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“Mesa judicial”: un ciberpatrullaje que analiza los tuits y opiniones de Macri recalienta la investigación
Es un peritaje de 300 páginas sobre lo que dijo el expresidente, Carrió, Bullrich y otros referentes de Cambiemos sobre la jueza Figueroa y la exprocuradora Gils Carbó, para analizar si hubo presiones o coacciones
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LA NACIONHernán Cappiello
La Justicia incorporó un peritaje sobre las opiniones que vertieron entre 2015 y 2019 Mauricio Macri y exfuncionarios de su Gobierno sobre jueces y fiscales considerados víctimas de la “mesa judicial” de Cambiemos acusados de presionarlos para dictar resoluciones según su conveniencia.
El estudio de 326 páginas consiste en un “ciberpatrullaje” sobre expresiones del expresidente y un grupo de dirigentes en Twitter y en medios digitales, por ahora solo sobre la jueza de Casación Ana María Figueroa y la exprocuradora Alejandra Gils Carbó. En el futuro se sumarán las expresiones sobre otros magistrados.
Los acusados protestaron indignados antes este peritaje al que consideraron una persecución que pretende violar su libertad de expresión o buscar condenarlos por “un delito de opinión”, mientras que los investigadores defendieron la medida al señalar que busca determinar si estos dichos luego fueron acompañados por otras medidas, como un pedido de juicio político, que buscaron coaccionar a los magistrados.
La Coalición Cívica reaccionó indignada, pues Elisa Carrió es una de las investigadas. Un grupo de diputados hará una presentación ante la Corte Suprema de Justicia, pues el organismo que hizo el peritaje depende de ella, para denunciar que “se está realizando inteligencia sobre legisladores”. Y que se trata de un caso que “no solo afecta la libertad de expresión de cualquier ciudadano y el Estado de Derecho, sino que en el caso de los legisladores genera un conflicto de poderes en tanto afecta la inmunidad de opinión de los parlamentarios y la función legislativa”, según dijo la fuerza en un comunicado.
“No puede la Justicia ser un instrumento de venganza de los legisladores y ciudadanos que opinaron desde el primer día de funcionarios como la exprocuradora Gils Carbó, a quien Carrió impugnó durante su proceso de designación en el año 2012 y pidió su juicio político un año después. La Corte debe decidir que hace al respecto”, dijeron los diputados.
El peritaje fue pedido por el fiscal Franco Picardi en la causa en que la jueza María Eugenia Capuchetti investiga la “mesa judicial” de Cambiemos, a partir de una denuncia del diputado Rodolfo Tailhade y del ministro de Justicia, Martín Soria, a la que sumó un expediente anterior.
En esa causa el objeto de la investigación es determinar si existieron por parte de integrantes de la supuesta “mesa judicial” de Cambiemos presiones coactivas o no sobre un grupo de funcionarios judiciales para dictar resoluciones judiciales que le fueran propicias al gobierno de Macri.
En este interés es que Picardi pidió un estudio a la Dajudeco (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos), que revisó lo que tuitearon o dijeron en los medios sobre la jueza Figueroa o la entonces Procuradora Gils Carbó los siguientes funcionarios, exfuncionarios y abogados: Mauricio Macri, Pablo Clusellas, Germán Garavano, Ernesto Sanz, Fabián Rodríguez Simón, Guillermo Lipera, Federico Pinedo, Laura Alonso, Bernardo Saravia Frías, Pablo Tonelli y Patricia Bullrich, entre otros.
El análisis incluye expresiones críticas de abogados como Ricardo Monner Sans o del propio fiscal federal Carlos Rívolo.
El fiscal Picardi quería determinar “las manifestaciones directas de carácter público” cuyos contenidos “estén emparentados con expresiones de connotaciones críticas, negativas, peyorativas y/o descalificantes, en términos profesionales y/o personales”.
Así, los especialistas de la Corte en cruces de llamadas y otros estudios digitales peinaron las cuentas de Twitter y portales de noticias LA NACION, Infobae, Cronista, Perfil, El Destape, Pagina 12, Télam, Clarín, Minutouno, Tiempo Argentino, Ámbito, Radio Mitre y Radio Nacional, y los canales de televisión TN, C5N y A24, entre otros.
El estudio identifica los tuits de los investigados y los links de notas adjuntas a sus posteos, con un análisis semántico de los títulos. Se analiza en cada tuit, si tuvo comentarios y cuántos, cuántos retuits tuvo, si fue citado por alguien más y si le dieron likes a ese posteo para determinar su alcance. Destaca si contiene expresiones como “corruptos”, “jueces federales”, “juicio político”, “renuncia” o “dar un paso al costado”. Hay capturas de pantalla y transcripción de párrafos de las notas periodísticas que reflejaron las opiniones de los investigados. El peritaje registra la cantidad de comentarios de la audiencia ante cada nota periodística y la cantidad de seguidores de cada tema.
Así se determinaron las menciones realizadas sobre Gils Carbó y Figueroa. La Dajudeco a pedido de Picardi, está preparando y realizará otras entregas con lo que opinaron los funcionarios macristas sobre los jueces y exjueces Martina Forns, Eduardo Farah, Graciela Marino, Enrique Arias Gilbert, Diana Regina Cañal, Luis Aníbal Raffaghelli, Mirta González Burbridge, Marcela Pérez Pardo, Alejo Ramos Padilla y Eduardo Freiler, considerados por la investigación supuestas víctimas de las presiones del gobierno de Macri.
El estudio concluyó que, entre 2015 y 2019, Macri, Lipera, Laura Alonso, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Gerome se refirieron a la jueza Figueroa unas diez veces con los términos despectivos que define el estudio. Y señala que las expresiones de Garavano, Elisa Carrió, Monner Sanz, Bullrich, Margarita Stolbizer, Pablo Tonelli, Federico Pinedo, Mario Negri, Marcos Peña o Graciela Ocaña, entre otros, suman 155.
Lipera, expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad, uno de los investigados en este trabajo, dijo: “Opinar no es ningún delito. Desde hace 20 años vengo dando mi opinión sobre diversos temas judiciales cuando me parece e hice presentaciones pidiendo juicios políticos cuando entendí que correspondía, pero no por el contenido del fallo de un juez. Promoví una auditoría de la Justicia federal y de la vocalía de la jueza Figueroa. Participé del juego de la democracia y eso no es delito, simplemente opiné”.
En la Justicia defendieron el peritaje y dijeron que lo publicado es parcial, porque lo que se busca es determinar si estas expresiones fueron acompañadas de conductas que podían ser interpretadas como coacciones. Por ejemplo, un pedido de juicio político. “Se buscaron expresiones agraviantes para los jueces, no porque fuera un delito opinar, sino porque son parte de las evidencias para probar el objeto procesal”, dijo una fuente ligada con la investigación.
En tribunales, las fuentes insisten: “Las presiones se pueden ejercer desde diferentes ángulos y lo que se busca es determinar si estas manifestaciones son parte de esas presiones. No vamos a buscar delitos en lo que digan: juntamos evidencia”.
LA NACION consultó con la mayoría de los investigados, que prefirieron no opinar hasta que avance esta causa. Aunque sus allegados se mostraron indignados por lo que consideran una persecución, una violación a la libertad de expresarse y una búsqueda de castigar una opinión.
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