La Justicia falló contra Alicia Kirchner en su demanda contra los jubilados que reclamaban cobrar sus haberes
La Cámara de Apelaciones consideró que el gobierno provincial no había acreditado los perjuicios a los edificios púbicos que motivaron la presentación
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Corresponsal en Santa CruzMariela Arias
EL CALAFATE.- La gobernadora Alicia Kirchner sufrió un nuevo revés judicial en la causa en la que demandó a un grupo de jubilados estatales a quienes acusó de haber dañado edificios públicos mientras reclamaban que les pagaran sus haberes. La Cámara de Apelaciones de Santa Cruz confirmó el fallo de primera instancia que había considerado que las pruebas presentadas en la causa carecían de rigurosidad, en tanto que sostuvo que los jubilados estaban ejerciendo su derecho a reclamar.
Entre 2016 y 2018, debido al sostenido atraso en el pago de salarios y haberes estatales que mantuvo Alicia Kirchner en el primer período de su Gobierno, se suscitaron repetidos reclamos salariales con epicentro en Río Gallegos. El más sostenido fue el protagonizado por un nutrido grupo de jubilados estatales que mantuvieron la protesta por más de 100 días en la intemperie del invierno patagónico: acamparon en los jardines de la gobernación y frente al edificio de la Caja de Previsión Social.
En 2018, lejos de contemplar la situación de los jubilados, a través de la fiscalía de Estado, el gobierno de Kirchner los demandó a diez de ellos, por un monto 330.000 pesos a cada uno, por considerarlos responsables de daños en los edificios estatales.
El fiscal de Estado Fernando Tanarro consideró que existía “un sistemático plan intencional” de provocar daños de parte de los jubilados. La denuncia oficial aclaraba que no buscaba criminalizar la protesta social, ni mucho menos vulnerar el derecho constitucional a protestar.
El juez de primera instancia Francisco Marinkovic rechazó la medida cautelar solicitada por la fiscalía de Estado y consideró que la denuncia carecía de pruebas rigurosas. Tras la apelación del fiscal de Estado, ayer la Cámara de Apelaciones rechazó ese planteo, confirmó la sentencia de primera instancia e hizo observaciones sobre el tenor de las protestas sociales.
En el fallo, que lleva la firma de los jueces Enrique Arenillas y Diego Lerena, los magistrados citaron al Observatorio de Derechos Humanos del Senado, que en 2016 definió a la protesta social como “una de las formas más efectivas de expresión, y en muchas ocasiones, la única forma de expresión de grupos determinados” y advirtió que se trata de un derecho que “no solo favorece la participación, sino que facilita la comunicación en masas y pareciera ser un medio idóneo que permite a ciertos sectores populares sean escuchados”. La Cámara aclaró que esto no significa que los sectores que protestan “tengan carta blanca para producir daños”.
Y en esa misma línea sostuvo: “El ejercicio de derechos sociales no es una actividad contraria al ordenamiento jurídico, ni potencialmente riesgosa. No podemos tratar de igual forma para imputar responsabilidades colectivas a situaciones de distinta naturaleza jurídica, igualando a los grupos que defienden derechos sociales con otros grupos cuyos intereses son claramente antijurídicos y contrarios a la convivencia social”.
Flojo de pruebas
El fallo de Cámara sostiene que los elementos de prueba aportados no demuestran con suficiente claridad el daño que se intenta demostrar y reconoce que si bien en algunos casos se podría precisar la existencia del mismo, hay un problema de acreditación de autoría y de secuencia temporal en la evaluación de los daños. Los camaristas advierten en su fallo que no hay pruebas que justifiquen racionalmente el monto demando, tampoco presupuestos ni facturas de lo que el Gobierno provincial debió pagar para reparar los daños.
Los jueces también observan una falta de precisión en los testimonios de los testigos y citan el caso de una empleada de la Casa de Gobierno que trabajaba en la secretaría privada de la gobernadora y que se refirió a incidentes ocurridos en una fecha en la que ella ya no prestaba servicios en la gobernación y se había mudado a Las Heras, distante a más de 800 kilómetros de Río Gallegos, el lugar de los hechos denunciados.
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