Margarita Stolbizer pide investigar a ex directivos del Banco Central por una causa ligada a la ruta del dinero K

La diputada nacional Margarita Stolbizer pidió hoy al juez federal Daniel Rafecas que investigue el papel de los ex presidentes de los bancos Nación y Central Juan Carlos Fábrega, Juan Forlón y Mercedes Marcó del Pont por un fideicomiso que benefició al empresario Lázaro Báez, detenido por la causa de lavado de dinero conocida como la ruta del dinero K.

Rafecas tiene en sus manos una causa impulsada por Stolbizer para que se investigue si se usaron fondos públicos del Banco Nación en beneficio de Lázaro Báez y de su empresa Austral Construcciones a través de un fideicomiso que implicó unos 350 millones de pesos.

Durante el kirchnerismo, Fábrega fue presidente de los bancos Nación y Central, Forlón del Nación y Marcó del Pont del Central.

Tras la declaración del arrepentido intermediario Leonardo Fariña, quien habló del fideicomiso en el que él intervino por disposición de Báez, Stolbizer hizo hoy una ampliación de su denuncia y apuntó contra los funcionarios políticos responsables de autorizar dichas maniobras delictivas cometidas a través del Banco oficial del Estado Nacional.

La diputada sostuvo: "Báez recibió un trato preferencial por parte del Banco Nación, pese a que sus empresas nunca cumplieron con la normativa exigida en relación a la prevención de lavado de activos y presentaba documentación "incompleta y con irregularidades".

Según dijo, el Nación le permitió a Austral Construcciones que su descubierto aumentara a ritmos millonarios al tiempo que se le otorgaban créditos a bajo interés", pese a los "excesos en los límites acordados para adelantos en cuenta corriente" y mientras "llamativamente se demoraban en la actualización de la calificación como deudores y gestión crediticia".

Stolbizer también advirtió que los créditos y reestructuraciones de deudas otorgadas le permitieron al empresario mejorar su estado de deuda a fin de posicionarse mejor en las licitaciones".

"La utilización de la posición de poder de quienes autorizaban las tramitaciones de Báez implica una malversación de los recursos públicos, ya que pusieron en riesgo la posibilidad de recupero o de pago en diversas operaciones, e incluso fueron los responsables del quebranto que las empresas del grupo han dejado para la Nación", se indicó.