Patricia Bullrich entregó al Servicio Penitenciario Federal uniformes nuevos confeccionados por presos

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, entregó este miércoles nuevos uniformes a empleados del Servicio Penitenciario Federal, los cuales fueron confeccionados por presos en el marco del programa “Manos a la Obra”. “La cárcel no es un descanso. Es una deuda con la sociedad“, declaró la funcionaria.

La medida fue anunciada por la propia ministra a través de su cuenta de X: “Uniformes nuevos para el Servicio Penitenciario Federal hechos por los presos”. Además, subrayó: "Ocio cero, orden y disciplina. Después de 13 años, entregamos uniformes nuevos a los penitenciarios. Ya no los pagan de su bolsillo: los confeccionan los presos dentro del programa Manos a la Obra".

En este marco, Bullrich remarcó que la cárcel “no es un descanso”, sino que es “una deuda con la sociedad”. Por último, cerró con una de las frases célebres del gobierno nacional en materia de seguridad: “El que las hace, las paga”.

La excandidata presidencial entregó los uniformes en un acto, en el cual también participaron el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi; y el director nacional del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez. En su discurso, informó que la última distribución de indumentaria había sido en 2012 y expresó: “La cárcel no puede ser un lugar de privilegios ni de ocio financiado con el esfuerzo de los argentinos. Cada detenido debe contribuir con tareas productivas. El que no trabaja, no cobra“.

En total se confeccionaron 6500 uniformes, los cuales fueron elaborados en talleres instalados en los complejos penitenciarios de Marcos Paz, Güemes, Senillosa, Luján de Cuyo, Santa Rosa, Jujuy, y los complejos IV de Mujeres y VII de Ezeiza. Según comunicaron desde el Gobierno, este miércoles se entregaron más de 3000.

En el último tiempo, la ministra Bullrich implementó una serie de medidas vinculadas al Servicio Penitenciario Federal. Días atrás, el gobierno nacional eliminó un sistema de subsidios que cobraban seis de cada diez presos y mediante el cual la cartera pagaba $ 536.600.000 por mes a internos que no trabajaban, según una auditoría.

Además, a finales de marzo, el Gobierno prohibió el funcionamiento de centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal y justificó que su esquema en las cárceles es “incompatible con el sistema de reinserción social”. “A la par de no estar expresamente reconocida legalmente ni por la administración penitenciaria, su existencia tergiversa la finalidad de readaptación social de los internos toda vez que impide, en los hechos, el cumplimiento de las pautas del régimen de progresividad”, consideró en la Resolución 372/2025, aunque semanas más tarde la Justicia ordenó que permanezcan abiertos.

LA NACION

• Patricia Bullrich

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