templos históricos o santuarios nacionales, como la Basílica de Luján, entre otros.

"Cada diócesis tiene su vida propia. No es lo mismo la arquidiócesis de Buenos Aires o de Córdoba que otras del interior, como Orán y Añatuya", describió una fuente eclesiástica. Sostuvo que las obras de la Iglesia se sostienen generalmente con lo que aportan los fieles y las donaciones. "En algunos casos, el ingenio y las necesidades llevaron a promover contribuciones familiares o de instituciones y la organización de eventos para recaudar fondos", confió. Al respecto, en una parroquia de Martínez se indicó a LA NACION que "en tiempos de crisis la gente sigue siendo muy generosa en las colectas, aunque es cierto que en muchos lugares los fondos bajaron".

Fuentes eclesiásticas estiman que menos de un 10% de las personas declaradas católicas concurren a misa, por lo que no habría mucha expectativa si el financiamiento se limitara a lo que aportan los fieles en la limosna. En muchas diócesis del interior, el aporte estatal hoy se destina a financiar la movilidad de los obispos o los sacerdotes para sus misiones pastorales.

Las proyecciones de recientes estimaciones eclesiásticas indican que en la arquidiócesis de Buenos Aires se aporta en las misas un promedio de $4,60 per cápita, mientras que el monto disminuye a $2,60 en San Isidro y $0,62 en Mendoza, por citar algunos ejemplos. El Episcopado organiza todos los años, en septiembre, la colecta Más por Menos, en la que se pide a los fieles una colaboración especial para ayudar a las regiones más necesitadas. El año pasado se recaudaron $44,4 millones, lo que significó un incremento del 13,2% respecto del año anterior.

Las diócesis consideradas más necesitadas, que recibe un porcentaje mayor de esa ayuda económica, son las de Orán, Añatuya, Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), Humahuaca y Formosa. Le siguen Puerto Iguazú, Cafayate, Oberá, Santiago del Estero y Goya. Siempre se reserva un remanente para ayudas de emergencia, catástrofes o situaciones especiales.