La Justicia ordenó publicar los bienes de los cónyuges de los funcionarios
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LA NACIONMaia Jastreblansky
La Justicia ordenó que los funcionarios del Gobierno y los legisladores del Congreso vuelvan a informar los bienes de sus cónyuges e hijos menores en un fallo de alta sensibilidad política. La sentencia echa por tierra una ley impulsada por el kirchnerismo que había traído opacidad sobre las declaraciones juradas públicas.
Desde la Oficina Anticorrupción (OA) –la dependencia que administra las declaraciones juradas– anticiparon a LA NACION que el ánimo del organismo es hacer cumplir el fallo emitido por la Cámara Contencioso Administrativo Federal y avanzar con las reformas para dar a conocer los patrimonios de las parejas de la política. Se conocería, por ejemplo, los bienes de la primera dama Juliana Awada hasta los del gremialista gastronómico Luis Barrionuevo , esposo de la diputada Graciela Camaño .
Aún resta saber lo que decidirán las primeras líneas del Gobierno respecto al fallo.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal ayer declaró inconstitucional el actual régimen de declaraciones juradas por considerarlo contrario a la Convención Interamericana contra la Corrupción y al derecho humano de Acceso a la Información Pública.
En agosto de 2016, la ONG Poder Ciudadano presentó un amparo contra el Estado Nacional exigiendo que se declare inconstitucional la ley 26.857 sancionada en 2013 por impulso del kirchnerismo, que modificó el régimen de declaraciones juradas y restringió la información disponible para la ciudadanía. Los datos patrimoniales del cónyuge, conviviente e hijos menores del funcionario pasaron a formar parte de un anexo reservado y actualmente sólo se puede acceder por medio de una orden judicial. Así, si un ministro coloca buena parte de sus bienes a nombre de su esposa, ese patrimonio queda oculto para el público.
En la demanda, Poder Ciudadano sostuvo que el nuevo régimen "va en sentido contrario a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en virtud de la Convención Interamericana contra la Corrupción" y que "constituye un retroceso en el reconocimiento del derecho humano de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía" para el efectivo control de la gestión del Estado.
La Cámara lo entendió del mismo modo y señaló que "no se exigen datos sensibles sino información que cumpla con los estándares y las obligaciones del Estado para fortalecer sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas".
La OA, encabezada por Laura Alonso , anticipó que el organismo buscará que el fallo se mantenga firme. La nueva ley de transparencia impulsada por Cambiemos, todavía no elevada al Congreso, prevé el regreso de la publicación de los bienes de los cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, para evitar "prestanombres".
"Respecto de la implementación, hemos ordenado un análisis legal y técnico del fallo al equipo de la OA. Una vez que tengamos esos informes estaremos en condiciones de decidir el temperamento a seguir. La OA quiere garantizar el cumplimiento del fallo, la publicidad y la sanción de la nueva ley de ética pública", subrayó Alonso .
Prórroga
Las declaraciones juradas de este año, donde deben detallarse los bienes que los funcionarios ostentaron hasta diciembre de 2017, vienen con retrasos en el proceso de publicacion. La mayoría de los informes patrimoniales, incluido el del presidente Mauricio Macri , aún no fueron publicados.
Según señalaron fuentes de la OA y de la AFIP la demora esta en la transmisión de datos y obedeció a un cambio del sistema. Las declaraciones juradas públicas de los funcionarios toman los datos de dos fuentes: el formulario de Ganancias y el de Bienes Personales. El sistema prevé que la AFIP transmita la información al Ministerio de Justicia, que luego elabora los informes patrimoniales finales que son publicados en la página web de la OA.
Días atrás, el organismo de control remitió una nota a la AFIP alertando sobre omisiones, errores y cambios en la información patrimonial de los funcionarios. "El paquete de datos remitido por AFIP no posee la misma estructura que los períodos anteriores. Dicha circunstancia trae como consecuencia que el anexo público contenga información distinta a la declarada en períodos anteriores y dificulta la realización del control", señaló el escrito de la OA.
Desde la AFIP informaron que "por los cambios en los aplicativos que hubo en la AFIP hubo una leve demora y que "la semana próxima ya la OA tendrá disponible toda la información".
En busca de transparencia
- Restricción: En 2013, el kirchnerismo impulsó una modificación de la ley 26.857 para eliminar la información de los cónyuges de los funcionarios de las declaraciones juradas.
- Reclamo: En agosto de 2016, la ONG Poder Ciudadano presentó un amparo contra el Estado nacional exigiendo que se declare inconstitucional la medida
- Justicia: Ahora la Cámara ordenó que los funcionarios y los legisladores vuelvan a informar los bienes de sus cónyuges
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