La oposición condiciona el debate del Presupuesto a que Milei destine los fondos para las leyes aprobadas

Mientras Martín Menem intentó acercarse a los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo volvió a dinamitar cualquier posibilidad de consenso. Las reglamentaciones de la denominada ley del Garrahan y de la ley financiamiento universitario -promulgadas sin reasignación de partidas- tensaron al máximo el clima político. La oposición, que reclama el cumplimiento de las normas aprobadas por amplia mayoría, ya comenzó a trabajar en un dictamen propio del Presupuesto 2026.

Fue Nicolás Massot, de Encuentro Federal, quien lo anticipó hoy durante la reunión de la Comisión de Presupuesto. “Nuestro dictamen va a tener superávit fiscal para darle previsibilidad económica en los próximos dos años”, explicó. Según adelantó, proyectará un superávit del 0,9%, a diferencia del 1,5% que plantea el texto del Gobierno. “La diferencia se financiará con rentas generales”, detalló.

Durante la cumbre que convocó Menem para poner en marcha la discusión del Presupuesto 2026, los dialoguistas exigieron el cumplimiento de las leyes ya sancionadas por el Congreso y la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, ante la Comisión.

“Mientras el Poder Ejecutivo siga desconociendo leyes aprobadas con el 75% de apoyo en ambas cámaras, será difícil avanzar”, advirtió Massot al salir del encuentro. Su colega del bloque Democracia, Pablo Juliano, consideró la reunión “un comienzo de diálogo”, pero marcó límites: “El Gobierno tiene que encontrar la forma de buscar los fondos, como cuando dijo intempestivamente que podía gastar 12.000 millones de pesos para reimprimir las boletas sin Espert. Vamos a defender los temas sensibles que este año sancionamos. Vamos a ir hasta el fondo”.

Los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta -nucleados en Innovación Federal- acompañaron el reclamo de la oposición y se negaron a asistir a la cumbre organizada por el oficialismo. Exigieron “una reunión aparte” con Menem. Este martes, el diputado misionero Daniel Vancsik se reunió en Casa Rosada con Eduardo “Lule” Menem para discutir los intereses presupuestarios de su provincia, un formato que podría replicarse con otros mandatarios.

En tanto, los referentes legislativos de los seis gobernadores de Provincias Unidas -Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe)- tampoco participaron de la cumbre convocada por Menem y anticiparon que no asistirán a las siguientes. Reclamaron el cumplimiento de las tres leyes vetadas o demoradas por el Poder Ejecutivo.

“Fuimos al diálogo con la mejor predisposición, pero dialogar no es aceptar imposiciones”, escribió en X el diputado cordobés Carlos Gutiérrez, aliado a Llaryora. “Pedimos que se respeten las leyes aprobadas, que se incluyan los temas que afectan a las provincias -como las cajas de jubilaciones y los sectores productivos- y que se construya un presupuesto federal y realista. Si el Gobierno insiste en desconocer esos reclamos, lo único que demuestra es su desconexión con la realidad. Negar los problemas no los hace desaparecer”.

Los mandatarios no descartan sumarse al dictamen de Encuentro Federal o incluso presentar uno propio. Así, se desarma la estrategia de Menem de exhibir consenso detrás de su liderazgo.

Denuncias y advertencias

A diferencia de la emergencia en discapacidad -que Javier Milei promulgó, pero suspendió en el mismo acto, alegando falta de financiamiento-, esta vez el Poder Ejecutivo evitó anunciar una nueva suspensión. Solo señaló que “deberá definir las partidas presupuestarias” destinadas a los programas aprobados.

El gesto no alcanza para despejar el frente judicial. Los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein ampliaron la denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Milei, Guillermo Francos y Mario Lugones, por desoír la ley de emergencia en discapacidad. Incorporaron además a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Sobre el desequilibrio de poderes, Massot sugirió que, en última instancia, podría intervenir la Corte Suprema. Pero su hipótesis fue descartada de plano por Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria: “Tengo mis reparos en que estos conflictos se solucionen vía [Horacio] Rosatti, [Carlos] Rosenkrantz y [Ricardo] Lorenzetti. No descarto que se hayan reunido con [Barry] Bennet. Hay que empoderar al Congreso”.

Martínez agitó además otro recurso que amenaza con profundizar la tensión institucional: la moción de censura contra el jefe de Gabinete. Recordó que la semana pasada Diputados dictaminó una interpelación previa al eventual corrimiento de Guillermo Francos, y propuso actualizar los fundamentos: “En la sesión donde lo tratemos, que tiene que ser la próxima, hay que agregar estos dos elementos nuevos -la ley Garrahan y la de universidades-. Hay dos motivos más para interpelar y activar la moción de censura”, sostuvo.

En menos de 24 horas, el intento de diálogo se desvaneció. Lo que el oficialismo imaginó como un gesto de apertura terminó convertido en una ilusión óptica. A contrarreloj, Menem busca recomponer los puentes rotos mientras mira de reojo el resultado de las elecciones del domingo, que podrían reducir aún más su margen político.

Por Delfina Celichini

• Cámara de Diputados

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