Ley de emergencia: los expresidentes, funcionarios públicos y los jueces mantendrán la movilidad jubilatoria

Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez
Laura Serra
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21 de diciembre de 2019  • 00:00

Fue uno de los pasajes más tensos y confusos de la maratónica sesión que protagonizó ayer la Cámara de Diputados. Sucedió cuando el debate sobre el megaproyecto de ley de emergencia se detuvo en la discusión de uno de sus capítulos más polémicos, el que disponía la suspensión de la movilidad jubilatoria durante 180 días. La redacción del texto, impreciso y enrevesado, despertó la sospecha en la oposición de que allí había gato encerrado. Al finalizar la sesión confirmó que tenía razón.

Sin previo aviso, el oficialismo había colado en el dictamen que se excluirían de la suspensión de la movilidad jubilatoria a los regímenes especiales, entre ellos el que comprende las jubilaciones, pensiones, asignación vitalicia y los haberes de retiro que perciben los presidentes y vicepresidentes de la Nación, los jueces de la Corte Suprema y magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Más tarde, Alberto Fernández dijo que convocará a sesiones especiales para eliminar estas jubilaciones de privilegio.

Este régimen jubilatorio especial, al igual que aquellos que benefician a los docentes nacionales y universitarios, investigadores científicos, excombatientes de Malvinas, entre otros, serán revisados por una comisión especial integrada por miembros del Poder Ejecutivo y del Congreso, de acuerdo con lo que resolvió Diputados.

Mientras ocurre esa revisión, los haberes que perciben los beneficiarios de estos regímenes mantendrán su movilidad. No ocurrirá lo mismo con las jubilaciones regulares, cuya actualización automática se mantendrá suspendida durante los próximos seis meses. Según el megaproyecto de emergencia, será el Poder Ejecutivo el que dispondrá los aumentos de manera trimestral, y si bien el Gobierno garantizó que se privilegiarán las jubilaciones mínimas, la oposición está convencida de que los ajustes serán menores a la que establece la actual ley de movilidad.

En el recinto el oficialismo evitaba dar precisiones sobre qué regímenes especiales quedarían excluidos del congelamiento de las jubilaciones a sabiendas del costo político que esto implicaba. La oposición de Juntos por el Cambio insistía. "Basta de hablarnos en jeroglífico, dígannos cuáles son los regímenes especiales que van a ser exceptuados", reclamó, fastidiado, Mario Negri, jefe del interbloque.

Fue en vano. "Esto es poco serio -replicó Negri-. Si escondieron algo debajo de la alfombra, lo sacaremos a la luz antes de que cante un gallo".

No debió esperar tanto; al finalizar la sesión, la oposición confirmó que sus sospechas eran ciertas y que desde el Poder Ejecutivo provino la directiva de excluir a los jueces del congelamiento de sus haberes jubilatorios.

La discusión sobre la movilidad de las jubilaciones fue el tramo más difícil que tuvo que soportar el bloque del Frente de Todos en el recinto. El resto del debate transcurrió sin sobresaltos y culminó, tras 19 horas de deliberaciones, con la media sanción del megaproyecto de emergencia.

Gracias al aporte de los interbloques Federal (que aglutina a los diputados que responden a Roberto Lavagna y al gobernador Juan Schiaretti) y el de Unidad Federal para el Desarrollo, que preside el mendocino José Luis Ramón, el oficialismo cosechó 134 votos positivos frente a 110 negativos del resto de la oposición, mayormente nucleada en Juntos por el Cambio.

Durante la discusión en particular del articulado no se introdujeron cambios sustantivos. En efecto, el oficialismo logró mantener incólume los tres pilares del megaproyecto de emergencia: la suspensión de la movilidad jubilatoria, la suba de media decena de impuestos (con lo que asegura una recaudación equivalente al 1,5% del PBI) y las facultades para revisar el esquema de tarifas de servicios públicos.

El capítulo que establece aumentos en las retenciones agropecuarias debió ser retocado para garantizar su aprobación. Para ello se incluyó un artículo por el cual se faculta al Poder Ejecutivo a instrumentar segmentaciones y compensaciones para pequeños productores y cooperativas, aunque sin establecer escalas ni porcentajes.

Otro cambio incorporado en el texto se refiere a la creación del impuesto del 30% a la compra de billetes y divisas en moneda extranjera; durante el debate se acordó que ese recargo no se aplicará a los pasajes internacionales de corta distancia que sean abonados en pesos y no tengan impacto cambiario.

Desde Juntos por el Cambio cuestionaron que el megaproyecto encubre un "impuestazo" a la clase media y cuestionó la excesiva cantidad de facultades que, a su juicio, se delegan en el Poder Ejecutivo. La crítica desató la inmediata reacción de Máximo Kirchner, jefe del bloque del Frente de Todos, en su primer discurso de cierre de debate.

"¿Saben lo que es un superpoder? -espetó-. Es pensar que la inflación se resolvía con un chasquido de dedos. Esos son los que se consideran que tienen superpoderes, personas que se creen designadas por alguien para poder solucionar los problemas de los argentinos".

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