La Justicia investiga el patrimonio del exministro Jorge D’Onofrio y apareció un “arrepentido” que apuntó a una allegada
El fiscal Garganta también analiza los bienes de un exjuez de Faltas y de una concejal muy cercana a quien manejó el área de Transporte de Kicillof
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LA NACIONNicolás Pizzi
La Justicia bonaerense puso en marcha una investigación sobre el patrimonio del exministro Jorge D’Onofrio, imputado en varios expedientes judiciales por un negociado millonario con las fotomultas y la VTV cuando era ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires. También están bajo la lupa la concejal Claudia Pombo, un exjuez de Faltas, y varias personas de su entorno. La investigación judicial, que venía avanzando en silencio, se sacudió en los últimos días con la aparición de un "arrepentido". No sería el único.
D’Onofrio es el centro en una megacausa que investiga al menos tres maniobras bien diferenciadas. La principal apunta al funcionamiento irregular del sistema de multas de la provincia de Buenos Aires. La Justicia tiene en la mira una red de gestores que ofrecían descuentos del hasta el 50 por ciento para borrar las infracciones.
Esa maquinaria ilegal contaba con la participación de varios jueces de faltas y funcionarios del Ministerio de Transporte. Entre los principales imputados aparece Mario Quattrocchi, extitular del juzgado de faltas de La Plata. La Justicia detectó que viajaba de manera frecuente al exterior junto a la concejal de Pilar Claudia Pombo, muy cercana a D’Onofrio. Luego se determinó que ambos estarían vinculados a dos emprendimientos gastronómicos en Málaga (España).
Pese a la investigación, esa red todavía seguiría operando.
D’Onofrio está imputado por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. Aunque el escándalo llevaba varios meses, el exministro renunció recién el 30 de diciembre del año pasado, y declaró en la causa en mayo para desligarse de todas las acusaciones.
La investigación ahora apunta al patrimonio de los principales imputados. El fiscal platense Álvaro Garganta le encargó esa tarea a la Unidad de Investigaciones de Activos Ilegales, que depende del Ministerio de Seguridad bonaerense. Además de D’Onofrio, en el listado aparecen la concejal Pombo, el exjuez Quattrocchi y otras cinco personas.
No es la primera vez que la Justicia apunta a los bienes de D’Onofrio. En paralelo, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay viene acumulando información sensible sobre el patrimonio del ex ministro y sus allegados. En esa causa, por lavado de dinero, hay datos relevantes que llegaron desde España a través de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Identidad reservada
La situación de Pombo se complicó con el testimonio de un “arrepentido”. Según pudo saber LA NACION, ese testigo de identidad reservada acusó a la concejal de Unión por la Patria de recibir “sobres con dinero” de parte de Cecaitra, una asociación civil que tiene cámaras en varios municipios. El testimonio detalló que los pagos se enviaban al Museo Ferroviario, en Libertador y Suipacha (Retiro). Pero también había entregas en “una estación de servicio, en un restaurante y una confitería.
Los receptores de esos sobres, siempre según el testimonio, eran un secretario de Pombo y su chofer.
“Los sobres eran de papel madera, formato cuadrado, variaban en su tamaño, y en otras oportunidades se trata de bolsas de papel madera cuyo contenido alcanzaba los 12 a 15 centímetros de alto, más allá que la bolsa podía ser más alta”, dijo el testigo ante la Justicia. Y agregó: “Su contenido no era algo compacto, parecía algo de papel y se podía suponer que se trataba de billetes. El sobre siempre estaba cerrado, con abrochadora y encintado, estaba limpios por fuera, sin inscripciones ni sellos, ni nada escrito”.
La maniobra se habría repetido dos o tres veces por semana durante los últimos tres años.
Pombo era muy cercana a D’Onofrio y ya tiene una condena previa por malversación de caudales públicos.
Otra maniobra que se investiga en la megacausa de La Plata apunta a las irregularidades en las adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (TVT). Cuando impulsó la causa, el fiscal Garganta puntualizó que ese negocio fue otorgado a siete empresas que previamente habrían tenido que contratar con la empresa ”Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, en la que tendrían participación funcionarios del Ministerio de Transporte.
Esa firma, que se encargaba de asignar los turnos de la VTV, recibía a cambio una comisión del 8,5% (más IVA) de cada pago realizado.
A medida que pasan los meses, la causa sigue sumando documentación y nuevos imputados. En las últimas semanas, Garganta sumó a ese listado a Héctor Miguel Lufrano Tamasi, exdirector Provincial de VTV, a cuatro integrantes de la Comisión Evaluadora designada para verificar la documentación de las adjudicaciones de la VTV, a Guillermo Delfín Fernández Boan (integrante de CAVEA y de Applus Iteuve Argentina) y John Malcom Greyling (integrante de SGS Argentina SA).
La lista de imputados ya tenía funcionarios judiciales, estatales, y empresarios del sector.
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