Para transmitir a Galende, sacan del aire programas locales en 48 emisoras estatales
El cambio, que comenzará en febrero próximo, obliga a levantar de 9 a 12 la programación de esas radios para retransmitir el contenido de Radio Nacional Buenos Aires
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Para LA NACIONJosé Crettaz
El gobierno nacional ordenó levantar del prime time la programación local de 48 emisoras AM pertenecientes a Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa que controla Canal 7 y Radio Nacional, y reemplazarla por el programa de Luciano Galende.
Desde el 4 de febrero próximo, esas radios deberán transmitir en prime time (de 9 a 12) el programa Mañana Más, de Luciano Galende, también conductor del espacio oficialista 678 en Canal 7. Hasta que fue designada como Defensora de la Audiencia -cargo creado por la ley de medios- también conducía ese espacio la periodista Cynthia Ottaviano. El cambio alcanza a las 40 radios nacionales que hay en capitales de provincia y zonas de frontera, y a otras ocho emisoras comerciales del Estado que a partir de la ley de medios pasaron a la órbita de RTA. Esas emisoras -de fuerte arraigo regional en sus respectivas zonas de cobertura- sólo tendrán programación local de 7 a 9 por la mañana.
La decisión de Radio Nacional, dirigida por la ex periodista del diario Clarín María Seoane, choca contra dos de las principales promesas de la ley de servicios de comunicación audiovisual: la pluralidad de voces y la federalización de la producción de contenidos. Además, generó gran malestar en las provincias, donde esas emisoras cumplen un papel clave en materia de comunicación y servicios.
Según pudo saber LA NACION, en un año electoral, la idea de RTA es transmitir a todo el país el programa de Galende, del que también participan los periodistas Hernán Brienza y Carlos Ulanovsky. La ley de medios permite al Estado armar cadenas que lleguen al 100% de los habitantes del país pero para los medios privados limita esa cobertura al 35% de la población.
En las radios comerciales, que hasta ahora se manejaron con mayor autonomía, el reclamo ya se hace sentir en el aire: los trabajadores leen un comunicado en el que denuncian la situación. Ese es el panorama en LT11, de Concepción del Uruguay, y LT14, de Paraná (Entre Ríos); LT12 de Pasos de los Libres (Corrientes); LV19, de Malargüe, LV4, de San Rafael, y LV8, de Mendoza (las tres en la provincia de Mendoza); LU4 de Comodoro Rivadavia (Chubut); y LU23, de El Calafate (Santa Cruz).
Conocida la decisión del gobierno central, periodistas, técnicos y administrativos de esas radios se declararon en estado de alerta y comenzaron un plan de lucha que incluye la lectura al aire en los horarios todavía disponibles de un comunicado en el que denuncian la situación y expresan su preocupación por el futuro de sus puestos de trabajo.
"Acá hay una contradicción entre el espíritu de la ley y lo que se está haciendo, que es sacar la programación propia. En lo personal, yo fui uno de los defensores de la ley de medios pero en los artículos 121, 122 y 123, que se refieren a las radios de RTA, hay una trampa: allí se habla de 60% de programación propia, pero no aclara que debe ser local. Ahí está la trampa de la letra chica que va contra el federalismo, lo local, la elaboración y producción propia", explicó a LA NACION Juan Manuel Pralong, delegado de la Sociedad Argentina de Locutores (SAL) en LT 11, donde trabajan 60 personas. Para analizar los pasos a seguir se reunirá hoy en Buenos Aires la Intersindical Radial compuesta por el SAL, la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (Aatrac) -que agrupa a los operadores técnicos-, y el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (Sutep) -que representa a los administrativos de las radios-.
Altamente deficitarias, las emisoras comerciales del Estado –algunas de las cuales fueron fundadas por el prócer de la radiodifusión argentina Jaime Yankelevich- se mantuvieron hasta ahora con la venta de espacios publicitarios y fueron relativamente autónomas con un vínculo formal con la extinta Secretaría de Medios de la presidencia. Desde que pasaron a formar parte de RTA, los sueldos son pagados directamente por el Estado mientras que los costos operativos (energía, servicios, alquiler de edificios) son cubiertos por la comercialización de publicidad. Sin embargo, perdieron completamente su autonomía.
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