Legalización del aborto: el Gobierno reactivó las gestiones y trabaja una estrategia legislativa
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LA NACIONMaia Jastreblansky
Aún cuando la Casa Rosada viene engrosando el listado de proyectos económicos que pretende enviar al Congreso y a pesar de la prolongación de la pandemia, el entorno de Alberto Fernández no descarta enviar el proyecto de legalización del aborto antes de fin de año. Aunque no está claro el manejo del timing político, en los últimos días cerca del Presidente reactivaron las gestiones para consolidar una estrategia legislativa.
"El Gobierno está trabajando para conseguir los votos y quisiera que sea ley en 2020", aseguró un importante funcionario de trato cotidiano con Fernández.
Lo mismo suscribió la ministra de Mujeres, Diversidades y Géneros, Elizabeth Gómez Alcorta, en una entrevista con Luciana Pecker en Infobae. "Se tienen que dar las condiciones para que pueda haber tratamiento en ambas cámaras. Estamos siguiéndolo minuto a minuto. Queremos que sea ley este año, así lo deseamos y así lo esperamos", dijo la funcionaria.
Los colectivos de mujeres reclaman que el Presidente cumpla con su promesa de campaña y con el discurso que pronunció cuando se abrieron las sesiones ordinarias y proclamó que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo sería una prioridad de su gestión. Pero entre los funcionarios que orbitan alrededor del Presidente hay matices respecto a cuál es el momento indicado para girar la iniciativa, que está escrita desde marzo y quedó archivada por la pandemia.
Aún quienes motorizan el proyecto con mayor potencia dentro del oficialismo replican que no quieren enviar la iniciativa para que duerma en la mesa de entradas del Congreso. Aseguran que buscan enviarlo con un número de votos sólidos para intentar una rápida aprobación.
Fernández, además, tiene poco margen para un revés legislativo, en un momento político donde necesita reafirmar su autoridad. "Si lo mandamos es para que sea ley", dijo un alto funcionario de la Casa Rosada a LA NACION.
Estrategia
En este sentido está trabajando políticamente, además de la ministra del área, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. La funcionaria del riñón de Fernández viene articulando, incluso, con diputadas de la oposición. Según pudo reconstruir LA NACION, un grupo de legisladoras de Juntos por el Cambio envió a la Casa Rosada un listado con los votos positivos que, de mínima, aseguraría el espacio para que en el Gobierno hagan la matemática. En el Frente de Todos, no todas las posiciones están claras.
Ibarra dijo días atrás: "Queremos dar una estrategia para que se sancione. No queremos decir 'lo mandamos al Congreso y cumplimos'. Nos comprometemos a tratar de conseguir los votos, pelear los votos y dar la mejor estrategia para que ese proyecto se sancione. Sabemos que tenemos que ir a persuadir".
En el oficialismo creen conseguir la media sanción en Diputados (los cálculos más optimistas hablan de 139 votos) mientras que en el Senado los números no están asegurados. El riesgo para el Gobierno es que se repita el escenario de 2018.
En la Casa Rosada quienes están con calculadora en mano estiman que serían necesarias varias abstenciones de senadores oficialistas que, sin querer votar a favor, podrían colaborar con la voluntad presidencial. Pero, como ocurrió con tantos otros proyectos que emanaron del Poder Ejecutivo, la llave maestra la tendrá Cristina Kirchner.
Respecto a la oportunidad, el argumento que esgrimió la Casa Rosada para dilatar el envío fue que el enfoque sanitario que pretende darle al proyecto podría verse perjudicado por un Ministerio de Salud estresado por la crisis del coronavirus. Pero cerca de Fernández crece la convicción de que la pandemia difícilmente estará superada en el corto plazo y que se impone de a poco una agenda más variada, con temas que no se pueden soslayar. Una disyuntiva permanente entre el paradigma sanitarista y la necesidad de oxigenar la gestión. "La pandemia se extendió mucho más de lo que habíamos imaginado", reconoció un ladero de Fernández.
"Lo que tenemos que asegurar ahora es la estrategia legislativa. Y pensar si es posible dar la pelea sin ganar la calle por las medidas de aislamiento social", acotó un funcionario al tanto de las discusiones internas. Será, en definitiva, la política la que definirá el pulso del proyecto.
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