Los expertos para evaluar la Corte comenzarán a debatir cuanto antes

El consejo de expertos convocado por el presidente Alberto Fernández para analizar cambios en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público comenzará a trabajar cuanto antes y es posible que prolongue sus tareas mas allá de los 90 días previstos para sus actividades.

El miércoles pasado, tras el acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el presidente recibió a los expertos en su despacho de la Casa de Gobierno. Les agradeció que aceptaran formar parte del cuerpo y les reiteró su disposición a que trabajen con plena libertad y sin condicionamiento, según contaron asistentes al encuentro. El Boletín Oficial publicó ayer el decreto 635 que le da existencia real al Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial que integran los 11 expertos elegidos por el presidente. El texto señala que deberían empezar a trabajar el 18 de agosto, pero la voluntad de los especialistas es empezar antes.

Tendrán las primeras reuniones y allí se definirá una agenda de trabajo coordinada por Fabián Musso, ex socio del estudio del fallecido Esteban Righi, mentor jurídico del presidente Fernández, que será quien facilite la interacción de la comisión. La idea es que se reúnan, no se sabe aún si de manera presencial o virtual, o si solo se sumará de manera virtual Enrique Bacigalupo, que vive en España. La experiencia docente de algunos de los integrantes del cuerpo, de dar clases por Zoom demostró que es aconsejable que los encuentros sean presenciales, ya que una reunión virtual de mas de dos horas no es aconsejable.

El consejo consultivo creado por Alberto Fernández recomendará reformas basado en las opiniones de los once expertos que lo conformarán, pero ellos planean escuchar además otras ideas. El plan, que tendría el visto bueno del Presidente, es "abrir el juego" para recibir opiniones de instituciones relacionadas con el mundo del derecho, como colegios de abogados, asociaciones de jueces, asociaciones de derecho constitucional, procesal, universidades públicas y privadas.

No está claro todavía cómo se va a organizar el trabajo interno del consejo. Es posible que se formen cuatro espacios de debate, uno para cada uno de los grandes temas que el Presidente pidió que se analicen: Corte Suprema, Consejo de la Magistratura, juicio por jurados y Ministerio Público. Es factible que se designe a alguien que se ocupe, para cada módulo, para recopilar los avances. Pero la idea, adelantan quienes ya piensan en la organización del comisión, es que los miembros participen de todos los temas. Otros integrantes, en cambio, piensan que es mas rico trabajar en plenario para que no se pierdan opiniones. El plazo que les puso el Presidente, de 90 días, es muy exigente, advierten ya desde la comisión. Dicen que no va a ser fácil cumplir la meta.

Los temas sobre los que se pronunciará son los siguientes:

• - Describir los problemas de la Corte, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público.
• - Con respecto a la Corte, se analizará la conformación y selección de integrantes, de criterios de diversidad de género y representación federal; evaluación de las normas de su competencia; el sistema de desestimación in limine de las causas (certiorari); audiencias orales; poner plazos a la Corte para resolver recursos penales.
• - Con respecto al Consejo de la Magistratura: se analizará modificar su estructura y composición; si los consejeros deben tener dedicación exclusiva; dotar de mayor agilidad, publicidad y transparencia a los concursos y enjuiciamiento, con participación a las universidades públicas y a las organizaciones no gubernamentales.
• - Con respecto al Ministerio Público se analizará modificar el mecanismo de elección de fiscales; incorporar a su estructura a la Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Información Financiera.
• - Con respecto al sistema de juicios por jurados, se analizarán los proyectos que se presentaron y las soluciones en marcha. El juicio por jurado, está previsto en la Constitución Nacional. Se usa para delitos graves y en Córdoba es obligatorio para casos de corrupción, lo que seria todo una novedad a nivel nacional.

Por Hernán Cappiello

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