La Sala I de la Casación, el tribunal que concentra las causas de mayor voltaje político
Deberá resolver si envía a juicio oral a Cristina Kirchner por el caso Hotesur-Los Sauces y definir la suerte de los expedientes por el pacto con Irán y el de los cuadernos de las coimas
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LA NACION
La Sala I de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, concentra, como rara vez pasa en los tribunales, las causas de mayor voltaje político del momento. Debe resolver si reabre el caso Hotesur-Los Sauces y envía a juicio oral a Cristina Kirchner, definir la suerte del expediente por el memorándum con Irán y decidir qué hace con los recursos que se acumulan en el caso de los cuadernos de las coimas.
Y eso no es todo: si se cumplen los pronósticos y después de años de proceso esta semana se cierra la causa Oil Combustibles en beneficio de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, será este mismo tribunal quien resuelva si confirma o revoca la sentencia.
Por eso, la Sala I de la Casación es hoy el tribunal más observado por la política.
Ayer, la integración de la Sala I quedó fijada para el próximo año porque Daniel Petrone, uno de sus jueces, se bajó de la disputa por la presidencia de la Cámara. Perdió sus chances de ser el próximo presidente, justamente, porque de haber sido elegido hubiera tenido que dejar la Sala. Pese a que Alejandro Slokar, a quien finalmente eligieron, es un jurista de mucha ascendencia sobre el kirchnerismo, en esas filas varios se entusiasmaban con que le ganara Petrone porque eso hubiera permitido rearmar la Sala I, que a priori no parece afín a las estrategias más osadas de Cristina Kirchner, pese a que esta sala confirmó el cierre del caso del dólar futuro.
La Sala I no tiene previsto tomar ninguna decisión de relevancia política en sus causas más calientes en lo que queda del año y es probable que le lleve tiempo resolver los casos más calientes. La Casación no tiene plazos escritos para dictar sentencias.
Quiénes son los jueces
Daniel Petrone
Petrone juró como juez de Casación en 2018, junto a sus colegas Barroetaveña y Guillermo Yacobucci. Antes, fue juez de instrucción en el fuero penal económico, donde le tocó un caso de gran sensibilidad política: el de la valija de Antonini Wilson, en el que le dictó la falta de mérito al extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), bautizado como “embajador paralelo en Venezuela”, Claudio Uberti. Petrone también se desempeñó como juez del Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín.
De carrera judicial, integra desde hace 20 años la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y dentro de esa agrupación fue uno de los fundadores de la lista Bordó, que suele ser crítica de las medidas adoptadas por el kirchnerismo en el ámbito institucional. También preside el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En los inicios de su carrera, en paralelo con su trabajo en los tribunales, Petrone fue cinco años director de las investigaciones sobre cárceles y sistema penitenciario en Unidos por la Justicia, la organización de Francisco de Narváez.
En la Cámara de Casación, Petrone suele fallar en sintonía con su colega Barroetaveña. Tal como lo hizo en diciembre del año pasado, cuando los dos votaron por convalidar las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos de las coimas.
Diego Barroetaveña
Barroetaveña hizo toda su carrera en el Poder Judicial. Primero, en la justicia de San Isidro, donde fue defensor oficial y luego juez de garantías. Como tal, tuvo a su cargo la causa por el asesinato de María Marta García Belsunce. En ese caso tuvo fuertes diferencias con el fiscal Diego Molina Pico. Barroetaveña no avanzó como pretendía el fiscal contra Carlos Carrascosa, el viudo de García Belsunce que estuvo preso y procesado como supuesto coautor del asesinato. Barroetaveña fue cuestionado por Molina Pico y acusado de haberse negado a cumplir un fallo de cámara que había ordenado la detención de Carrascosa.
Barroetaveña fue juez en San Isidro desde 1998 hasta 2005, cuando asumió como juez del Tribunal Oral en lo Criminal 21. En ese tribunal participó en el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra. Fue uno de los jueces que condenó al sindicalista ferroviario José Pedraza a 15 años de prisión, como partícipe necesario del homicidio. Ferreyra fue asesinado cuando participaba de una protesta que intentó cortar las vías del tren Roca con trabajadores tercerizados de las cooperativas ferroviarias, que fueron atacados por una patota de la Unión Ferroviaria.
Después de su paso por el TOC 21 y antes de llegar a la Casación, Barroetaveña se desempeñó en un tribunal oral federal de San Martín, donde juzgó casos de lesa humanidad. Integra la Asociación de Magistrados, de la que fue tesorero, y es dirigente de la lista Bordó.
Ana María Figueroa
Figueroa juró como jueza de Casación en 2011. Forma parte de la Asociación de Magistrados, pero a diferencia de sus colegas de la Sala I, apoya a la lista Celeste, que históricamente tuvo posturas más cercanas al kirchnerismo en la interna de los jueces.
Figueroa votó en disidencia en el caso de los cuadernos de las coimas, en el que Barroetaveña y Petrone validaron las declaraciones de los arrepentidos.
Sus dichos en una entrevista radial provocaron la apertura de una causa para investigar las presuntas presiones del macrismo. Según Figueroa, Juan Bautista Mahiques, por entonces subsecretario del Ministerio de Justicia, la visitó en su despacho cinco días después de que asumiera Mauricio Macri para reclamarle que firmara un fallo que declaraba abstracta la discusión sobre la constitucionalidad del pacto firmado entre Argentina e Irán por la causa AMIA. Mahiques negó que ese encuentro haya existido. Figueroa denunció el hecho este año, cuando habían pasado más de cuatro años de aquella supuesta visita. Según ella, porque era la primera vez que le pasaba y no tenía información sobre el “lawfare”.
Doctora en Derecho y en Ciencias Jurídicas y Sociales, Figueroa no viene de carrera judicial. Antes de llegar a la Casación era profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Rosario y ejercía como abogada.
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