Pese al fallo de la Corte, no actualizarán las jubilaciones
Bossio dijo que si se universalizara el 82%, la Anses perdería $ 50.000 millones; críticas de Lorenzetti
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LA NACIONMariano Obarrio
Tras anunciar el uso de fondos previsionales para un plan de crédito barato destinado a construir viviendas, el Gobierno confirmó ayer su decisión política inamovible de no actualizar los 5.600.000 jubilaciones del país al 82% móvil, en consonancia con lo ordenado por la Corte Suprema en los fallos Badaro y Eliff.
El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, argumentó que ese aumento implicaría un "riesgo institucional" y desfinanciaría el sistema.
Luego de consultarlo con la Presidenta, según pudo saber LA NACION, Bossio formuló esa justificación definitiva como respuesta a la Corte, que anteayer intimó a la Anses a informar en un plazo de 30 días sobre el atraso en el cumplimiento de fallos judiciales favorables a los jubilados que demandaron mayores haberes, y también sobre el destino de los recursos previsionales.
En declaraciones efectuadas en Canal 7, el funcionario había dicho anteanoche que cumpliría con la requisitoria y que se trataba de "una ampliación de la información que ya se presentó". Añadió que "en el primer semestre de este año se canceló más deuda previsional que en los dos primeros de 2010 y 2011". La polémica se reavivó ayer cuando el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, le replicó: "Queremos que los jubilados no tengan juicios y acabar con su padecimiento". Y reclamó a "los poderes del Estado mejorar y facilitar la vida" de los mayores.
En medio del revuelo por el anuncio del plan de créditos para vivienda, el Gobierno considera que "si universalizara" el fallo Badaro, la Anses "perdería $ 50.000 millones por año" y "desaparecería" en pocos años el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del organismo. Fuentes del gabinete y de la Anses ratificaron ayer que ello "sería un riesgo de quiebra".
"El sistema previsional toleraría pagar, quizás, el 60% móvil a todos los jubilados. Y eso sería aceptado por la Cámara Nacional de Previsión Social, porque se sinceraría que no alcanzan los recursos. Disminuiría la litigiosidad. ¿Pero quién se anima promover una ley y sincerar el sistema y a pasar a la historia como quien eliminó el 82% móvil?", se preguntó ante LA NACION un alto funcionario.
Según confiesan las fuentes oficiales, los camaristas conversaron este asunto en forma reiterada con funcionarios, incluso con Bossio. Se lo barajó como una solución para terminar con parte de los 460.000 juicios previsionales por mala regulación de haberes que están impagos. La Presidenta conoce esas charlas, pero no tiene la decisión política para instrumentar ese sinceramiento.
El resultado es que el Gobierno paga jubilaciones muy por debajo de ese nivel.
A principios de 2011, la Corte pidió a la Anses que discriminara la cantidad de causas abiertas porque la Defensoría del Pueblo reclamó un fallo que universalizara el pago jubilatorio conforme los fallos Badaro y Eliff. En aquella oportunidad, Bossio contestó en un escrito de 600 páginas y se presentó ante el tribunal, donde explicó la imposibilidad de cumplir esos pagos.
Al insistir en la necesidad de atender las necesidades de los mayores, Lorenzetti dijo ayer que la Corte quiere "trabajar en medidas concretas para que los jubilados no tengan que hacer juicios en una edad en la que es difícil hacer juicios, un momento difícil de la vida".
Riesgo institucional
"La apuesta es que el sistema siga mejorando todos los años y no que quiebre el sistema y no se puedan pagar las jubilaciones", dijo Bossio , cuando explicó lo que sería un "riesgo institucional".
Luego de que Cristina Kirchner anunciara que el Gobierno usará $ 20.000 millones del FGS de la Anses para créditos destinados a viviendas -lo que generó críticas de diversos sectores de la oposición-, la Corte intimó nuevamente a la Anses para que informe sobre el pago de las jubilaciones, el destino de los recursos del fondo previsional y la lista de jubilados de privilegio.
El FGS tiene casi $ 200.000 millones. La polémica se originó porque con él se solventan la Asignación Universal por Hijo, el Programa Conectar Igualdad (reparto de netbooks), el Plan de Inclusión Jubilatoria (amas de casa), el plan Inversiones Para Proyectos Productivos (créditos a empresas), a lo que se agregará el plan de créditos Procrear, anunciado el martes por la Presidenta en la Casa Rosada.
Esa distracción de recursos de los jubilados está en el centro del pedido de la Corte. Otro costado conflictivo es que el Poder Ejecutivo sólo debería cambiar el destino de los fondos previsionales, mediante una ley del Congreso y no a través de una resolución o un decreto de necesidad y urgencia.
"Lo que le decimos a la Corte es que no se puede poner en riesgo un sistema previsional que viene creciendo año a año. La jubilación mínima creció 11 veces, se dieron aumentos que llegaron al 37% e incluimos 2 millones y medio más de personas al sistema", dijo Bossio a 6,7,8 . Además, informó en un comunicado que "en 2011 se abonaron 16.932 retroactivos jubilatorios y este año se llevan liquidadas y puestas al pago 9857 sentencias, por $ 1.174.781.008,16".
Recursos y prioridades
Antecedentes
AGOSTO DE 2006
El caso Badaro
Con este nombre se conoce un fallo histórico de la Corte Suprema, que se publicó en agosto de 2006. El máximo tribunal le reconoció al jubilado Adolfo Valentín Badaro una actualización de sus haberes. Al año siguiente, como ni el Ejecutivo ni el Congreso definían los porcentajes, fijó el ajuste en 88%.
MAYO DE 2011
Primer reclamo
Sobre la base del caso Badaro, que fue tomado como un antecedente para las demandas de miles de jubilados, la Corte Suprema le pidió a la Anses que informara cuál sería el impacto económico de extender el criterio aplicado en esa causa a todos los que habían iniciado recursos contra el Estado por falta de actualización jubilatoria.
JULIO DE 2011
Respuesta negativa
El titular de la Anses, Diego Bossio, le respondió a la Corte que replicar el caso Badaro a todos aquellos en igual situación demandaría 14.136 millones de pesos anuales, a los cuales habría que sumar 28.000 millones en retroactivos, a ser pagados por única vez. Ese escenario, consideró, implicaría un "riesgo institucional".
JUNIO DE 2012
Insistencia
Un día después de que el Gobierno anunciara un megaplán de créditos hipotecarios a ser financiado por la Anses, la Corte Suprema reiteró su pedido del año pasado, con cálculos actualizados, y una proyección de ingresos y gastos para este año. Bossio salió a responderle con el mismo argumento: "Implicaría riesgo institucional".
"Esperemos que puedan pagarnos"
CORDOBA.– Con ironía y una fuerte crítica recibió el gobernador José Manuel de la Sota el anuncio del plan de viviendas. "Estamos muy contentos, porque si la Nación tiene los fondos, que son $ 20.000 millones, esperemos que también tengan los recursos para pagarnos lo que nos deben, que son casi $ 2000 millones", dijo el mandatario, al reactivar la disputa por la deuda que ya exigía su antecesor, Juan Schiaretti. "LA NACION les debe a los jubilados de Córdoba. La provincia lleva 18 meses pagando el 82% a los jubilados sin que ellos cumplan", se quejó, al no descartar la presentación de una demanda judicial.
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