Ordenaron la inhibición general de los bienes de Eduardo Belliboni en la causa por el manejo de planes sociales
El juez federal Sebastián Casanello le impidió al líder del Polo Obrero disponer de su patrimonio, tal como lo había hecho con los otros imputados; lo indagará el mes próximo
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LA NACION
El juez federal Sebastián Casanello ordenó la inhibición de bienes de Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, que fue llamado a indagatoria en el marco de la causa que investiga una presunta administración fraudulenta de los bienes que el Estado entregó a la agrupación piquetera por el Plan Potenciar Trabajo.
Este lunes, Casanello citó a indagatoria a Belliboni en el marco de esta causa -que investiga además hechos de coacción y amenazas a beneficiarios de planes para que asistieran a marchas-, pero no dictó en ese momento la inhibición; la dispuso a través de una nueva resolución, que equipara la situación del líder del Polo Obrero con la de los demás imputados, también inhibidos.
Belliboni fue llamado a indagatoria, acusado de irregularidades en el manejo de fondos recibidos del Estado. El juez sospecha que se disfrazaron gastos y que se desviaron fondos para solventar actividades políticas.
De acuerdo con los expedientes que presentó en la causa el gobierno nacional, el Polo Obrero recibió entre 2020 y 2023 unos $360.000.000 (equivalentes a 1.650.000 dólares, según los cálculos de los investigadores, que consideraron el valor del dólar blue a la fecha de cada factura) y solo rindió el 30% de esos fondos. Pero además, parte de lo que sí rindió lo justificó con facturas que para la Justicia está claro que son falsas.
Estas son las primeras conclusiones de los investigadores judiciales que analizaron el movimiento del dinero que ingresó a las arcas del Polo Obrero por el Plan Potenciar Trabajo. Este plan contemplaba, por un lado, los ingresos que recibía cada uno de los beneficiarios (y cobraban con su tarjeta personal) y, por otro, fondos que recibían las asociaciones para destinarlos, entre otras cosas, al desarrollo de las actividades educativas, de formación laboral y de emprendimientos productivos. Los fondos que recibían las agrupaciones en sus cuentas son los que sumaron, en el caso del Polo Obrero, los 360 millones de pesos bajo investigación.
De esos $360 millones, según surge de los expedientes administrativos que aportó el Ministerio de Capital Humano, solo se rindieron gastos con documentos y facturas por $113 millones (menos de un tercio), informaron fuentes judiciales. Y de ese tercio, los investigadores consideran acreditado que $5 millones (unos 30.000 dólares, siempre tomando la fecha de las facturas y el valor de dólar blue) se justificaron como pagos a Coxtex, que sería una empresa fantasma, y otros $20 millones (120.000 dólares), a Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, una firma que tiene contactos con el Partido Obrero.
Belliboni negó las acusaciones en su contra. Dijo a LA NACION que lo que se rindió fue el 90%, no el 30%, y que el 10% pendiente no se pudo rendir aún porque el Gobierno no les recibe ningún trámite. “Tenemos las rendiciones con el OK del Ministerio. Si no rendís lo que el Estado te da, no te dan el resto. Todo esto va a ser probado en la causa”, afirmó. Según él, lo que está en la causa “es información envenenada dada por el ministerio de Pettovello, que es querellante”.
Este expediente se inició como una investigación de presuntos hechos de extorsión y amenazas a beneficiarios de planes sociales para que asistieran a marchas y movilizaciones. El fiscal del caso es Gerardo Pollicita. Luego de los allanamientos y otras pruebas que se incorporaron, el juzgado sostuvo que en el caso del Polo Obrero debía avanzarse, además, sobre la hipótesis de una presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
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