Nuevos allanamientos y sospechas de coimas pedidas a empresarios para paliar una catástrofe climática en Chubut
Exfuncionarios kirchneristas de Comodoro Rivadavia están bajo investigación en la segunda parte de una causa que ya dejó condenas por corrupción
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PARA LA NACIONAna Tronfi
COMODORO RIVADAVIA.- La Justicia de Chubut avanzó esta semana con una serie de allanamientos en viviendas y estudios vinculados a exfuncionarios municipales de Comodoro Rivadavia, en el marco de la denominada causa Emergencia Climática II. Se trata de una derivación de un proceso que ya había culminado en 2024 con condenas por corrupción durante la catástrofe climática de marzo y abril de 2017, cuando las lluvias afectaron por 11 días consecutivos la ciudad y dejaron un saldo de una víctima fatal, 8000 evacuados y 3000 viviendas perdidas.
Entre los lugares registrados figura el estudio contable de Germán Issa Pfister, exsecretario de Economía del municipio, que se desempeñó en las gestiones de los intendentes kirchneristas Carlos Linares y Juan Pablo Luque, exadversario del gobernador Ignacio Torres en la pulseada por la gobernación en 2023, además de actual candidato a diputado nacional.
También se allanaron domicilios particulares en los que se secuestraron computadoras y documentación. El operativo fue encabezado por el fiscal Cristian Olazábal, quien explicó que los procedimientos se orientaron a “la búsqueda de evidencia digital y contable que permita verificar si existieron conductas delictivas adicionales a las ya probadas en el primer juicio”.
El fiscal es el que logró una fuerte sentencia en el primer juicio, realizado el año pasado, en el que se condenó a exsecretarios municipales y empresarios por sobrefacturación de trabajos para sacar cientos de miles de toneladas de barro de la ciudad, cuando quedó colapsada por la catástrofe climática de abril de 2017.
En la causa original fueron declarados penalmente responsables por el fraude los ex secretarios municipales Abel Boyero y Rubén Palomeque, a quienes se suman los inspectores municipales Joaquín Mansilla, Juan Carlos Lara, Rubén Sartori y Eduardo Van Herdeen. A todos ellos se suman cuatro empresarios, identificados como Roberto Monasterolo, Cristian Pérez, Javier Morales y Hernán Lobos Rosas.
Nuevas hipótesis de investigación
Según consta en el expediente, esta segunda investigación amplía el rango de sospechas hacia más de una decena de personas, incluidos exfuncionarios y empresarios. La hipótesis central apunta a presuntas maniobras de falso testimonio, exacciones ilegales y negociaciones incompatibles con la función pública.
Uno de los elementos que sustenta esta línea es la aparición de conversaciones por WhatsApp, en las que un empresario y uno de los contadores municipales sospechados aluden a la necesidad de acordar “retornos” por parte de los empresarios contratados, lo que fue tomado por el tribunal de juicio en la causa anterior para ordenar una nueva investigación.
El fiscal Olazábal interpretó este intercambio, junto a otros elementos surgidos en el primer juicio, como un indicio de eventuales pedidos indebidos hacia contratistas, aunque la pesquisa aún se encuentra en etapa preliminar.
En paralelo, también se incorporaron al expediente irregularidades detectadas en documentación: enmiendas, correcciones y facturas rectificadas que podrían constituir pruebas de adulteración administrativa, destinadas a favorecer a un empresario con fuerte vínculo político.
Respuestas y contexto político
La difusión de los allanamientos generó reacciones inmediatas en el plano político. El exintendente Juan Pablo Luque sostuvo que la inclusión de Issa Pfister en esta causa representa “una persecución política disfrazada de justicia”.
“En 12 años de gestión, nunca tuve una denuncia”, afirmó Luque, quien interpreta el episodio como un intento de vincular su figura a hechos de corrupción ya juzgados.
A través de un posteo en sus redes sociales, el ex intendente de Comodoro Rivadavia apuntó contra una de sus contrincantes en la elección de octubre, la diputada Ana Clara Romero. “Haciendo uso de sus fueros, me acusa falsamente de una vinculación con la causa emergencia que es inexistente”, dijo.
El candidato a diputado denunció, además, que fue “objeto de seguimientos y actividades de inteligencia ilegal” mientras realizaba actividades de campaña y aseguró que “todo ese accionar dirigido a un amigo, exfuncionario y parte esencial de mi equipo político, no tiene ningún sustento y evidencia la intencionalidad política y el claro exceso”.
En contraste, desde la oposición, la diputada Romero recordó que parte del gabinete de Luque fue condenado en la primera causa y cuestionó lo que consideró una estrategia de victimización.
Un caso que vuelve al centro de la escena
El 29 de marzo de 2017 comenzó en Comodoro Rivadavia un temporal de lluvia que se extendería durante 11 días y que sería recordado como la peor catástrofe socioclimática en la historia de la ciudad. La tormenta se adelantó tres horas a lo previsto y descargó más de 300 milímetros de agua, transformando calles en ríos torrenciales y en enormes zanjones.
El impacto fue devastador: barrios enteros quedaron aislados e inundados, miles de vecinos permanecieron sin energía ni agua corriente, y los servicios públicos colapsaron. Los caminos y vehículos sufrieron destrozos, y se contabilizó la pérdida de alrededor de 3000 viviendas.
El saldo humano y social también fue dramático: una víctima fatal y unas 8000 personas evacuadas marcaron la magnitud de un desastre que evidenció la falta de preparación de la ciudad para afrontar emergencias de esta envergadura.
El temporal no solo dejó secuelas materiales. Ocho años más tarde, la emergencia sigue proyectando consecuencias judiciales y políticas. Ahora, con la causa Emergencia Climática II, los fiscales intentan determinar si existieron redes de connivencia más amplias que las ya sancionadas en el primer juicio, mientras el telón de fondo es una campaña electoral que reaviva tensiones entre oficialismo y oposición en Chubut.
No son los únicos hechos de corrupción vinculados a la peor inundación que sufrió esta ciudad. Ya hubo exfuncionarios y comerciantes de Rawson y Trelew condenados por haber aplicado sobreprecios a productos esenciales durante la emergencia, como agua mineral y colchones para los inundados, además de una exministra y sus funcionarios que debieron cumplir penas de prisión por robarse los alimentos para mascotas que había donado una reconocida marca del rubro.
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