Los campos de batalla de la Justicia
La vida pública llega a fin de año sometida a una dinámica que expone, y exagera, rasgos que se van volviendo crónicos. Su principal campo de batalla son los estrados judiciales. La investigación que desencadenaron los cuadernos de Oscar Centeno sigue sumando arrepentidos, mientras quedan al descubierto arbitrariedades llamativas. La Cámara Federal señaló algunas. Ayer hizo su catarsis otro protagonista de la trama: el detenido Juan Manuel Campillo, exministro de Economía de Santa Cruz. Campillo exhibe los aspectos más decadentes de un sistema de negocios y poder. Mientras promueve una gran convulsión política, la Justicia misma permanece sentada en el banquillo. Su crisis ha subido hasta la Corte. El acuerdo de ayer no despejó las acusaciones subterráneas entre Ricardo Lorenzetti y Elena Highton por la nueva organización del tribunal. En cambio, se sumó otra tensión. Elisa Carrió reveló que hizo saber a Horacio Rosatti que está decepcionada con él, a raíz de la solidaridad de ese magistrado con Lorenzetti y el administrador Héctor Marchi en el manejo de los recursos de la Corte. La polarización automática ha vaciado el debate político. La disputa por el poder se trasladó al despacho de jueces y fiscales. Es muy difícil que, en esas circunstancias, los tribunales no se politicen.
Campillo es otra demostración de que al kirchnerismo la palabra mafia le queda enorme. Que haya sido ministro de Economía de Néstor Kirchner es un dato marginal. Para el cursus honorum de Río Gallegos fue mucho más importante estar al frente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), piedra angular del "modelo de acumulación de matriz diversificada con inclusión social" fundado por el expresidente y su señora.
Allí, en el IDUV, Lázaro Báez y Carlos Wagner hicieron los palotes de las prácticas que Centeno describió en sus soliloquios. Campillo llevó sus recuerdos de provincia a la Oncca, la oficina que repartía los subsidios agropecuarios, cuando ese organismo estalló en un escándalo. Alejado de la función pública durante la presidencia de Cristina Kirchner, Campillo se recluyó de la mano de su novio, Carlos Di Domenico, en el mundo del diseño. Era previsible esa vocación. Este contador supo agitar a la prosaica Santa Cruz por su audaz indumentaria. Todavía se lo recuerda en su 40º cumpleaños, cuando sorprendió a sus invitados envuelto en una boa de plumas de colores. La relación con Di Domenico tuvo un final poco glamoroso. Los hijos del modisto sospechan que murió enredado en las intrigas de Campillo.
El exministro de Kirchner llegó al expediente que investiga Claudio Bonadio por su relación con Carolina Pochetti, la viuda del secretario privado del expresidente, Daniel Muñoz. Campillo habría ayudado a Pochetti a desmontar la madeja de sociedades a través de la cual ella y Muñoz enmascararon más de 70 millones de dólares. "Ayudado" es una forma de decir. El contador puso parte del patrimonio a su nombre y el de su sobrino. Antes había cooperado con Báez. También para "ayudarlo". Estas conductas son curiosas. En medio del desbande, la voraz pero desconfiada picaresca santacruceña se fagocita a sí misma. Bonadio y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo creen que Campillo podría desentrañar el origen de la fortuna de Muñoz. Es la segunda vez que Bonadio se hace la pregunta: en 2011 tuvo en sus manos a Muñoz, en una causa por enriquecimiento ilícito, pero lo sobreseyó. Dos días antes, Cristina Kirchner había sido reelegida con el 54% de los votos. La absolución de Muñoz llevaba un moño.
Si acumuló 70 millones de dólares en inmuebles, debe calcularse que la riqueza del secretario privado fue más caudalosa. ¿Era testaferro de Kirchner? ¿O robaba a sus espaldas? En el microcosmos santacruceño se afirma que Muñoz cobraba hasta las entrevistas de su jefe. Y que lo odiaba, por los castigos físicos a los que era sometido. El Kirchner que surge de esos relatos ejercía un liderazgo estilo Moe, el iracundo superior de los Tres Chiflados que representaba Moses Horwitz.
Campillo se acogió al defensor oficial. Desmentían ayer en tribunales que hubiera contratado a Santiago Blanco Bermúdez. Desde que patrocinó a Antonio Stiuso, este letrado camina por Comodoro Py envuelto en las radiaciones de su antiguo cliente. En la causa de los cuadernos defiende a otro supuesto testaferro de Muñoz, Carlos Cortez. Lo hace con Julián Subías, otro abogado de Stiuso. Esta simultaneidad puede ser irrelevante. Pero en el submundo judicial le imputan más de un significado. Algunos entienden que Blanco Bermúdez y Subías están en la causa para vigilar que nadie salpique a su verdadero defendido: Stiuso. La hipótesis presume que Stiuso podría ser salpicado. Otros creen que Blanco Bermúdez ofrece, en nombre del exespía, alguna protección internacional. En este caso, dicen los entendidos, estarían vendiendo un buzón: las relaciones exteriores de Stiuso se limitarían a jubilados como él. Si es que esas relaciones sirvieran para algo. Curiosidades de cabotaje.
Además de aclarar el papel de Muñoz en la aventura pecuniaria de los Kirchner, Campillo podría dilucidar otro misterio: el destino de los fondos de Santa Cruz. Él habría sido uno de los que invirtieron ese dinero en el exterior. También intervinieron Alfredo Mac Laughlin, exsecretario de Finanzas, y Eduardo Cafaro, exdirector del Banco Central. La pista de esos recursos conduciría a la familia Eskenazi, titular del banco provincial.
A pesar de que los Eskenazi son un engranaje central en el universo financiero del kirchnerismo, Bonadio se resiste a prestarles atención. Una versión insistente afirma que cuando el valijero Ernesto Clarens los mencionó alguien del juzgado le indicó que, para conseguir los beneficios del arrepentimiento, debería retirar la imputación. Desde que Horacio Verbitsky publicó la foto de Bonadio almorzando con Sebastián Eskenazi, se sospecha que esa condición fue puesta por el juez. Estas especulaciones se refuerzan con una segunda historia que circula en tribunales. El constructor Juan Chediack también habría señalado a los Eskenazi y habría recibido la misma recomendación. Chediack se lo habría informado a Mauricio Macri. La reticencia de Bonadio a investigar a los Eskenazi quedó oficializada en el fallo que la Cámara Federal dictó la semana pasada. En un párrafo escandaloso, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ordenaron al juez que ponga la lupa sobre esa familia, aun cuando Clarens "se desdijo de sus afirmaciones". ¿Se excusará Bonadio en homenaje a las pastas de La Pecora Nera? La indicación de los camaristas se extendió también a Juan Carlos Relats SA, a Cartellone SA y a Perales SA.
Mal fin de año para los Eskenazi. A mediados de noviembre, como informó Enrique Merenda en LA NACION, el juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, condenó al Banco de San Juan, de esa familia, por fraudes en la venta de dólares. La sanción, originada en un sumario del Banco Central, ascendió a 17,7 millones de dólares. Los Eskenazi apelaron. Ahora, el caso debe ser resuelto por los camaristas mendocinos Alfredo Porras, Olga Arrabal y Gustavo Castiñeira de Dios.
Las reprimendas de Bruglia y Bertuzzi a Bonadio fortalecen a quienes endilgan arbitrariedad al magistrado. Esas indicaciones se refieren a las imputaciones que no investiga y a las excusas que no corrobora. Por ejemplo, en el caso del directivo de Techint Luis Betnaza, los camaristas reclaman al juez que examine si es cierto que se pagó una gestión de los funcionarios kirchneristas para evitar una extorsión de Hugo Chávez, que habría tomado como rehenes a los empleados de la filial Sidor durante su estatización. Bonadio deberá resolver esa incógnita, que podría cambiar la calificación de cohecho a dádiva. Al mismo tiempo, los camaristas corrigieron a Bonadio procesando a Alberto Zavaleta, el ejecutivo de Techint que habría entregado del dinero. Zavaleta había sido sobreseído por el juez. Ayer también hubo novedades para Paolo Rocca, el chairman del grupo: el fiscal de Cámara, Germán Moldes, no respaldó el pedido de prisión preventiva de Stornelli y Rívolo. Aplicó el mismo criterio con Juan Manuel Abal Medina.
El cruce entre la política y la actividad judicial ha extremado las tensiones dentro de la Corte. Ayer se celebró el último acuerdo del año. Se esperaba el tratamiento de un asunto conflictivo: las razones por las que Elena Highton retiró su firma de la acordada con la que Lorenzetti, Rosatti y Juan Carlos Maqueda vaciaron de poder al presidente, Carlos Rosenkrantz. La semana pasada, los voceros de Lorenzetti prometían que su jefe pediría una investigación sobre ese cambio. Insinuaban que había sido por presiones de Rosenkrantz. Highton, a su vez, dejó trascender intimidaciones de Lorenzetti. Pero ayer Lorenzetti no tocó el tema. Y Highton, aunque estaba en tribunales, faltó a la reunión.
El viernes pasado, Elisa Carrió pidió que se investiguen las amenazas que se mencionaban en el entorno de Highton. Ayer volvió a poner al tribunal bajo su lupa. En declaraciones a Nicolás Wiñazki, de Clarín, reveló que, a través del diputado Juan Manuel López, había comunicado al juez Rosatti que la había decepcionado. Carrió le echa en cara a Rosatti haber convalidado, en la acordada de la discordia, los manejos administrativos de Lorenzetti y de su mano derecha, el contador Héctor Marchi. Los reparos de Carrió respecto de Rosatti son significativos: Macri propuso a Rosatti para la Corte después de una recomendación de Carrió, quien conoció al juez en 1994, cuando ambos eran constituyentes.
El funcionamiento de la Justicia Federal se está convirtiendo en una nueva excentricidad argentina. Los magistrados se han vuelto impredecibles. Eso se debe a que no hay un actor externo con el suficiente poder para alinearlos. Macri ha renunciado a serlo. No tanto por virtud como por incompetencia. Sus interlocutores con los tribunales son tantos -Garavano, Angelici, Arribas, Pérez Chada, Torello, Rodríguez Simón- que terminan siendo ninguno. Lo acaba de demostrar Angelici, a quien el presidente culpa de que el fiscal Gerardo Pollicita, a quien el binguero giraba como amigo, pidiera la indagatoria de Oscar Aguad en la causa del Correo.
La otra razón de que los jueces se hayan vuelto azarosos es que la fragmentación general también ha llegado a tribunales, como demuestran los conflictos en la Corte. La imprevisibilidad no es un mérito. Es solo un simulacro de lo que en sistemas más civilizados se denomina independencia.
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