Los gobernadores del PJ le pedirán a la Casa Rosada que adelante el pago del 15%

Efectivo ya. Ésa es la consigna que los gobernadores del PJ llevarán a la Casa Rosada en una cumbre que solicitaron para avanzar en la discusión por el reparto de recursos y en rechazo al decreto que firmó Mauricio Macri sobre la coparticipación.

Por orden de los mandatarios, los ministros de Economía provinciales trabajan en un borrador que tiene dos premisas centrales. Primero: acortar el plazo de cinco años, como dispone la medida, a tres, para devolver en forma completa el 15% de la masa de fondos coparticipables que se les descuenta a las provincias. Segundo: comenzar este mismo año con la restitución parcial.

El planteo de caciques y legisladores peronistas comenzó a hilvanarse el miércoles pasado, cuando se juntaron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para fijar una postura conjunta. Hasta ahora, advierten, el buen diálogo con el Gobierno no se tradujo en acciones concretas y vuelven a ofrecer el menú de una "gobernabilidad de ida y vuelta". Es decir, acordar una nueva distribución de fondos a las provincias a cambio de una agenda parlamentaria que incluya iniciativas del Poder Ejecutivo, como la ley que avala el pago a los holdouts y la designación de los jueces de la Corte.

El Gobierno parece cauteloso de no aparecer aceptando un "plan canje" y, con ánimo de licuar la protesta, convocó a los 24 mandatarios a la reunión, que pasó del martes al jueves, y será encabezada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

¿Qué hizo estallar a los gobernadores? Se conjugaron el duro discurso de apertura de Macri en la Asamblea Legislativa y, días antes, el decreto 406, una norma que surgió de la consulta con Sergio Massa, aliado táctico en el Congreso, sin sondear siquiera a los caciques, que venían participando de una ronda de negociaciones sobre fondos.

La norma de la discordia crea el Consejo Argentino para el Nuevo Federalismo, cuya misión es confeccionar para el último trimestre del año una propuesta para devolver en forma escalonada el 15% que se descuenta a las jurisdicciones de impuestos coparticipables para financiar la seguridad social. La eliminación total sería en 2021, y esa fecha es objetada en el PJ.

El tijeretazo se realiza desde mediados de los 90 con el propósito de solventar el traspaso de las cajas jubilatorias provinciales, en plena privatización del sistema. Córdoba, Santa Fe y San Luis fueron beneficiadas en noviembre pasado por un fallo de la Corte que les da la razón en el cese del descuento y reconoce un retroactivo desde 2006.

En el borrador que circula entre los mandatarios, que fue cotejado por funcionarios de distintas provincias a LA NACION, una de las alternativas establece un mix en la restitución del 16,9% (contempla también un 1,9% que se destina a la AFIP). Quieren una parte en efectivo y otra en títulos. Para este año, solicitan un porcentaje fuerte en cash que, si bien no está cerrado, los más duros definen en hasta un 10%. Luego, debería crecer la porción en efectivo hasta su totalidad.

Sobre el acumulado, pedirán que se descuente la deuda que cada provincia tiene con la Nación y por el saldo que se obtenga se emita un bono a largo plazo. Otro punto es que el Gobierno avale la posibilidad de tomar créditos poniendo el compromiso de flujo de fondos como garantía. Sería endeudamiento de "libre disponibilidad", especialmente urgido en distritos que ya exhiben dificultad para pagar salarios. "Planteamos un nuevo pacto fiscal", resumió uno de los más activos en la redacción final.

Entre los gobernadores hay grietas. El más acuerdista es Juan Manuel Urtubey (Salta), convertido en interlocutor visible pero no el único. Entre los halcones, están Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Carlos Verna (La Pampa). Y le siguen Gildo Insfrán (Formosa) y Juan Manzur (Tucumán).

Urtubey, en buena sintonía con el Gobierno, orbita en el grupo de mandatarios que recién llegaron al poder: Domingo Peppo (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego). Sergio Uñac (San Juan) está en el medio, influenciado por José Luis Gioja, su antecesor y aspirante a jefe del PJ nacional.

La aprobación del proyecto de ley que avala el acuerdo con los holdouts es clave para Macri, pero también lo abona la mayoría de los caciques. Aun así, quieren tiempo para ver la letra chica. "No hay que quedar expuestos ante la gente", insistió un peronista influyente, que ya encargó focus groups para ver cómo considera la opinión pública el asunto.

Manzur expuso anteayer una postura que comparten varios. "Queremos ver la viabilidad de la propuesta y arreglar esta situación", dijo sobre el conflicto con los buitres, a la vez que aclaró: "Estamos para acompañar al Gobierno, pero cuando hablamos de gobernabilidad también planteamos lo que nos corresponde".

Seguirán en la pelea por la caja anclados en un eslogan: Macri beneficia a las provincias centrales y discrimina a la periferia. En sus cálculos, de los $ 80.000 millones anuales que implicaría la devolución del 15% de la coparticipación a todos, ya se paga un 40% con las tres provincias beneficiadas por el fallo de la Corte, más la Capital (Macri subió el coeficiente por decreto) y una enorme asistencia semanal a Buenos Aires y a otras comarcas de Cambiemos, como Jujuy. En síntesis, el PJ ahora sí se queja de una discriminación que en la era anterior existió, pero al revés.