Los gobernadores dudan de que se pueda firmar el pacto fiscal esta semana

A contramano del apuro de Mauricio Macri , los gobernadores opositores ven difícil la posibilidad de firmar el jueves próximo el pacto fiscal que el Gobierno les presentó la semana pasada. Los motivos del escepticismo son varios. El principal, coinciden los caciques del PJ, es la heterogeneidad de situaciones, prioridades y urgencias de las provincias de cara a la reforma.

El cambio en el esquema de impuestos que impulsa la Casa Rosada es complejo, afecta muchas variables e impacta en cada provincia de manera distinta.

Algunos ejemplos: hay distritos que, además de las reformas impositivas, tienen pendiente la transferencia de sus cajas de jubilación. Ese proceso está en marcha desde hace más de un año y el Gobierno quiere verlo resuelto como parte del acuerdo. Las 13 provincias involucradas aseguran que la demora es responsabilidad de la Anses, que todavía no terminó el cálculo de cómo cubriría el déficit de cada caja.

El conflicto involucra a Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Otro ejemplo: la eliminación gradual de los impuestos a los ingresos brutos y a los sellos, uno de los ejes de la reforma oficial, se enfrenta a panoramas muy dispares: alícuotas varias según la provincia y niveles de déficit dispares, es decir, márgenes distintos para afrontar recortes en la recaudación de dos impuestos que representan más del 80 por ciento de los ingresos de las provincias.

El documento que los gobernadores recibieron el jueves en la reunión con Macri prevé un cronograma común con las metas para la eliminación progresiva de ingresos brutos y sellos. "El cronograma único no tiene sentido. Es inviable. Con tantas alícuotas y con estructuras productivas tan distintas es imposible de cumplir", planteó el ministro de Finanzas de una provincia del centro que gobierna el PJ.

A las disparidades se suman demandas particulares. La Rioja, por ejemplo, condiciona la firma del pacto a que la Nación avance en la devolución del punto de coparticipación que perdió en 1988. Desde entonces, la provincia recibe compensaciones por montos fijos. Este año fueron $ 2500 millones, pero en el presupuesto del año que viene no hay beneficios previstos por ese tema. "Si no nos resuelven lo del punto [de coparticipación] no vamos a firmar", aseguró a LA NACION un dirigente que sigue muy de cerca la gestión del peronista Sergio Casas.

"Veo muy difícil que lleguemos al jueves. Son demasiadas cosas muy complejas y muy poco tiempo", sintetizó un ministro de Finanzas del Norte.

"Además del tiempo, dependemos del grado de flexibilidad que muestre el Gobierno para hacer correcciones", aportó el vocero de otro gobernador peronista.

Para Santa Fe, en cambio, la prioridad es que el Gobiermo le pague los 51.000 millones que le debe tras el fallo de la Corte Suprema que obligó a la Nación a devolverles a Córdoba, Santa Fe y San Luis el 15% de la coparticipación que desde 1992 se desviaba a la Anses.

Un último ejemplo: la marcha atrás del Gobierno con la eliminación del impuesto a los artículos tecnológicos dejó a la gobernadora fueguina, Rosana Bertone, en condiciones óptimas de firmar sin oponer resistencia. Sin embargo, la mandataria sólo estampará su firma si puede garantizar que esta semana se selle un acuerdo entre las empresas del sector y la UOM para congelar los salarios de la actividad por dos años a cambio de mantener los puestos de trabajo vigentes. "Si eso se cae, vamos a estar en problemas", admitieron ayer a LA NACION desde la provincia.

Otros temas ríspidos de la reforma que para las provincias todavía no están cerrados son el revalúo fiscal, el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la eliminación de subsidios al transporte y la energía y la ley de responsabilidad fiscal. Esta última ya está en el Congreso, pero varios gobernadores cuestionan que el proyecto prevea límites para el endeudamiento de las provincias y no para el de la Nación. La aprobación en el Parlamento podría complicarse.

Macri espera confiado

Pese a los reparos de los gobernadores, en la Casa Rosada no hay dudas de que el jueves terminará con la foto que espera Macri. "Los que no firmen, quedarán expuestos", deslizaron ayer a LA NACION desde un despacho oficial.

El Gobierno está convencido de que las negociaciones uno a uno que desde el viernes existen entre los gobernadores y los equipos técnicos de los ministerios de Interior y Economía llegarán a buen puerto. Y en que los tres días que faltan para el jueves serán suficientes para garantizar las firmas de todos los jefes provinciales.

Por lo pronto, los gobernadores del PJ y el socialista Lifschitz tienen previsto reunirse el miércoles para evaluar el estado de situación de cada uno. Tienen voluntad de acordar, son conscientes de que enfrentan a un Macri fortalecido, pero no piensan hacerlo a cualquier precio.