La oposición se une en el Senado para apurar una sesión especial contra las designaciones por decreto de Lijo y García-Mansilla
Habrá un pedido “multipartidario” para debatir en el recinto sobre las nombramientos que dispuso Milei para la Corte Suprema; el rechazo del tribunal al pedido de licencia de Lijo agiliza las definiciones
5 minutos de lectura'
LA NACIONGustavo Ybarra
La decisión de la Corte Suprema de exigirle a Ariel Lijo que renuncie como juez federal antes de tomarle juramento como miembro “en comisión” del máximo tribunal de Justicia dejó al polémico magistrado expuesto a la definición del Senado, en donde una “multipartidaria” opositora se prepara para pedirle a la vicepresidenta Victoria Villarruel que convoque a una sesión especial para darle un punto final a los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo en mayo del año pasado.
El decreto del Poder Ejecutivo que designó a Lijo y a Manuel García-Mansilla como jueces “en comisión” en la Corte Suprema cayó como una bomba en el Senado y logró unificar posiciones entre amplios sectores de la oposición dialoguista (UCR, Pro, peronistas disidentes) y el ala kirchnerista de Unión por la Patria.
La intención de la oposición es enviarle a Milei una señal clara de que el paso que dio está “al filo de la Constitución” y de que la potestad de darle acuerdo a los miembros del máximo tribunal es de la Cámara alta, como lo establece la Carta Magna. “Si no le ponemos un límite, esto va a empeorar. ¿Si como dice el principio jurídico que el que puede lo más puede los menos, qué le impide ahora al Gobierno nombrar jueces federales por decreto?”, alertó un legislador kirchnerista.
La idea de que el Poder Ejecutivo se equivocó al apurar el nombramiento de jueces en la Corte por decreto es compartida incluso por legisladores de la oposición dialoguista que responden a gobernadores dispuestos a alinearse con los deseos de la administración libertaria.
La jugada no se limitará al pliego de Lijo. El pedido de sesión también incluirá la nominación de García-Mansilla, aún cuando desde el oficialismo sostienen que su ingreso a la Corte la semana pasada lo blindaría hasta la finalización de la presente legislatura, ya que, sostienen, la forma de remover a un juez del máximo tribunal es a través del juicio político.
“Su designación en comisión implica que está supeditada a la definición de un trámite; ese trámite es la aprobación o el rechazo de su pliego en el Senado”, le dijo a LA NACION un senador que participa de las conversaciones para que la Cámara alta tome cartas en el asunto y defina el entuerto constitucional provocado por el Gobierno.
Por esa razón, y en simultáneo con la intención de pedir una sesión especial, en algunos despachos del Senado se trabaja por estas horas en la idea de avanzar con la firma del dictamen de García-Mansilla para poder llevarlo al recinto sin la necesidad de tener que reunir el voto de los dos tercios de los presentes para habilitar su debate.
Se sabe que el jefe de la bancada libertaria de la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy), tiene un proyecto de dictamen con cuatro firmas. Habría que ver si el senador jujeño, que responde a las órdenes de Santiago Caputo, está dispuesto ahora a aceptar que se sumen otros legisladores en un contexto tan negativo para las nominaciones del Gobierno.
El caso de Lijo es diferente. Como ya tiene despacho de comisión, el tratamiento de su designación en una sesión está habilitado sin necesidad de reunir una mayoría agravada. En una jugada que intentó dar una señal de fortaleza política, Caputo ordenó, tres semanas atrás, presentar ante la Comisión de Acuerdos, que preside Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), el dictamen a favor de la nominación del juez federal. Como reveló LA NACION en su momento, el despacho tenía las nueve firmas desde el pasado mes de noviembre.
La jugada del Gobierno de presentar el dictamen contemplaba forzar una sesión el pasado 21 de febrero, último día del período ordinario de sesiones, para cumplir con la idea de Caputo de que Milei se presentara ante la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo último, con la Corte completa con sus cinco miembros. Pero el estallido del escándalo por la criptomoneda $LIBRA tuvo un efecto devastador para la movida del estratega de la Casa Rosada.
Si hace dos semanas el affaire que protagonizó el presidente Milei con la meme coin se convirtió en un lastre para la suerte de Lijo, la designación como juez de la Corte por decreto con su anuencia no hizo más que profundizar la situación del juez federal que, al menos por el momento, perdió algunos de los votos que tenía asegurados antes de que la situación se acelerara la semana pasada.
“El ya pidió licencia en su juzgado, aceptando el nombramiento por decreto, por lo que también desestimó al Senado, vulnerando la Constitución”, respondió un senador kirchnerista ante la consulta de LA NACION acerca de si el hecho de que todavía no hubiera jurado, como sí lo hizo García-Mansilla, le daba a Lijo una posibilidad de evitar el rechazo que impulsan los sectores más duros de la bancada de Unión por la Patria.
Una situación similar registra García-Mansilla, que perdió algunos de los votos que tenía en el Senado antes de que aceptara ser juez de la Corte por decreto del Poder Ejecutivo. Así, agravó la endeble situación que siempre tuvo su postulación, que por el rechazo cerrado del kirchnerismo nunca estuvo cerca de reunir el apoyo de los dos tercios de los presentes que le hubiesen abierto las puertas del máximo tribunal por el camino que establece la Constitución Nacional.
Más leídas de Política
1El Banco Central amplió la investigación contra las empresas vinculadas a Sur Finanzas y un club se “rebeló”
2La Justicia fijó un límite a la actualización de las indemnizaciones laborales
3La Corte comenzó con el decomiso de bienes de Lázaro Báez por US$ 60 millones en “la Ruta del Dinero K”
4Diputados: los comentarios fuera de lugar que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura de los legisladores electos
