La Oficina Anticorrupción acusó a Lázaro Báez de lavar 60 millones de dólares

La OA mantuvo la querella, pero no hizo hincapié en la relación del empresario con Néstor Kirchner
La OA mantuvo la querella, pero no hizo hincapié en la relación del empresario con Néstor Kirchner Fuente: Archivo - Crédito: Eitan Abramovich/AFP
Candela Ini
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11 de marzo de 2020  • 16:26

La Oficina Anticorrupción (OA) comenzó hoy el alegato contra Lázaro Báez y otros 24 acusados en el juicio conocido como " La ruta del dinero ", ante el Tribunal Oral Federal N°2. En una exposición que duró más de cinco horas, las abogadas que representan a la querella dieron por probado el armado de una estructura jurídica y societaria para ejercer maniobras de lavado por 60 millones de dólares , y presentaron ante el Tribunal fragmentos fílmicos que, aunque ya se encontraban en el expediente, nunca se habían mostrado al público.

Se trata de otra serie de imágenes captadas por el sistema de seguridad que funcionaba en la empresa SGI de Puerto Madero -conocida como "La Rosadita"-, donde se ve a Martín Báez y a Daniel Pérez Gadín contando fajos de dólares sobre una mesa.

El primer video que se dio a conocer de La Rosadita

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Video

Este nuevo fragmento que expuso la OA formaba parte de un legajo reservado y, según explicaron fuentes judiciales a este medio, lo novedoso del material es que se trata de otro día, y se puede ver más cantidad de dinero sobre la mesa que la que se veía en el video ya conocido.

Hasta ahora se había dado a conocer el video en el que a Pérez Gadín se lo veía tomando whisky y encendiendo un habano en una oficina de SGI. Ese fragmento fue peritado y tomado en cuenta como prueba por el juez federal de primera instancia Sebastián Casanello, pero el video que expuso la OA durante el juicio oral y público es parte del material crudo. " Hay días enteros de filmación ", dijo a LA NACION un funcionario judicial que analizó el material.

"Báez fue el mentor y responsable de esas operaciones de lavado, que hicieron muchas personas de su confianza y bajo sus instrucciones, y propietario de SGI", afirmó la representante de la OA.

"Las operaciones de lavado de dinero fueron realizadas con fondos obtenidos de la actividad de Austral Construcciones y ordenadas por Lázaro Báez", continuó. Así, lo calificó como el "responsable último de la toma de decisiones del grupo empresarial y quien detentaba el poder de decisión sobre su giro comercial".

Según esta querella -y así como también consideraron las demás querellas-, el delito precedente al delito de lavado son las maniobras investigadas en la causa Vialidad, donde a Cristina Fernández de Kirchner, a Báez, y a exfuncionarios y exdirectivos de Vialidad se los acusa de haber cometido irregularidades para adjudicar contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz al Grupo Austral.

El vínculo entre Báez y Néstor Kirchner

Las otras partes querellantes en la causa, la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) ya acusaron y pidieron penas para la gran mayoría de los imputados en este proceso: ocho y nueve años de prisión para Báez, respectivamente.

El órgano a cargo de Félix Crous , que durante el gobierno anterior condujo Laura Alonso, se mantuvo como querellante en el juicio, pero en este alegato no se hizo hincapié en la relación de Lázaro Báez y Néstor Kirchner , elemento que había sido fuertemente señalado por la AFIP y que había retumbado fuerte puertas adentro del ente recaudador.

Después de la primera parte de la exposición, el TOF 2 dictó un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles. En esa audiencia la OA continuará con la descripción de los roles que habría tenido cada uno de los acusados en los hechos investigados y procederá con el pedido de penas. Según reconstruyó este medio, para los funcionarios de la OA que intervienen en esta causa los dichos de Leonardo Fariña como arrepentido fueron valiosos y podrían pedir una pena en suspenso para él.

La AFIP, en cambio, pidió una pena de cinco años para el arrepentido y solicitó que no se le concedan los beneficios que establece la ley del arrepentido. La UIF pidió que se le apliquen los beneficios, pero pidió cuatro años y medio de pena para él y remarcó que no utilizó sus dichos como prueba para acusar a los demás imputados.

Luego de este alegato será el turno del fiscal ante el Tribunal, Abel Córdoba , de acusar, y según supo este medio, Córdoba no haría demasiado hincapié en describir cuál fue el delito precedente.

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