Ley de glaciares: en la última audiencia, el oficialismo evalúa cómo avanzar para evitar un revés en Diputados
Se busca coordinar un plenario informativo con gobernadores; la fecha para llevar la reforma al recinto todavía no está definida
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El oficialismo avanzó con la segunda y última audiencia pública sobre la reforma de la ley de glaciares. Su próximo desafío será dictaminar el proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado. Pero los libertarios no tienen definida una hoja de ruta clara y se mueven con pies de plomo para evitar un revés.
La jornada estuvo nuevamente atravesada por reclamos sobre el esquema limitado de oradores, definido por las autoridades de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales a cargo los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente. También hubo advertencias sobre la futura judicialización de la norma.
Según pudo saber LA NACION, se evalúa una reunión informativa con gobernadores para ganar tiempo e intentar sumar apoyos de cara al recinto de Diputados, donde se dará la pulseada final. Será en un plenario de las comisiones a cargo del proyecto. Podría darse la semana que viene o la próxima, según la disponibilidad de los mandatarios provinciales. “Todavía no está definido cuándo se llevará al recinto”, confirmó un referente del bloque oficial.
Esta audiencia, a diferencia de la de ayer, fue virtual. Contó con solo un puñado de legisladores oficialistas y opositores presentes, que siguieron las exposiciones desde una pantalla del Anexo de Diputados.
En líneas generales, las organizaciones socioambientales rechazaron la propuesta que impulsa Javier Milei por considerarla inconstitucional y “regresiva”. Argumentaron que la iniciativa viola el principio de presupuestos mínimos definido por la Constitución Nacional para las provincias −que impone condiciones de protección uniformes en todo el país− y anticipa que comprometerá a las cuencas hídricas.
Los defensores de los cambios −sobre todo referentes de las provincias cordilleranas con potencial minero− replican que, en vez de prohibir se debe mejorar el uso del agua para que conviva la protección con el desarrollo productivo.
Pablo Villagra, director del Ianigla -el organismo encargado de inventariar los glaciares-, cuestionó la reforma aprobada en el Senado al sostener que no mejora la ley vigente: “Deja áreas con hielo sin protección, introduce nuevas ambigüedades y subordina el rol científico a las autoridades provinciales”. Defendió el inventario nacional -que identificó más de 16.000 glaciares y, según dijo, es clave para el ordenamiento territorial- y advirtió que los cambios generan incertidumbre sobre cómo se definirá la importancia hídrica de los glaciares. También alertó que la falta de presupuesto pone en riesgo la continuidad del trabajo.
Desde la vereda opuesta, Pablo Marcet rechazó las críticas a la reforma y aseguró que son “falsedades” las advertencias sobre un supuesto riesgo para las fuentes de agua o el interés de potencias extranjeras en los acuíferos. “Apelan al miedo y al desconocimiento”, acusó.
La propuesta de reforma busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.
La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes.
Otro eje de discusión es el mayor poder que los cambios le otorgarían a las provincias. La modificación propuesta por el Poder Ejecutivo estipula que será la autoridad jurisdiccional la encargada de la actualización del inventario en materia técnica “sobre la base de estudios técnicos-científicos”. Actualmente es el Ianigla, un instituto científico nacional con sede en Mendoza, el que construye este inventario. La oposición argumenta que esto viola el principio de presupuestos mínimos ambientales definidos por la Constitución Nacional.
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