Los despidos que incomodan al ministro de Trabajo de Axel Kicillof
Una de las curtiembres más importantes del país activó cesantías masivas y abrió su concurso preventivo un mes antes de que el sindicalista Walter Correa se sumara al gabinete bonaerense
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LA NACIONNicolás Balinotti
Un mes y 13 días antes de asumir como ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, por entonces el jefe del Sindicato de Curtidores, aceptó resignado el despido de 96 empleados de la Curtiembre Fonseca, una de las empresas más importantes del país en el rubro y que está hoy en concurso preventivo, con una deuda calculada en unos US$8.000.000. Las cesantías forman parte de una reestructuración mayor, que ya dejó a más de 400 personas sin trabajo y a muchos de ellos, incluso, sin el pago de la indemnización correspondiente.
Raúl Zylberstein es el dueño de la Curtiembre Fonseca. Se la adquirió unos meses antes de la pandemia a Fred Chaoul y Fernando Beverstein, dos empresarios del cuero que hasta hace apenas un puñado de años llegaron a emplear a 1200 personas y facturar ganancias de entre 150 y 200 millones de dólares anuales, según confiaron fuentes del sector. Del expediente judicial 015450/2021, que tramita en el Juzgado Comercial N°19 y al que tuvo acceso LA NACION, surgen dudas del origen de los fondos para hacer frente a la compra.
En su rol de sindicalista, Correa intervino en la causa para advertir presuntas irregularidades en el manejo de la compañía. “El interrogante que nos planteamos es el misterio de cómo un empresario que había quebrado a fines de 2019 con una mini pyme logra un poco más de un año después adquirir y/o ponerse al frente de una mega compañía y líder mundial en el sector curtidor como Curtiembre Fonseca SA. Nos preguntamos si el actual titular resulta ser verdaderamente el nuevo dueño o si por el contrario estamos frente a un plan ejecutado por los ‘antiguos’ dueños para dar comienzo al derrotero de una de las dos naves insignias de nuestra industria”, planteó el actual ministro de Trabajo bonaerense, quien tiene en su organismo los expedientes en los que Zylberstein justifica las suspensiones y despidos, basándose en el artículo 247 de la ley de contrato de trabajo, que prevé bajas por causa de fuerza mayor o por falta o disminución de tareas.
“Teníamos 800 empleados y ahora tenemos 294. Obedece a la caída de la industria automotriz y a la apertura de la exportación de cueros salados, algo que no ocurría desde los 70. Hacíamos 30.000 cueros por semana y ahora solo 6000. Perdimos muchos clientes. Avanzamos primero con retiros voluntarios porque regía la prohibición de despidos, pero ahora tenemos que avanzar por fuerza mayor. Hicimos una propuesta de pago de indemnización y algunos aceptaron, y otros no”, explicó Zylberstein, que se defendió de las acusaciones deslizadas por Correa en el expediente judicial. “Hay una sospecha si es que soy testaferro de los viejos dueños. Lo niego. Siendo más o menos inteligentes que ellos, esta curtiembre se va a cerrar”, dijo el empresario. También rechazó que el sindicato pretenda quedarse con la compañía y administrarla en forma de cooperativa. “El gremio tiene varias cooperativas y los resultados no son muy alentadores. No me hicieron saber que quieran quedarse con la empresa. Hace falta inversión y no sé si ellos tienen el dinero”.
“El gremio no intervino”
Ismael Darío Pérez es uno de los 96 despedidos el 5 de julio pasado. Trabajaba en la fábrica que Fonseca tiene en Lanús desde hace 14 años. Pérez, junto con otros damnificados, apuntó sus críticas contra Correa. “El gremio no intervino. Están ofreciendo miserias para despedirte. Por 14 años, me ofrecieron 18 cuotas de $65.000. Hay a otros compañeros que les ofrecieron entre 20 y 30 cuotas”, señaló Pérez.
Héctor Delgadillo es el representante del gremio y el hombre de Correa en Fonseca. “Es una fábrica detonada. Hubo suspensiones y el gremio sigue de cerca cada caso. Lo primordial es mantener los puestos de trabajo y por eso desde el gremio acercamos clientes para que haya actividad”, dijo Delgadillo, que además integra la comisión directiva de la empresa en representación de los trabajadores. Negó cualquier interés del sindicato en quedarse con la curtiembre. “No hay intención de hacer una cooperativa. Queremos mantener los puestos de trabajo”, dijo seco y tajante.
“Se está haciendo un esfuerzo por parte de los trabajadores de mantener la fuente de trabajo porque la empresa está en un proceso concursal”, dijo por escrito Correa a LA NACION. Evitó involucrarse por su rol como ministro de Trabajo y derivó el tema en el abogado del sindicato. Sucedió lo mismo cuando fue consultado por la definición de la paritaria del sector.
Un dato que no es menor y que lo exhibe de los dos lados del mostrador: Correa negocia por estas horas el aumento salarial para sus afiliados. Si bien no participó en persona de la reunión del martes con la Asociación de Curtidores, circuló un borrador con el acuerdo [un aumento de 70% por nueve meses] en el que estaba el lugar para su firma como secretario general. Es decir, figuraría en el acta final en representación de dos de las tres patas de la negociación. Advertido sobre la desprolijidad, Correa no firmaría por primera vez en 12 año el aumento salarial para los curtidores. Igual, todos saben que jugó fuerte, con un rol protagónico.
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