Las señales del Gobierno de que la lucha antinarco había dejado de ser prioridad

“En tres años probablemente sea el peor problema de nuestro país”. La frase se refiere al narcotráfico y pertenece a Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dicha en diciembre, poco después de asumir a la cabeza del máximo tribunal del país, la misma volvió con fuerza esta semana, cuando se conoció la muerte de 24 personas en el conurbano bonaerense por intoxicación con cocaína adulterada.

Tras su declaración, Rosatti participó de una mesa de coordinación para el abordaje de la narcocriminalidad y los delitos conexos. Fue en Rosario, uno de los puntos más afectados por el narcotráfico a nivel local. Estuvo junto al procurador General, Eduardo Casal, el secretario de Coordinación Institucional del organismo, Juan Manuel Olima, el titular de la Procunar, Diego Iglesias, y varios de los principales hombres de la justicia local. El hecho fue considerado como una “señal” en el tema por parte de uno de los tres poderes del Estado, ante un problema de magnitud.

El caso también se convirtió en un nuevo round entre oficialismo y oposición. El cual en las últimas horas sumó un duro cruce entre la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el actual titular de la cartera, Aníbal Fernández, con acusaciones de alto calibre.

En medio del problema, que devela el enorme deterioro del tejido social, no fueron pocos los que apuntaron a que la primera señal del Gobierno en el área estuvo dada por la figura de Sabina Frederic, quien sucedió a Bullrich con la llegada del Frente de Todos y antecedió a Fernández, cuya asunción al cargo data de cuatro meses atrás.

“En los dos años de la antropóloga no se habló de narcotráfico”, expresó una importante fuente judicial, en referencia a lo sucedido durante la etapa de Frederic. Tras lo que agregó que “cuando (el ahora ministro bonaerense, Sergio) Berni era secretario de Seguridad, se hacían los allanamientos por narcotráfico, él tenía un rol activo y se mostraba ahí”. A lo que agregó que “eso funciona como un estímulo para los hombres de fuerza”. Luego de lo cual consideró que en la etapa de Bullrich “pasó algo parecido”. “Ahí había un mensaje claro a las fuerzas de Seguridad: se respaldaba el trabajo, había un involucramiento claro. Se promovían los ascensos y eso se traducía en más y mejor trabajo”, completan.

El especialista consultado marcó diferencias entre Frederic y Fernández al señalar a este último como una persona que da respuestas concretas y efectivas ante las demandas de los investigadores cada vez que se lo solicita. Una línea que también defendían hombres del oficialismo al señalar, entre otros puntos, cómo “Aníbal salió a responder” a las acusaciones en su contra con “datos duros, que son el resultado de trabajo”.

“Las fuerzas de Seguridad responden a la política y en ese sentido Bullrich fue una abanderada de la lucha contra el narcotráfico”, completaron parte de las fuertes consultadas. Y graficaron con una escena. “Cuando se vistió de fajina, la hicieron meme y muchos se reían, pero en la realidad, para los efectivos que están trabajando en zonas complicadas, que ponen el cuerpo a combatir el delito, lo que ella hizo es todo un gesto y eso se traduce en un mayor compromiso de ellos”.

Tras la salida de Bullrich se identifica el “parate” en la lucha contra el narcotráfico y se insiste con la situación que se dio con la llegada y gestión de Frederic. “Llegó como antropóloga, gestionó como antropóloga y se fue como antropóloga”, resumen. En ese sentido señalan que en febrero de 2020, Frederic disolvió la Subsecretaría contra el Narcotráfico y le bajó el rango a una Dirección dentro de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial. “Sería el equivalente a cuando los kirchneristas señalan que el macrismo bajó al Ministerio de Salud al rango de Secretaría”, equiparan.

A lo que agregan que por decisión de la interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós de Rébori, ya no se puede hacer inteligencia en las cárceles. La decisión fue en el marco de la causa de espionaje ilegal. “En lugar de cambiar a los responsables de lo sucedido, directamente se desarmó él área, con todo lo que eso complica a una investigación judicial”, detallaron. “El Estado protege al narco de una investigación”, apuntó un funcionario judicial a La Nación, quien también destacó la importancia de saber con quiénes hablan y se juntan en prisión los narcotraficantes es vital para continuar las investigaciones e impedir nuevos ilícitos.

Para eso incluso citó un ejemplo concreto con el caso de “Guille” Cantero, líder de la banda rosarina “Los monos”, que desde su reclusión en la cárcel organizó una secuestros extorsivos. Cantero es, además, un ícono de la connivencia del delito con terminales del Estado. En su celda llegó a llevarse el teléfono público del penal, cuando se le secuestraron los teléfonos que tenía en su poder y desde los que seguía cometiendo delitos. A lo que sumó la dificultad con la que se enfrentan también a la hora de concretar allanamientos en los penales. “Hay medidas de fondo que son necesarias. Hay que modificar legislación”, agregan. “Cantero mató y va a seguir matando y en un punto el Estado se lo permite”, completaron.

Otro de los puntos mencionados como una “señal política” radica en la falta de celeridad para cubrir vacantes en la justicia. Lo que también fue mencionado por Rosatti. “La mitad de los cargos de jueces federales en Santa Fe está vacante. Ese es un problema urgente”, indicó el titular de la Corte. “Está claro que para el Ejecutivo cubrir esos cargos, como otros estratégicos en la Cámara en lo Penal Económico -por donde pasan gran parte de los casos vinculados a narcotráfico y quedan parados durante años por la falta de camarista- no es prioridad. Esa es una prueba cabal de que el tema, no está en la agenda del Gobierno”, sintetizaron.