La UTA acordó un aumento salarial y desactivó el paro de colectivos

La posibilidad de un nuevo paro de colectivos quedó descartada hoy tras la firma del acuerdo salarial al que llegaron la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las las cinco cámaras empresarias del sector que administran las unidades que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El acta, avalada por la Secretaría de Trabajo y a la que accedió LA NACION, contempla que desde el 1° de mayo el salario básico conformado para los choferes se elevará a 1.270.000 pesos y desde el 1° de junio llegará a 1.300.000 pesos. Además, se acordó que los viáticos y reintegro de gastos serán de $9300 desde el 1° de mayo y de $9700 desde el 1° de junio.

Este trato quedó lejos de las pretensiones del sindicalista que encabeza la UTA, Roberto Fernández, que reclamó inicialmente un sueldo básico de $1.700.000.

Además, ambas partes se comprometieron a reunirse en junio próximo para evaluar una posible actualización en función del aumento de precios y costos. El sector empresarial se comprometió a analizar una compensación de los haberes correspondientes al paro de 24 horas que realizó la UTA el 6 de este mes.

En el convenio firmado las cámaras aclararon que el cumplimiento de las mejoras está condicionado a “la nueva resolución de los costos e ingresos medios de los servicios de transporte urbanos y suburbanos de la región metropolitana de Buenos Aires que habrá de emanar del Ministerio de Economía que contemple necesariamente que los referidos incrementos convenidos sean asignados/acreditados a las empresas beneficiarias en tiempo y forma para poder hacer frente a los mismos”.

El conflicto salarial de la UTA no es uno más del rompecabezas de paritarias porque esconde una pelea que involucra de manera directa al Estado. La balanza de los subsidios estatales para garantizar el servicio se fue desequilibrando con el tiempo.En el AMBA el sistema funciona hoy con $172.000 millones mensuales, de los cuales un 70% lo aporta el Estado y el 30% sale del precio de las tarifas, según precisaron fuentes empresarias. Esta ecuación se mantiene a pesar de la retórica libertaria de la motosierra.

Fernández es un sindicalista al que el conflicto le incomoda. Cedió ahora ante una nueva protesta a pesar de que el ofrecimiento salarial fue menor al que pretendía. Además, el Gobierno jugó fuerte en este conflicto para evitar la huelga de los colectiveros. Dictó una conciliación obligatoria para neutralizar el paro previo de la CGT y hasta envió auditores a la obra social de la UTA, que es conducida por la esposa de Fernández.

LA NACION

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