Negocian más compensaciones para tener el aval de las provincias
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LA NACIONMariano Obarrio
En medio de la incertidumbre económica, el gobierno de Mauricio Macri apura antes de tratar en el Congreso el proyecto de ley de presupuesto 2019 la firma de la mayor parte de los gobernadores de la adenda al consenso fiscal de 2017, por la cual las provincias podrían compensar con nuevos ingresos tributarios el recorte de gastos de 100.000 millones de pesos acordado con la Casa Rosada para alcanzar el déficit cero .
En esa adenda, se dispone que se postergará la rebaja del impuesto a los sellos que recaudan las provincias, se reabrirá la discusión parlamentaria en la baja del impuesto de bienes personales y se eliminarán algunas exenciones al impuesto a las ganancias.
Mientras, ayer se definió que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , no enviará hoy el proyecto de ley de presupuesto, sino que lo hará pasado mañana. En forma simultánea, también expondrá en Diputados sobre los detalles de la iniciativa.
Según pudo saber LA NACION, la Casa Rosada aspira a que al menos 19 de los 24 gobernadores suscriban la adenda del consenso fiscal, aunque estima que luego de las negociaciones de último momento ese documento lo terminarán firmando 22 mandatarios.
La cifra sería similar a las firmas que logró el consenso fiscal que se suscribió en diciembre del año último. Los únicos gobernadores que le quitaron apoyo fueron los de San Luis, Alberto Rodríguez Saá , y de La Pampa, Carlos Verna.
Como comienzo de esas tratativas, el mandatario de Chaco, Domingo Peppo, suscribió ayer el documento en una reunión en la Casa Rosada con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio ; con el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli, y con su segundo, Paulino Caballero.
El jueves último había firmado la adenda el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey , que también se comprometió a apoyar la sanción del presupuesto. Según fuentes cercanas a Macri, el Gobierno confía en contar con los votos suficientes en el Congreso para aprobar el presupuesto, tanto en Diputados como en el Senado.
En realidad, la adenda del consenso fiscal es un instrumento que a los gobernadores les permitirá compensar con ingresos adicionales parte del ajuste que acordaron con la Nación para reducir en 100.000 millones de pesos las transferencias del Tesoro a las provincias. Por este traspaso de responsabilidades, las provincias deberán asumir el gasto de los subsidios al transporte y la tarifa social eléctrica, y dejarán de recibir el Fondo Federal Solidario (Fofeso) que se obtiene por la recaudación de la soja.
A cambio de ese mayor gasto, la adenda dispone que las provincias quedarán habilitadas para postergar la rebaja del impuesto a los sellos y se habilitará en el Congreso la discusión sobre la rebaja en el impuesto a los bienes personales prevista en la última reforma tributaria. Al mismo tiempo, se estudiará el aumento de la alícuota de ese impuesto para bienes radicados en el exterior, del 0,25 al 1%.
Por otra parte, la adenda elimina las exenciones en el impuesto a las ganancias para funcionarios y empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, y para actividades de ahorro, crédito, financieras y seguros.
En el caso de sellos, la recaudación es provincial. En Ganancias y Bienes Personales, la mayor recaudación la percibiría la Nación, pero tendría impacto en las provincias vía mayor coparticipación.
"En el caso de las exenciones de ganancias a los funcionarios y empleados públicos es una señal al Poder Judicial que es el único poder que queda con ese privilegio de no pagar ganancias", dijo a LA NACION un alto funcionario oficial.
La adenda también prevé incluir en el presupuesto un artículo para que la Anses le transfiera hasta 18.000 millones de pesos a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación. Y le permitirá subir el gasto a los distritos cuyo gasto en 2018 haya crecido menos que la inflación.
El recorte de 100.000 millones de pesos en las provincias se complementará con un ajuste de 300.000 millones que hará la Nación. Este recorte del déficit , de casi 400.000 millones, equivaldrá al 2,6% del PBI para llegar en 2019 al déficit cero. De ese total, la mitad, 1,3% corresponderá a baja de gastos y otro tanto a suba de ingresos.
Por el recorte del gasto, un 0,7% del PBI provendrá de la reducción de obras públicas, un 0,5% de ajuste de subsidios y un 0,1% de baja de gastos operativos y corrientes. En tanto, por los ingresos, el Tesoro recaudará un 1,1% adicional por retenciones a las exportaciones y un 0,2% por aumentos de impuestos.
Por ahora, pese al reclamo de los gobernadores, la Casa Rosada logró evitar la postergación de la rebaja del impuesto a los ingresos brutos, considerado el más distorsivo. Sin embargo, en el debate parlamentario los diputados o los senadores podrían volver a la carga.
Si bien en el Gobierno son optimistas sobre la sanción del presupuesto y le envían señales amistosas a los gobernadores, en el peronismo advierten que todavía puede haber discusiones en el Congreso hasta último momento.
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