Cinco DNU que despertaron polémica bajo la presidencia de Mauricio Macri antes de la extinción de dominio
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LA NACION
Tras la polémica que generó el decreto de necesidad y urgencia que firmó Mauricio Macri para establecer el régimen de extinción de dominio con el objetivo de recuperar los bienes de la corrupción y el narcotráfico, un repaso de las decisiones más controvertidas de la gestión de Cambiemos que se ejecutaron a través de un DNU.
Derogación del fondo sojero
El Presidente promulgó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 756/18, que eliminó en agosto del año pasado el Fondo Federal Solidario, que había sido creado en 2009 durante la gestión kirchnerista. Conocido como fondo sojero, tenía como fin la transferencia de recursos a las provincias y los municipios para el financiamiento de obras. El DNU dejaba, así, sin efecto la transferencia de $6500 millones, que finalmente fueron compensados con otras transferencias, luego de que diputados del bloque Argentina Federal y del Frente para la Victoria intentaran derogarlo en el Congreso.
El mega-DNU para modernizar el Estado
En enero del año pasado, Macri dictó el mega-DNU 27/18, sobre modernización del Estado, que derogó 19 leyes y modificó otras 140. Lo consideró una herramienta para simplificar regulaciones y potenciar la producción en 11 áreas del Estado. Ante la posibilidad de que el mega-DNU fuera derogado por el Congreso, el oficialismo desdobló su contenido en tres proyectos. Accedió a dejar de lado dos puntos polémicos: eliminó el artículo que habilitaba el embargo de las cuentas sueldo y otros dos artículos que permitían que la Anses negociara con menos restricciones sus fondos en el mercado financiero.
Condiciones estrictas para los extranjeros
El Presidente firmó en enero de 2017 el DNU 70/2017, que fijaba condiciones más estrictas para el ingreso y la permanencia de extranjeros en el país y establecía la rápida expulsión de los ciudadanos de otros países que llegaban al país para delinquir, y además introducía cambios en la ley de migraciones (25.871). En medio de una fuerte controversia, las organizaciones migrantes denunciaron que la norma "estigmatizaba a los extranjeros", lo que desencadenó un fuerte debate. Dos meses después la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal lo declaró inconstitucional.
Restitución del 15% de la coparticipación
A través del DNU 73/2016, Macri dejó sin efecto el decreto que había dictado Cristina Kirchner antes de terminar su mandato, que obligaba al Estado a devolver a todas las provincias el 15 por ciento de la coparticipación. Esa norma afectaba seriamente el financiamiento de la Anses y compro metía el presupuesto de 2016, ya que cedía casi $100.000 millones a los gobiernos provinciales. Con el apoyo del massismo, el Congreso avaló el nuevo decreto. Más allá del DNU de Macri, la medida tomada por Cristina Kirchner ya había sido suspendida por la jueza Liliana Heiland.
Oficina de escuchas telefónicas
A poco de asumir, Macri dispuso el traslado de la Oficina de Observaciones Judiciales (conocida tradicionalmente como Ojota), que se encargaba de las escuchas ordenadas por la Justicia.
El organismo se encontraba en jurisdicción de la Procuración General, de la Nación, que en ese momento estaba a cargo de la kirchnerista Alejandra Gils Carbó, y, mediante el DNU 256/2015, el Gobierno dispuso pasarla a la órbita de la Corte Suprema de Justicia. Se intentaba garantizar imparcialidad en el procedimiento. La norma fue convalidada en enero del año siguiente por la comisión bicameral.
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