Piden revisar las licitaciones activas de la droguería Suizo Argentina y el fiscal rechaza el pedido de nulidad de los Kovalivker
Dirigentes de la Coalición Cívica enviaron un escrito al Poder Ejecutivo instando a dar de baja los procesos
6 minutos de lectura'
Con un escrito dirigido al presidente Javier Milei, los dirigentes de la Coalición Cívica Hernán Reyes y Marcela Campagnoli solicitaron la revisión de las licitaciones aún activas entre el Estado y la droguería Suizo Argentina, la empresa mencionada en los audios que hicieron explotar el caso y está siendo investigada por la Justicia en la causa por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad (Andis).
En total, los dirigentes identificaron al menos 13 procesos licitatorios en curso en los que la empresa de la familia Kovalivker participa como oferente. En total, suman más de 5 mil millones de pesos.
En paralelo, el fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación que se desarrolla en Comodoro Py, rechazó este martes el pedido de los dueños de la empresa para hacer caer el expediente.
El abogado de los Kovalivker, Martín Magram, sostuvo que las grabaciones que aluden a la empresa estaban adulteradas y eran ilegales, además de que violaban el derecho a la defensa.
Pero hoy, en un escrito de más de 30 páginas, el fiscal sostuvo que el planteo es ”errado, contradictorio y carente de sustento evidencial” y tiene por fin “entorpecer el desarrollo de una investigación incipiente“.
El resto de las partes ya se pronunció sobre el pedido y ahora deberá expedirse el juez a cargo del caso, Sebastián Casanello.
En su escrito, el fiscal Picardi dio a entender que el contenido de los audios fue respaldado por distintos hechos, entre los que enumeró la propia reacción del Gobierno, que desplazó a Spagnuolo y a otro funcionario de la agencia, Daniel Garbellini, e intervino el organismo.
También puntualizó que el experto en marketing y exasesor de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo, en su declaración testimonial de hace dos semanas manifestó que Diego Spagnuolo “le contó oportunamente sobre las maniobras de corrupción objeto de esta investigación”.
Además, enumeró otra serie de indicios públicos que corrieron en la misma línea, como las notas periodísticas que difundieron y ensancharon los hechos.
El fiscal destacó también que el ruido de ambiente que se escucha de fondo en las grabaciones -que parecen haber sido realizadas en un restaurant o un cafe- “se desarrollaron en un ámbito o espacio público”, lo que reduce la expectativa de intimidad.
El pedido de nulidad de los Kovalivker fue presentado mientras la causa se encontraba bajo secreto de sumario. Por eso, el abogado Magram afirmó que el proceso se llevaba a cabo “a espaldas de la defensa” y que por eso, en su pedido, se “aventuraba con escasa información extraída de la prensa y el radiopasillo”.
En su respuesta, el fiscal afirmó: “Se plantea una nulidad absoluta, la cual posee carácter excepcional, afirmando que se desconoce por completo el expediente, de lo cual resulta a priori, la primera contradicción. ¿Cómo es posible plantear la nulidad de algo que se desconoce?“.
“El caso se inició -añadió Picardi- conforme lo exige la normativa vigente frente a una denuncia; una denuncia con robustez suficiente para dar impulso a la acción penal pública que presentaba -conforme las noticias y los audios anexados- un relato circunstanciado en torno a personas, tiempos, modos y lugares”
Pedido a Milei
En su pedido, a raíz de la investigación en curso, los dirigentes de la Coalición instaron al Presidente a dar de baja los procesos licitatorios activos con la empresa.
“De acuerdo con investigaciones judiciales en curso, la droguería Suizo Argentina S.A. habría actuado como intermediaria en el pago de coimas vinculadas a contrataciones estatales. Concretamente, pero no limitado a, en la provisión de medicamentos para personas con discapacidad”, señalan en el escrito.
“En razón de ello -siguen- se le solicita que realice control exhaustivo en forma preventiva previo a toda adjudicación de las contrataciones que en su totalidad y/o renglón, donde fuera adjudicataria la empresa en cuestión”.
Y añaden: “Jurídicamente, nada obsta a que la Administración, considerado necesario, suspenda de inmediato la tramitación de estos concursos respecto de Suizo Argentina S.A. Ya sea apartando provisoriamente a dicho oferente, rechazando sus ofertas por causa de interés público, o directamente anulando los procedimientos si se confirmase una contaminación generalizada por prácticas corruptas”.
Entre las licitaciones identificadas por el legislador porteño Reyes y la diputada nacional Campagnoli sobresalen dos expedientes para la adquisición de medicamentos oncológicos donde la Suizo es la única droguería oferente.
Uno de ellos es por un total de $2.816.963.040 y el otro por una suma de $436.342.816. Ambos contratos serían con la Dirección General de Administración.
“El Poder Ejecutivo, a través de sus órganos competentes, puede y debe interrumpir o cancelar un proceso de compra antes de adjudicarlo cuando sobrevienen circunstancias excepcionales que así lo aconsejen. Las sospechas fundadas de corrupción constituyen, indudablemente, una de esas circunstancias que hacen imperativo accionar”.
La empresa fue objeto de una serie de operativos policiales ordenados por el fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación en la causa.
Parte de la documentación allí obtenida está siendo analizada por la Procuración de Investigaciones Administrativas, que interviene en la pesquisa.
Tal como contó LA NACION, la Suizo Argentina SA, la única empresa mencionada en los audios atribuidos al extitular de Andis, Diego Spagnuolo, multiplicó en el último año sus negocios con el Estado: pasó de firmar contratos por $3898 millones en 2024 a $108.299 millones en lo que va de 2025. El incremento fue de 2678%.
Ese grupo de licitaciones no agota los vínculos comerciales entre la empresa y el Estado puesto que algunas contrataciones se realizan por fuera de la plataforma Compr.Ar.
Una parte significativa de la diferencia entre uno y otro año se explicaba a través de un contrato autorizado el 6 de marzo por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, para hacerse de una gran variedad de servicios por un total de $78.267 millones.
Dicha licitación buscaba empresas que puedan distribuir y almacenar medicamentos y vacunas, entre otros productos sanitarios, que requieren cadena de frío.
Más leídas de Política
1Reforma laboral: el kirchnerismo impugnó la composición de las comisiones y amenaza con ir a la Justicia
2La odisea del hermano de Calvete con los narcos mexicanos, una huida y el enigma de los 460.000 euros
3La Corte rechazó un recurso de Cristina Kirchner: avaló que siga usando la tobillera electrónica
4Dan 50 días a Fred Machado para decidir si se declara culpable o va a juicio oral en Estados Unidos por narcotráfico, lavado y estafa
