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La Corte, el objetivo central de un Consejo Consultivo con amplias facultades
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LA NACIONHernán Cappiello
Alberto Fernández le pidió a un grupo de expertos, en su mayoría asociados al peronismo, que le propongan una nueva arquitectura para el Poder Judicial. En la letra chica avanzarán con propuestas para reformular la integración de la Corte Suprema de Justicia, a la que sugerirán ponerle plazos para dictar sus fallos; sugerirán cambios en cómo se elegirán los fiscales de aquí en adelante, si sus funciones pueden ser temporarias, si el juicio por jurados populares se usará en caso de corrupción, o cómo las ONGs y universidades participarán en la selección y remoción de jueces. Toda una novedad que puede cambiar los equilibrios actuales en tan sensibles asuntos.
Este Consejo Consultivo tiene amplias facultades para proponer en 90 días una nueva justicia como ellos la imaginan.
Un gesto para medir cómo impactó en la Corte esta iniciativa es la ausencia de casi todos sus miembros hoy en la Casa Rosada, cuando se anunció esta iniciativa en el Salón Blanco. Solo estuvo presente la vicepresidenta Elena Highton de Nolasco, cercana a Alberto Fernández, que fue quien la propuso a Néstor Kirchner para integrar el máximo tribunal. El juez Horacio Rosatti está en Santa Fe, al igual que Ricardo Lorenzetti, mientras Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda están en Buenos Aires, pero avisaron que no iban a concurrir. Si querían estar, podían hacerlo por zoom, pero cuando se los ofrecieron, dijeron: "no gracias".
En primer lugar, no se iban a sentar una hora en la Casa Rosada a escuchar sobre una reforma de la justicia federal de la que nadie les había hablado, o sobre cambios en el funcionamiento de la Corte que iba a pensar un grupo de allegados al presidente, acerca de lo que nadie les había informado, al menos formalmente. Ninguno de los cortesanos quiso sorpresas. Ya pusieron la cara cuando Cristina Kirchner les anunció la democratización de la justicia.
En segundo lugar, a partir del 18 de agosto, cuando empezarán a reunirse, empezará un juego de estrategia, una partida de tablero donde nadie está dispuesto a mostrar las cartas de antemano. En la Corte observan con cautela estos movimientos que saben destinados a recortar su poder y la autonomía de sus decisiones. Hoy bastan tres votos para constituir una mayoría, y un mayor número de integrantes de la Corte o una modificación en su mecánica de funcionamiento, alteraría el actual escenario. En última instancia, como ya ocurrió con Cristina Kirchner, serán ellos el tribunal que deberá analizar la constitucionalidad de las normas legales que se aprueben, inspiradas por este comité asesor.
La misión de este Consejo Consultivo trasciende el debate sobre si la Corte debe tener 5, 7 9 u 11 miembros. Los expertos discutirán sobre repensar el funcionamiento del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Y el funcionamiento del juicio por jurados. Así lo dice el primer párrafo del decreto que crea el consejo consultivo. Su ámbito de incumbencia es buscar una "mejor administración de Justicia".
Elevarán al Presidente solo un conjunto de sugerencias que –si son aceptadas- integrarán un proyecto de ley que deberá pasar por el Congreso para terminar de determinar un nuevo diseño institucional de este poder del Estado. La última que lo intentó fue Cristina Kirchner con el proyecto de democratización de la justicia, que incluía la elección popular de jueces y de consejeros de la magistratura, aprobado en el Congreso, pero que la propia Corte frenó por inconstitucional.
Si bien el debate de estas iniciativas que propongan los juristas invitados se dará en el Congreso, la propuesta surge de un grupo pequeño de expertos, elegidos por el Presidente, coordinados por un allegado suyo y en su mayoría en sintonía con su pensamiento. Se extraña un debate más amplio.
Integran el Consejo consultivo el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, el exjuez León Carlos Arslanian; Inés Weinberg de Roca, cuyo pliego el macrismo nunca logró aprobar en el Senado; Enrique Bacigalupo, experto en derecho penal y exjuez del Tribunal Supremo español; Raúl Gustavo Ferreyra, catedrático cercano a Eugenio Zaffaroni, Andrés Gil Domíguez, constitucionalista que supo defender en la Corte los intereses de Clarín; la abogada Marisa Herrera, las juezas de cortes provinciales Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán) y María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego); y el juez de la Corte de Mendoza Omar Palermo.
Son pocas voces disidentes, elegidos todos con un criterio que no fue explicitado y dejando afuera otras voces con experiencia, como la de exjueces de la Corte, o de constitucionalistas elegidos por su trayectoria o porque ya escribieron y pensaron un rediseño institucional.
Las funciones del Consejo Consultivo y el plazo para entregar su informe se formalizarán en un decreto cuyo borrador ya trascendió, pero que Alberto Fernández firmará esta semana, dijeron a LA NACION fuentes oficiales.
Los especialistas trabajarán con un coordinador, Fabián Musso, socio histórico del estudio de Esteban Righi, allegado al Presidente, exabogado de Néstor y Cristina Kirchner; y tendrá el apoyo técnico del Ministerio de Justicia y de la Secretaría Legal y Técnica.
En el marco de facultades tan amplias para proponer, estos son algunos de los tópicos sobre los que trabajará la comisión, de acuerdo con el decreto presidencial que la convoca:
- Describir los problemas de la Corte, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
- Con respecto a la Corte, se analizará el establecimiento para la selección de integrantes, de criterios de diversidad de género y representación federal; evaluación de las normas de su competencia; el sistema de desestimación in limine de las causas (certiorari); audiencias orales para casos trascendentes; poner plazos a la Corte para resolver recursos, particularmente en materia pena, como por ejemplo los nueve recursos que tiene pendientes Cristina Kirchner en la Corte para lograr la nulidad del juicio que enfrenta por la obra pública.
- Con respecto al Consejo de la Magistratura se analizará modificar su estructura y composición; analizar si los consejeros deben tener dedicación exclusiva o si pueden seguir desempeñándose, como hasta ahora, como académicos, jueces o legisladores; dotar de mayor agilidad, publicidad y transparencia a los concursos de selección y enjuiciamiento, con participación a las universidades públicas y a las organizaciones no gubernamentales. Este punto es clave; incorporar la perspectiva de género en la composición del Consejo e incluir un criterio federal para su composición y funcionamiento.
- Con respecto al Ministerio Público se analizará modificar el mecanismo de elección de fiscales o que sus mandatos sean temporarios; incorporar a su estructura a la Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Información Financiera; integrar a los Colegios Públicos de Abogados a la defensoría oficial e incorporar la perspectiva de género en la integración del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. La elección de los fiscales es clave porque se prevé que se ponga en marcha el nuevo Código Procesal Penal donde los fiscales son los dueños de las causas, los que deciden avanzar o no y el juez es solo un árbitro.
- Con respecto al sistema de juicios por jurados, se analizarán los proyectos que se presentaron y las soluciones en marcha. El juicio por jurado no fue específicamente mencionado por el Presidente, pero está el decreto de convocatoria del Comité de especialistas. De hecho, está previsto en la Constitución Nacional, y funciona en siete provincias. Se usa para delitos graves por ejemplo en Neuquén o en Buenos Aires. En Córdoba es obligatorio para casos de corrupción. No está reglamentado a nivel federal, lo que constituiría toda una novedad, por ejemplo, que el pueblo juzgue a sus funcionarios o ex funcionarios por corrupción. Cualquier similitud con la democratización de la justicia de Cristina Kirchner es pura coincidencia. Cristina Kirchner tiene pendientes varios juicios orales aún sin fecha y nada obsta que, si prospera esta idea, ella misma no pueda terminar siendo sometida a la decisión de un jurado popular.
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