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Los Etchevehere dicen haber sido acusados “sin pruebas” y por injerencia de la política
Los hermanos Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere, y su madre, Leonor Barbero Marcia, respondieron el procesamiento de la Justicia motivado en la denuncia de su hermana, Dolores Etchevehere
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LA NACION
Con una carta titulada “a la búsqueda de un delito inexistente”, el exministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere respondió la denuncia por los delitos de estafas, administración fraudulenta y vaciamiento de empresa realizada por su hermana, Dolores Etchevehere. La carta fue firmada también por Sebastián y Juan Diego Etchevehere, hermanos del exministro macrista, y por su madre, Leonor Barbero Marcia.
“Estos son los hechos”, comienza el texto y plantea: “Contrariamente a lo que sostiene la Jueza de Instrucción en su Resolución Provisoria, no hubo ni hay hechos que vulneren la ley”. La familia argumenta que, “ante un complicado cuadro financiero”, decidieron en reunión de directorio “desprenderse de algunos bienes inmuebles improductivos” para “procurar liquidez para afrontar gastos de la empresa”.
“Se hizo lo que habitualmente realizan las empresas cuando están con problemas estaciónales de liquidez y necesitan seguir adelante. Todo ello, reiteramos, está absolutamente documentado y esas pruebas documentales, todas, sin excepción, fueron acompañadas al expediente judicial para demostrar su verosimilitud y que no se trataba solo de un relato defensivo sin respaldo alguno”, afirman.
Por la denuncia que presentó Dolores Etchevehere se inició la causa en la cual los Etchevere y su madre, junto con el empresario Walter Grenón -el principal aportante de la campaña de Alberto Fernández, según las rendiciones que el propio Frente de Todos hizo tras las PASO de 2019 en la provincia- fueron procesados por la Justicia de Entre Ríos.
Según la denunciante, Grenón y sus familiares, junto a la familia Etchevehere, se pusieron de acuerdo para vaciar las empresas de sus activos y transferirlas a las órbitas personales de cada uno.
“Es importante reiterar también que la promotora y única denunciante de esta causa, Dolores Etchevehere de Güiraldes (no existen denuncias por parte de bancos, empresas, proveedores y/o terceros), había vendido sus acciones en el año 2010 con anterioridad a ser designada querellante de la causa (que se inició durante el 2012)”, afirman.
“Desde finales de 2010 hasta el presente no hemos intervenido en la administración de SAER por ser minoría, careciendo de acceso a la firma de cheques, a cuentas bancarias y a cualquier tipo de decisiones administrativas, ni hemos participado en resoluciones definitorias como fueron los despidos de empleados de El Diario en el año 2018, como tampoco participamos como minoría en el Concurso Preventivo del 2019, fecha en que el paquete mayoritario de la editora vuelve a cambiar de manos”, aseguran.
El texto advierte que la jueza de Garantías Carola Bacaluzzo, que dictó el procesamiento a los acusados, “deja entrever que se habría producido una suerte de vaciamiento de bienes de SAER con esas ventas de inmuebles”.
“Por lo que ha trascendido, la resolución de la jueza se basa en un confuso y escarpado informe de la sindicatura concursal, producido tiempo después del concurso, donde analiza sucesos acontecidos una decena de años atrás, con algunos equívocos significativos y omisiones sustanciales, destacándose opiniones subjetivas sin pruebas reales, sin respaldos contables serios y sin haber tenido en cuenta la llamativa falta de declaraciones testimoniales”, apuntan.
“La totalidad de las operaciones vinculadas a las ventas de inmuebles de SAER y las respectivas compras por sus socios, fueron auditadas e inspeccionadas con lupa por la AFIP, sin encontrar el organismo recaudador irregularidad alguna, todo lo cual, con sus respectivos documentos oficiales, fueron presentados como pruebas en el juzgado”, afriman.
Los Etchevehere afirman que Dolores Etchevehere nunca “aportó ninguna prueba contundente como querellante”, señalan que la causa estuvo inactiva durante muchos años, y que la denunciante solicitó el sobreseimiento de los imputados por “inexistencia de delito alguno” en 2018.
“Como ha quedado fehacientemente demostrado en las lides que enfrentamos desde hace doce años, la política nacional y provincial han tenido injerencia directa en ellas. Así sucedió durante la usurpación de Casa Nueva y la coincidencia casi vergonzoza de la activación de la presente causa luego de años de estar detenida por falta de pruebas y planteos de alguna seriedad, cuando se ordenó la salida de los usurpadores y funcionarios del oficialismo del campo”, remarcan.
“Hoy, sin pruebas documentales irrebatibles, contradiciendo informes de la AFIP, con una única denunciante que a su vez reconoció nuestra verdad ante un juez, además estaba contratada por la administración pública provincial y habiendo mantenido nosotros el porcentaje minoritario en SAER y no habiendo participado en niguna, reiteramos, ninguna iniciativa, ni telegramas de despidos, ni en decisiones concursales, presenciamos cómo debieron rearmar con infundios y subjetividades una solitaria imputación de hace más de una década para configurar culpables donde no los hay. Deseamos fervientemente que se respeten las verdades, sin que dependan de otros vientos que no sean los de la justicia”, cierran.
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