Las empresas de Lázaro Báez fueron protegidas por la IGJ

Tres empresas de Lázaro Báez recibieron una protección especial dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ), que evitó responder a pedidos de informes realizados por la Justicia.

La polémica actuación del organismo, que depende del Ministerio de Justicia, se centró en Austral Construcciones y en las petroleras Epsur y Misahar, que comenzaron a recibir una protección especial desde el 21 de junio del año pasado, cuando la Justicia requirió datos sobre ambas empresas.

La demora permitió que esas firmas comenzaron a ordenar y completar sus legajos societarios, según consta en los registros del organismo y confirmaron a LA NACION fuentes de la propia IGJ.

Dentro de la IGJ, los oficios judiciales que llegaron el 21 de junio pasado sobre Austral Construcciones y Misahar se encuentran "bajo proceso de análisis". Lo mismo ocurre con el oficio "reiteratorio" que, en el caso de la primera, llegó el 28 de marzo de este año. Las autoridades de la IGJ no respondieron ninguno aún.

El caso de Austral Construcciones es el más notable. Tras el estallido del escándalo del valijero Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar, el juez federal Sebastián Casanello envió a la IGJ su propio oficio, que ingresó como "urgente" este miércoles. De inmediato, el pedido de informes subió hasta la cúspide del organismo que lidera Luis Rodolfo Tailhade, según indicaron dentro de la IGJ a LA NACION.

Para entonces, Austral Construcciones había pedido un "certificado de vigencia y pleno cumplimiento" de las normativas de la IGJ, el equivalente a un certificado de buena conducta societaria que emite el organismo.

Pero se encuentra en Mesa de Entradas desde el 8 de marzo pasado. "El certificado se emite para informar que la empresa requirente no adeuda tasas o balances y que tiene su directorio al día", explicó una fuente de la IGJ. "Pero si debe algo, queda en observación y trabado", añadió.

En el caso de Austral Construcciones, durante los últimos años no habría presentado sus balances, al menos hasta principios de 2012, al igual que la Fundación Madres de Plaza de Mayo hasta que estalló el escándalo con Sergio Schoklender como el presunto responsable de una malversación de cientos de millones de pesos.

La constructora de Báez, sin embargo, comenzó a ordenar sus balances "hace poco", según trascendió dentro de la IGJ. Y en cuanto llegaron ciertos documentos al organismo, subieron todo el espinel. "Esto lo estaban esperando de arriba", fue la lacónica respuesta, aunque de ser así, no constan en los registros oficiales.

Durante los últimos meses, mientras tanto, las empresas del socio del fallecido ex presidente Néstor Kirchner también comenzaron a ordenar sus propios legajos.

El 20 de septiembre pasado, Epsur y Misahar aumentaron sus respectivos capitales sociales de manera exponencial y, al unísono, también comunicaron que el hijo de Báez, Martín, cesaba en sus funciones como director suplente en ambas.

En el caso de Epsur, su capital social aumentó 180 veces. Pasó de 500.000 a 90 millones de pesos, con los que debería afrontar, por ejemplo, las inversiones necesarias para operar cuatro áreas petroleras en la provincia de Santa Cruz.

Sin embargo, la actualización del capital declarado por la otra petrolera, Misahar, fue aún más pronunciada, pero porque comenzó con una cifra casi ridícula. Pasó de operar con apenas 260 pesos a 17,2 millones.

Semejante desajuste se explica, en parte, porque recién en septiembre de 2012 comunicó dos asambleas que se habrían celebrado en mayo de 2001 y en julio del año pasado para actualizar aquellos 260 pesos de capital con los que la firma debió hacer frente durante la última década a los riesgos de las diversas áreas petroleras que opera en la Patagonia. Tres de ellas, también en la provincia de Santa Cruz.

Un día después, el 21 de septiembre, Misahar y Epsur dieron otro paso para ordenar sus papeles dentro de la IGJ, que pasados tres meses seguía sin responder a la Justicia. Presentaron sus respectivas reformas de los estatutos societarios con los trámites correlativos 2134796 y 2134797, según consta en los registros oficiales de la IGJ que cotejó LA NACION.

Presentadas esas reformas, entonces sí se bifurcaron los caminos. En el caso de Misahar se encuentra más avanzado y en pleno "proceso de registración", en tanto que la presentación de Epsur se encuentra aún "en proceso de análisis".

Ventajas de estar cerca del poder

Lázaro Báez - Empresario kirchnerista

• Diversos organismos del Estado lo beneficiaron
• Sus empresas estaban en una situación irregular ante la IGJ, pero esa información fue retaceada a la Justicia cuando la requirió